Ecuador opta por un ahorro costoso y doloroso

Los gobiernos se enfrentan a un típico dilema: destinar más fondos a la inversión pública o apostar al fortalecimiento fiscal. En caso de que la decisión sea tomar la última opción, la medida más común es recurrir al recorte del gasto público. 

En otras palabras, para lograr sostenibilidad fiscal, se disminuye el gasto gubernamental en educación, salud, seguridad, vivienda, protección social, actividades culturales, protección del medio ambiente, entre otros rubros.

A pesar de que esa era la medida tradicional de los gobiernos latinoamericanos, hasta antes de los años de bonanza en la que la mayoría de gobiernos, sin importar la orientación ideológica, destinaron más recursos a la inversión pública, diversas investigaciones sugieren abandonar esta práctica que, a la larga, puede tener un costo muy alto.

Por ejemplo, en la publicación del BID 'Mejor gasto para mejores vidas', después de hacer un análisis del gasto público de los países de América Latina y el Caribe, se concluye que, en épocas de estrechez económica, los gobiernos de países latinoamericanos no deberían recortar el gasto público, sino gastar de manera inteligente. 

Por gasto inteligente se entiende por trabajar considerando criterios de eficiencia, es decir, haciendo más con menos recursos, optimizándolos, no cortándolos.

Un gasto eficiente se traducirá en que los niños y jóvenes reciban una mejor educación, que todos podamos acceder a servicios de salud de calidad, que salgamos a la calle sin miedo de ser asaltados o asesinados. 

Todos estos factores han sido analizados y contribuyen no solo a aumentar el bienestar de las personas, sino que favorecen el crecimiento económico.

De ahí que, en los estudios de gasto público, se repite hasta el cansancio que sacrificar la inversión pública es comprometer el crecimiento económico y el bienestar de la población.

No obstante, las recomendaciones de las investigaciones y la voz real del pueblo ecuatoriano que clama por salud, educación y seguridad, las acciones y los anuncios del presidente Lasso van en sentido contrario.

Parecería que hay una desconexión entre lo que desea la población, cuya mayoría eligió a un presidente que procure el bienestar de los habitantes del país, y así consta en el plan de trabajo que fue presentado en época de elecciones, y las prioridades del Gobierno. 

Para justificar esta afirmación citaré dos casos concretos que permiten concluir que, ante el desafío al que se enfrentan los gobiernos, una mayor inversión pública o el fortalecimiento fiscal, el gobierno ecuatoriano, a pesar de que logró sin mayores contratiempos la aprobación de una reforma fiscal, se decidió por la última alternativa.

Primero, en el primer trimestre de este año, el monto ejecutado en inversión pública es de USD 67 millones, 3,6 % de lo planificado. Como dato adicional debo mencionar que, en el mismo periodo de año 2021, se ejecutaron USD 380 millones. 

Después, el primer mandatario anunció que, en el primer año de su Gobierno, el principal objetivo era estabilizar la economía fiscal y las finanzas públicas, y que el resultado es la reducción del déficit.

Aunque también anunció que en el futuro se invertirán USD 14.000 millones en proyectos, que incluyen carreteras y el tren multipropósito, y que se trabajará para ampliar la conectividad, mejorar la seguridad y por todos los sectores productivos.

Analizando estos dos hechos juntos no es difícil encontrar una explicación a lo que estamos viviendo.

Hospitales públicos sin medicinas, médicos, ni equipos. Escuelas y colegios fiscales destruidos y que no están aptos para el retorno presencial de los estudiantes del régimen Costa.

Policías que esperan por los USD 9 millones que les fueron prometidos para mejorar su accionar y que aún no llegan. Servicios públicos que se desmoronan, dejando el espacio perfecto para que regresen a escena los tramitadores y todo lo que eso significa.

Y, lo que es más grave, la sensación de incertidumbre que nos agobia, pues no sabemos a dónde vamos a parar con este ahorro costoso y doloroso.

Después de este primer año del mandato del presidente Lasso, el gobierno debería reorganizar las prioridades a partir de la situación actual y apuntar a un gasto inteligente, no a cortarlo. Persistir en esta política austera, no solo acabará con nuestra paciencia, sino que significará un retroceso en la calidad de nuestras vidas. 

En este momento, hay muchos sectores que demandan acciones orientadas al bienestar de las personas. Sin embargo, si persiste la insistencia de que, así como estamos, vamos bien, solo me quedará pensar que el objetivo del gobierno es trabajar arduamente para dejar la mesa servida para el próximo.