Urbanizaciones de Samborondón quieren blindarse del crimen organizado

Eran las 23:00 del viernes 20 de mayo, cuando Jaime Villagómez y su novia llegaron al malecón del Buijo Histórico, en Samborondón, una zona familiar donde se puede pasear y visitar locales de comida. Ahí estaba el joven de 34 años cuando fue asesinado por sicarios.

La Policía aún no sabe cuál es la causa del crimen, pero descartó que el hecho tenga relación con algún delito común, por lo que puso una recompensa de USD 5.000 para quien proporcione información.

“El ciudadano no registra ningún problema judicial, pero no siempre un crimen por encargo está relacionado con que tenga antecedentes”, dijo Alain Luna, director de Investigación de la Policía Judicial. Las demás hipótesis podrían ser un problema personal o una amenaza. 

“El responsable estaba en el local antes de que llegara la víctima, lo estaba esperando”, dijo Luna.

Las urbanizaciones ubicadas a lo largo de la ruta a Samborondón son consideradas como lugares seguros, donde ni la Policía tiene acceso. 

La Policía asegura que hace 20 años, cuando empezó el crecimiento demográfico en la zona, “teníamos problemas hasta para ejecutar órdenes judiciales por la presencia de la seguridad privada. Eran agresivos y hubo guardias judicializados", explica una fuente policial.

Los muros de concreto de las urbanizaciones y los guardias de seguridad armados que las custodian dificultan el seguimiento y el trabajo de inteligencia policial en este sector de Samborondón.

Para la Policía, este es un escenario ideal para las organizaciones criminales porque tienen capacidad económica para comprar este tipo de casas, lo que dificulta el ingreso de la Policía.

"Es el esquema perfecto para ellos y ya hemos detectado organizaciones que tienen viviendas ahí", explica la fuente policial.

Filtros para identificar a compradores de casas

El problema ya es analizado incluso por el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, quien plantea crear filtros para detectar cuando personas con antecedentes tengan interés en adquirir viviendas en el cantón. 

“Hemos reunido a gente experta en seguridad con corredores de bienes raíces para que sepan quiénes son los que alquilan las viviendas. También con los administradores de las ciudadelas para alertarlos, todos deben saber quién vive al lado”, explica Yúnez. 

Pero también se requiere de los controles del Estado, por ejemplo "para la compra y venta de viviendas, donde debería intervenir la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico)", dice el alcalde Yúnez. 

Samborondón está constituido por más de 170 urbanizaciones cerradas, donde vive el 60% de la población. El otro 40% está en la cabecera cantonal y parroquias rurales. 

Aunque Samborondón pertenece a la zona 8, la más violenta del país, el número de delitos en este cantón es mínimo en comparación a lo que ocurre en Guayaquil y Durán.

Pese a ello, el asesinato de Villagómez en el Buijo despertó la preocupación de los habitantes, quienes temen caminar incluso dentro de las ciudadelas, dice Fernando Huamán, administrador de la urbanización La Puntilla.

"Hemos redoblado la seguridad en rondas y con empresas de seguridad armada, estamos alerta a la nueva modalidad de vehículos que entran pegados a los residentes. Tenemos 110 cámaras, con centro de monitoreo y reforzamos la ría con cerco eléctrico”, explica Huamán.

También cuenta que han pedido ayuda a la Policía para que patrulle dentro de la urbanización, que sí permite el ingreso de los uniformados, que son 80 para un cantón de más de 100.000 habitantes. 

“Son 80 policías divididos en tres turnos, es un problema, son muy pocos destinados a Samborondón, y el Gobierno se ha comprometido a incrementarlo en el futuro”, dice Yúnez.

Agrega que el Municipio ha destinado USD 10 millones desde 2019 para apoyar a la Policía en el control de la delincuencia.