Tres nuevos acusados en EE. UU. por pagar sobornos a Seguros Sucre
Esteban Merlo, Christian Pintado y Luis Maldonado, relacionados a la reaseguradora Royalty RE, fueron acusados por pagar coimas a funcionarios para obtener y mantener contratos.
Una imagen de las instalaciones de Seguros Sucre, en 2019
Seguros Sucre/Página
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Los ecuatorianos Esteban Merlo Hidalgo, Christian Pintado García y Luis Maldonado Matute se suman a un nuevo caso de corrupción investigado en Estados Unidos.
La Fiscalía acusó a los tres hombres en una Corte del estado de Florida, Estados Unidos, por supuestamente pagar sobornos a funcionarios de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte para conseguir y retener contratos.
La acusación se dio a conocer este 19 de julio de 2022. Según la información pública, los tres ecuatorianos pagaban los sobornos para mantener negocios propios, a nombre de una empresa intermediaria y clientes de reaseguros.
La empresa intermediaria, según la información del Departamento de Justicia, recibía un porcentaje de la la comisión pagada a las reaseguradoras. Y luego, la empresa usaba esos fondos para pagar las coimas.
La información del caso coincide con la de la confesión firmada por Juan Ribas Domenech, procesado por recibir coimas en Estados Unidos. Las investigaciones de los fiscales estadounidenses en ese caso evidencian que las empresas reaseguradoras contactaron a empresas "intermediarias" en Panamá, que se encargaban de ayudar a conseguir y mantener contratos.
Por esta gestión, las reaseguradoras pagaban una comisión a las "intermediarias", en este caso del 8%. Y este dinero se usó para, a su vez, pagar las coimas a Ribas Domenech y otro funcionario no identificado todavía. Para mover el dinero, usaban la red de Biscayne Capital.
Merlo, Pintado y Maldonado están relacionados a la reaseguradora Royalty RE, con sede en Ecuador y, actualmente, en proceso de liquidación. Pintado es accionista de la firma y fue su gerente, mientras que Maldonado fue su presidente. Merlo, en cambio, aparece relacionado con Security RE.
Los tres ecuatorianos enfrentan penas de hasta 60 años de prisión por acusaciones de violación de regulaciones internas y conspiración para lavado de activos.
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