Extorsión, el drama oculto de las cárceles ecuatorianas

En 2020, la población flotante de los centros penitenciarios fue de 83.780 personas, según un informe reservado de la SNAI al que PRIMICIAS tuvo acceso. En ese año ingresaron 41.629 personas y salieron 42.151.

El narcotráfico no es la única fuente de recursos de las organizaciones criminales que controlan las cárceles en Ecuador. Sus ingresos también provienen de las extorsiones sistemáticas a la mayoría de los 80.000 internos, que anualmente entran y salen de los centros penitenciarios. Además de la venta de cocaína, pasta base y marihuana, que demandan miles de consumidores en los presidios.

El enorme poder que han adquirido las bandas los últimos años desbordó al Estado y corrompió al sistema, dice el coronel Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes infractores (SNAI).

"Lo que ocurre en las cárceles, conectado con el fenómeno del narcotráfico, es la principal amenaza para la seguridad del país", destaca Cobo, quien está al frente del organismo desde julio de 2021, tras la última masacre que dejó 30 muertos y decenas de heridos en los centros de Guayaquil y Latacunga.

Para el lunes 16 de agosto estaba prevista la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), para abordar, junto al presidente Guillermo Lasso, la crisis carcelaria y las medidas para enfrentarla, tanto urgentes como de mediano y largo plazo.

Una de las medidas urgentes es la descongestión de los centros donde viven unos 40.000 internos, que exceden en 10.000 personas la capacidad de las cárceles.

El hacinamiento en promedio bordea el 30%. Pero hay prisiones con más del 120% de sobrepoblación carcelaria en provincias como Los Ríos, Santo Domingo, El Oro, y Guayas.

Cerca del 60% de los detenidos fue sentenciado o está procesado por delitos de drogas (28%) y contra la propiedad (26%). Unos 30.000 internos son menores de 40 años.

La captura de micro traficantes (en su mayoría pequeños consumidores de drogas) se disparó desde el 2015, tras las reformas de las tablas de tráfico y consumo de sustancias psicotrópicas. Según un informe de la Defensoría Pública, este es uno de los desencadenantes de la debacle de la política penal.

Por un lado, se ha reunido en grandes centros penitenciarios a delincuentes de alta peligrosidad y, por otro, con esta política se termina encarcelando masivamente a los eslabones más débiles de la cadena de valor del narcotráfico, que en su mayoría son personas en extrema pobreza. 

Las vacunas

Los internos que entran y abandonan los centros de detención provisional, o los de mínima, mediana y máxima seguridad, no solo purgan penas. También deben pagar “vacunas” por su seguridad, o por el uso de celulares y otros servicios con costos exorbitantes, como el agua, especialmente en la Costa.

Otro negocio lucrativo es el microtráfico, dentro y fuera de los centros carcelarios.

De esas decenas de miles de internos no solo lucran las bandas sino algunos agentes penitenciarios y ciertos servidores del sistema judicial. Son cientos de miles de dólares que reciben, dice un funcionario de la SNAI, que pidió mantener su identidad en reserva.

Los fines de semana ingresan unos 150 detenidos a los Centros de Detención Provisional (CDP). "Para acceder a pabellones seguros, los que caen por primera vez deben pagar a los enganchadores, ese es el negocio de las bandas", indica el funcionario.

La cadena de chantajes va más allá. "A quienes no son parte de sus bandas, los cabecillas los obligan a participar en los motines y revueltas. En este sistema no solo son reos de la justicia sino rehenes de las bandas".

Desde mediados de la década pasada, en los presidios mandaban Los Choneros, con Jorge Zambrano 'Rasquiña', a la cabeza. Mantuvo su hegemonía, especialmente en los grandes presidios de Latacunga, Guayaquil y Cuenca, bajo un esquema eficaz que contaba con la complicidad de agentes y autoridades, dentro y fuera del sistema. Reclutó a cientos de internos, la mayoría detenida por narcotráfico o sicariato. Trabajaba para el cartel de Sinaloa.

En Latacunga, Rasquiña tenía bajo su mando unos 150 choneros, que coaccionaban al resto de internos, según reportes de Inteligencia.  

PRIMICIAS entrevistó a un interno que ingresó a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, hace nueve años, sentenciado por un delito contra la administración pública. 

Él recuerda que mientras Rasquiña vivía, las cárceles se mantuvieron en una relativa calma.

"Tras su asesinato, en diciembre del 2020, se desataron las masacres, luego vino el miedo que ronda por todas partes, la guerra por el control sigue y se esperan más ataques violentos", dice Manuel (nombre protegido), quien da cuenta del sistema extorsivo que impera en los centros, con la complicidad de los agentes y funcionarios penitenciarios.

"Desde cuando uno ingresa le cobran peaje por todo, según las posibilidades económicas. Para acceder a un pabellón de menos peligrosidad se paga hasta USD 1.500, por un colchón hasta USD 200; para salir a atenderse en un policlínico USD 10. Los pagos son para algunos agentes y los jefes de las bandas", cuenta Manuel.

Ni los más pobres se libran de las extorsiones. Si no pueden pagar se convierten en empleados de las bandas, lavan y limpian sus celdas. Transportan droga y armas.  

