Empieza el juicio por delincuencia organizada en el caso Zoldan

Corría 2020 y Ecuador atravesaba la etapa más dura de la pandemia de Covid-19.

Los servicios públicos de salud de Ecuador estaban al borde del colapso, por el número de pacientes y por los casos de corrupción en la compra de medicamentos e insumos.

Tanto que la Fiscalía General del Estado creó una Fuerza de Tarea para atender los casos relacionados con la pandemia y la corrupción.

El 18 de junio de 2020, los agentes realizaron 48 allanamientos. Uno de ellos tuvo lugar en la empresa Zoldan Corporeishon, en Quito.

Las autoridades de la época señalaron a Zoldan como "la pieza clave" de la corrupción en los hospitales públicos.

300 contratos

El nombre de esta empresa, y de otras vinculadas a través de accionistas, administradores y relaciones comerciales, aparecen en al menos 300 contratos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Los contratos suman USD 119 millones. La mayoría de ellos se firmó en 2019.

Tras revisar los documentos, PRIMICIAS reveló que los proveedores interconectados con Zoldan se adjudicaron contratos a través de subastas inversas electrónicas, en la mayoría de los casos.

Había casi siempre dos mecanismos para quedarse con estos contratos:

• Dos personas de la Red Zoldan eran siempre las calificadas para comenzar la puja y en el transcurso del proceso una de las dos ganaba.
• Bajo el segundo mecanismo, solo uno de los proveedores calificados presentaba una oferta y los demás se retiraban dejando el camino libre.

El caso Abel Gilbert

Dentro de los allanamientos del 18 de junio de 2020, uno de los puntos centrales fue el Hospital Abel Gilbert, de Guayaquil.

A pesar del tamaño de la investigación y de la cantidad de contratos en los que aparece la Red Zoldan, el caso relacionado con el Abel Gilbert es el único que ha avanzado en la justicia.

El 10 de septiembre de 2021, un juez llamó a juicio a 25 personas por presunta delincuencia organizada.

En este caso, tras una denuncia de la Gobernación del Guayas, la Fiscalía investigó 140 contratos que el hospital Abel Gilbert adjudicó a los integrantes de la red de corrupción, esquivando los controles de contratación pública.

Dentro de los 15 llamados a juicio había cuatro integrantes de la Red Zoldan:

• Eriza Zoldan.
• Amalia Ulici.
• Javier Andrade.
• Karina Ayala.

Zoldan y Ulici son las actuales administradoras de Zoldan Corporeishon. Sus nombres coinciden también en los registros de otras tres empresas:

• Z&U Med CIA. LTDA.
• Zyzoldan Medical CIA.LTDA.
• Euromed S.A.

Andrade y Karina Ayala aparecen en una auditoría externa de Zoldan Corporeishon, realizada en 2018.

Andrade, con USD 872.289, y Ayala Tobar, con USD 691.398, eran los principales deudores de Zoldan en esa época.

Y Andrade era también el principal acreedor de la empresa. En la misma auditoría se detalla que Zoldan debía USD 1,1 millones a JRAL Medical, de propiedad de Andrade.

Sin orden de captura, a juicio

En el caso Abel Gilbert, la Fiscalía consiguió una orden de prisión preventiva contra Zoldan, Ulici y Andrade que, sin embargo, no se pudo ejecutar.

Así, al ser la delincuencia organizada un delito que no se juzga en ausencia, el juicio por ese proceso quedó en suspenso para los tres.

Mientras que para los otros 22 procesados, el juzgamiento ya comenzó y se reinstalará el 26 de noviembre de 2022.

El 11 de octubre de 2022, la defensa de Zoldan, Ulici y Andrade presentó un recurso de revisión de medidas cautelares.

Según los acusados, había evidencia nueva que tumbaba los argumentos del Ministerio Público sobre esa medida.

Por ejemplo, presentaron certificaciones de la Contraloría sobre la inexistencia de informes con indicios de responsabilidad penal en su contra, que se desprendan del examen especial realizado al Hospital Abel Gilbert.

La Fiscalía no se opuso a la solicitud para revocar la orden de prisión preventiva y, por esta razón, el juez dispuso la revocatoria.

Ya sin orden de captura vigente, la justicia convocó al segundo juicio por el caso, en esta ocasión solo para Zoldan, Ulici y Andrade. El proceso empezó el 21 de noviembre de 2022, en Guayaquil.

Por el tamaño de la investigación, no hay un tiempo estimado de duración de la audiencia.

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