¿A quién protege el Estado ecuatoriano?

El Estado tiene el deber de garantizar los derechos establecidos en la Constitución, a todas las personas. Esa es la razón de ser del Estado. Por eso vivimos en sociedad, para buscar el bien común.

Un Estado falla cuando no logra proteger a sus ciudadanos.

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La respuesta inicial del gobierno fue de negativa, argumentando que no había recursos. Lo contradictorio fue que al mismo tiempo el Ministro de Economía y Finanzas se encontraba colocando bonos de nueva deuda externa por USD 2.000 millones.

Al final el Gobierno Nacional reconoció sus responsabilidades y se comprometió a transferir recursos adeudados a municipios, garantizar obras, y establecer mesas de trabajo con distintos ministerios. Es decir, a hacer su trabajo.

El descontento de la población del Carchi y de muchos sectores, en todo el país, que se sintieron identificados tiene un mensaje claro: El gobierno no está atendiendo a quienes más lo necesitan.

Por su parte el vicepresidente (el tercero en este periodo de gobierno, nombrado por la Asamblea Nacional) hizo un pedido de “comprensión” frente a nuevas medidas económicas que el gobierno estaba preparando.

Resultó difícil recibir ese pedido que carecía de empatía frente a la realidad de miles de jóvenes sin empleo, decenas de miles de funcionarios públicos despedidos, y de cientos de miles de personas que han caído en situación de pobreza en el último año.

En ese escenario el Presidente presentó nuevas medidas económicas. Aclaró que no subiría el IVA (difícil resultaba de todas maneras lograr mayoría en la Asamblea Nacional para hacerlo) y optó por la eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel, que lo hizo por Decreto Ejecutivo (sin necesidad de pasar por el legislativo).

El aumento del costo de la gasolina y el diésel se empezará a sentir en los próximos días, y es de esperar un reajuste al alza de todos los precios de la economía, empujados por el precio del transporte.

Si suben los precios (siendo ya un país caro) en un escenario de nulo crecimiento económico y congelamiento (o reducción) de salarios el efecto a esperar es una caída del poder adquisitivo de las personas, es decir perdida de bienestar. En esta medida se priorizó reducir el déficit fiscal para cumplir con el FMI. Los transportistas no tardaron en convocar a un paro nacional frente a la medida.

Para dar un segundo anuncio, el Presidente posicionó como logro de gobierno el despido de 23.000 funcionarios públicos, e indicó que se recortará un 20% adicional al salario de funcionarios públicos, se reducirán vacaciones, y se descontará un día de sueldo a trabajadores de empresas públicas.

Es importante buscar eficiencia en sector público, pero el ajuste no puede caer en las personas, ni basarse en el desprestigio generalizado a funcionarios públicos, y mucho menos sin asumir la responsabilidad ética y política frente a las 23.000 personas que fueron enviadas al desempleo.

En lugar de revalorizar el servicio público y al Estado, para dar estabilidad y mejorar la confianza en las instituciones, se plantea una agenda de posicionar la idea que todo el Estado es ineficiente, quizá para avanzar en anunciados intentos de privatización.

Un tercer aspecto de las medidas es la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), y de aranceles a insumos productivos. Si bien dentro de una estrategia concreta de reactivación productiva, en que se indiquen sectores y cadenas estratégicamente seleccionados, facilitar el acceso a bienes de capital y tecnología sería importante, el problema es que no se ha presentado ninguna estrategia integral.

La medida se presentó como reducción de costos de teléfonos y tabletas. La economía es distribución de recursos y en este caso se puede terminar en mejorar el margen de ganancia de casas importadoras, que incrementarían su ganancia al pagar menos impuestos (ISD) y tener mayor margen sobre el precio de venta al público.

Finalmente el Presidente anunció, sin entrar en detalles, reformas laborales que establecerían nuevas modalidades contractuales. El proyecto incluye el denominado “Contrato de emprendimiento” que en la práctica permite despedir durante tres años al trabajador pagando únicamente el desahucio; y las “Jornadas Especiales” que permite distribuir las 40 horas semanas en hasta 6 días a la semana y por hasta 10 horas diarias, sin reconocer horas extras ni extraordinarias.

Detrás está aumentar el margen de ganancia de empresarios a costa del salario de los trabajadores, bajo el argumento de que eso permitiría mayores inversiones.

Las propuestas dejan dudas. No se presentan metas ni de crecimiento económico, ni de inversiones, y mucho menos de empleo a generar. ¿Para qué se lo hace? Al parecer el objetivo es cumplirle al FMI a cualquier costo, y mejorar las ganancias de grupos económicos consolidados.

No se abordan alternativas que existen como implementar impuestos a las utilidades de los bancos (que van en aumento), incrementar el impuesto a la renta de corporaciones (que permitiría mejorar la redistribución), subir aranceles a productos importados que afectan la producción y el empleo nacional, controlar la evasión fiscal y el contrabando, reducir tasas de interés para fomentar el acceso a crédito productivo, mejorar el acceso a mercados de medianos y pequeños productores.

¿A quién protege el gobierno nacional? ¿A quién protegerá la Asamblea Nacional?