Para comunicarse con su familia Manuel paga de USD 1 a USD 5 por el uso diario del celular, que es su única vía de contacto con el exterior.

Ni los más pobres se libran de las extorsiones.

La cara factura de los abogados

Desde que está encarcelado, Manuel se vio obligado a contratar un abogado que lo defendiera, al igual que buena parte de sus compañeros de pabellón, algunos de los cuales no han sido sentenciados. 

Las paredes de la Penitenciaría están llenas de anuncios pequeños de papel, donde los abogados ofrecen sus servicios.

La mayoría se aprovecha de nuestra desesperación por ser liberados. Pese a que contamos con escasos recursos económicos juntamos lo que podemos para pagarles.

'Manuel'

A lo largo de estos años, Manuel le pagó a su abogado USD 13.000, con la ayuda y auxilio de su familia y amigos. En todo este tiempo el abogado le aseguró que estaba arreglando su liberación, pues su sentencia no estaba en firme. Cuando supuestamente debía celebrarse la audiencia para su excarcelación, desapareció. No lo volvió a ver más. 

En otros casos los abogados piden dinero para negociar rebajas con determinados jueces y fiscales, coimarlos, dice Manuel. "Ciertos jueces tienen un tarifario: cobran desde USD 1.000 por cada año de reducción de la condena".

De los 40.000 presos, solo 23.000 (58%) tienen sentencia. Otros 16.000 (40%) son procesados, es decir, que gozan de presunción de inocencia. Esta distorsión es aprovechada por algunos abogados para ofrecerles a los detenidos su liberación.

Estos casos evidencian un abuso de los fiscales y jueces en la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar, que es otra de las causas del hacinamiento. Pese a que la ley establece la prisión preventiva como medida cautelar excepcional durante el proceso, la mayoría de jueces la normalizó.

En 2017, de 40.513 medidas cautelares establecidas, el 62,2% correspondieron a prisión preventiva, frente al 30,8% referentes a otras medidas alternativas, como el uso de un grillete electrónico, arresto domiciliario, prohibición de salida del país, entre otras, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

Vulnerables esperan indulto

Manuel es uno de los 2.000 internos considerados de extrema vulnerabilidad en los 37 centros carcelarios del país. Sufre insuficiencia renal y diabetes, así como hipertensión arterial.

Esta población comprende tres grupos: adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas. Están ubicados en diez pabellones diferenciados en Guayaquil, Ambato, Quevedo, Tulcán, Azogues y Jipijapa. 

La condición de estos internos se agravó con la llegada de la pandemia, en 2020, no solo por los contagios de Covid-19, sino por la crisis económica que redujo significativamente la provisión de medicinas e insumos médicos.

En varios países de la región, en este contexto, se dictaron indultos para los presos más vulnerables. Esa medida también se quiso aplicar en Ecuador por motivos humanitarios y para descongestionar el sistema, según Edmundo Moncayo, exdirector de la SNAI.

Se hizo un análisis y se presentó el proyecto al entonces presidente Lenin Moreno, para indultar a 2.000 detenidos. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada por consideraciones más bien políticas.

Entre los beneficiarios estaban algunos internos sentenciados por corrupción y delitos sexuales. Uno de ellos era Jorge Glas Viejó, de 83 años, padre del exvicepresidente Jorge Glas.

En 2014, Glas Viejó fue sentenciado a 20 años de cárcel por la violación de una menor de edad y está preso aunque su salud es delicada: ha sido hospitalizado por hemorragias internas, sometido a operaciones al corazón, de ojos y tiene isquemia cerebral. Sobrevive gracias al cuidado que le dan sus compañeros más jóvenes de celda, que lo alimentan y lo asean. 

En el sistema la responsabilidad de la atención médica es del Ministerio de Salud. Solo algunos centros tienen dispensarios médicos, pero están en malas condiciones, sin medicinas ni equipos.

Al final de su gestión, Moreno solo concedió el indulto a 70 personas. El resto espera que el actual gobierno retome el indulto conmutativo, pues estos internos no representan ningún peligro para la sociedad por su condición extrema de deterioro físico y de salud, resaltó Moncayo.

"En estos pabellones hay ciegos, paralíticos, varios están en sillas de ruedas, solo sobreviven. Hay cientos de adultos con enfermedades catastróficas. Muchos tienen problemas dentales, por falta de calcio pierden la dentadura y no pueden alimentarse bien. Hay un problema endémico de tuberculosis, todos la sufrimos, por la insalubridad", relata Manuel, quien espera que el Gobierno acelere la liberación de los 2.000 que no fueron indultados.

"Yo padezco hipertensión arterial, tengo un tumor en la tiroides, problemas vasculares en las dos piernas, prostatitis y catarata en el ojo derecho", dice.

Por lo pronto, una de las alternativas que estudia la SNAI es agilizar la excarcelación de 5.000 presos, que cumplen una serie de requisitos para la rebaja de penas, lo cual debe ser aprobado por el Directorio de la institución y la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Cobo resalta que el hacinamiento es muy grave y será atacado con urgencia. No obstante, advierte que la solución definitiva requiere medidas integrales a distintos niveles, con la participación de todo el Estado, hoy seriamente amenazado por el crimen organizado, un monstruo que creció en las prisiones.

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