El acuerdo por la impunidad hace agua

¿Qué incluye el acuerdo de gobernabilidad entre los bloques de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional? ¿Por qué hoy los primeros se sienten "maltratados" y "burlados", según palabras de Pierina Correa, quien anunció este martes que dicho acuerdo "definitivamente" está rompiéndose, aunque ayer miércoles aclaró que sigue vivo pero "lastimado"?

Nunca sabremos el contenido de ese acuerdo secreto, pero cada vez barruntamos mejor sus alcances.

En efecto, es evidente que ese pacto de trastienda —todo lo contrario de un acuerdo de gobernabilidad transparente, basado en principios, que pueda plasmarse en un documento conocido por toda la ciudadanía, como sí cabe en democracia— incluye la impunidad de Rafael Correa, pues lo que ha resentido a los integrantes del bloque es no poder pasar de agache las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que la consagran.

Tan frustrados y dolidos se sienten, que la asambleísta Correa anunció que el bloque está revisando la alianza con el PSC y ADN, ejercicio que han comenzado en una sesión interna de todo el bloque la noche del martes 27.

A estas alturas todos sabemos que la piedra de toque llegó con esas dos reformas concretas que no pasaron en el pleno, y no pasaron por la indignación que se levantó en la ciudadanía por tales reformas, que ya habían sido aprobadas por unanimidad en la Comisión de Justicia, con votos del PSC y ADN. Esas reformas buscaban consagrar la impunidad y destruir principios básicos de la juridicidad del país.

La primera es la indignante medida que dispone que los asambleístas y los titulares de otras instituciones puedan conocer, con solo pedirlas, las informaciones de cualquier investigación previa de un delito, investigaciones que en todos los regímenes jurídicos del mundo son secretas pues la reserva es esencial para el éxito de los procesos investigativos de las fiscalías y las policías.

Buscaban, como alguien decía, inaugurar el campanazo colectivo. Ya no solo se trata del campanazo de Rafael Correa antes del operativo Metástasis. Es fácil imaginarse lo que con esa información en sus manos podrían hacer instituciones permeadas por la narcopolítica: toda investigación fracasaría y no habría delitos ni delincuentes. Y también se cae de maduro que los adláteres de Correa temen el resultado de otras investigaciones que haga o esté por hacer la Fiscalía y quisieran conocerlas.

La segunda escandalosa reforma introduce como causal para la revisión de sentencias ejecutoriadas el mero pronunciamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos, algunas de las cuales han demostrado no ser inmunes a las influencias partidistas del populismo.

La primera voz de alarma la dio en la red X el jurista de la Universidad del Azuay, José Chalco Salgado. A él se unieron pronto decenas de expertos, que advirtieron que, sobre todo la segunda, era una disposición a la medida del prófugo de la justicia Rafael Correa, quien ha agotado los recursos ante la sentencia por el caso Sobornos.

Los taxativos pronunciamientos de la fiscal Diana Salazar condenando las medidas propuestas (las dos y otras muchas que desnaturalizan los procesos penales) ahondaron el rechazo. Pronto se extendió la irritación a la opinión pública que se dio cuenta de los enjuagues en que estaban metidos los partidos del pacto.

Todo esto desembocó en la sesión de hace una semana, el pasado jueves 22 de febrero, cuando ya PSC y ADN estaban con el rabo entre las piernas, conscientes del cabreo ciudadano que había provocado su jugarreta y del costo político que tendría el continuar metidos en ella. 

En aquella sesión se cruzaron acusaciones entre los amigos del pacto, y este martes la hermana de Rafael Correa lo dejó más claro que el agua: había un acuerdo que los dos partidos aliados no cumplieron.

"Cuando les da la gana, ahí sí valen nuestros votos y ahí sí nos piden el apoyo", pero no apoyan, como se comprometieron, a las propuestas de su bloque, dijo, con notoria frustración, la señora Correa.

En efecto, el pleno de la Asamblea no aprobó la moción correísta (el tema fue un tecnicismo: votar el texto de la reforma al COIP en dos bloques), tras lo cual los asambleístas de RC abandonaron la sesión, dejándola sin quórum. No se fueron en paz, no: salieron insultando, con su conocida patanería, a los legisladores del bloque de Construye. 

La sesión quedó suspendida y no se ha vuelto a cursar convocatoria sobre este tema.

Por ahora, la indignación ciudadana ha detenido la maniobra. Dice Pierina Correa algo muy grave: que sus socios del pacto conocían desde ocho semanas antes el contenido de las reformas. Esto implicaría que no fueron introducidas a último momento por el legislador correísta José Agualsaca, indígena de Colta, como se ha dicho como excusa ante la aparición de estas cláusulas en el texto de la reforma al COIP.

Sea de esto lo que fuere, el pacto está haciendo agua. Pero nadie puede confiarse. Los legisladores del correísmo no cejarán en su objetivo de lograr la impunidad de Rafael Correa tejiendo nuevas maniobras, a las que sus socios del pacto de gobernabilidad parecen no hacerles fieros hasta que son descubiertas por la ciudadanía.