Tres jueces de Azuay autorizaron 124 traslados antes de la masacre en Santo Domingo

Además, una sola abogada defendió a 57 de los detenidos que fueron trasladados desde el Centro de Rehabilitación Social ubicado en Cuenca.

Una semana después de la última masacre carcelaria que azotó al Ecuador, se siguen conociendo detalles de los antecedentes y posibles causas de los incidentes que dejaron 44 presos asesinados en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo.

Apenas conocida la matanza, Pablo Ramírez, director del Servicio de Atención a Personas Privada de Libertad (SNAI), responsabilizó principalmente a la justicia de esos hechos.

Un mes antes del motín en Santo Domingo, otros 20 presos fueron asesinados en la cárcel de Turi, en Cuenca. Ramírez reveló que, entre masacre y masacre, la justicia autorizó el traslado de 124 detenidos desde Turi hacia Santo Domingo.

El Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) revela varias coincidencias en los procesos judiciales para la autorización de esos traslados. Estos datos fueron recopilados por el propio SNAI.

En primer lugar, los traslados se concedieron a través de 33 recursos de habeas corpus, puesto que varios pedidos fueron colectivos.

Esa es la primera observación del Gobierno, ya que los traspasos -explican- son resoluciones administrativas, mientras que el habeas corpus es una garantía que sirve para liberar a las personas.

Según los reportes judiciales, esas decisiones se tomaron por parte de tres jueces:

• Bolívar Fabián Romo Carpio: Juez de primer nivel de la Corte del Azuay tramitó 14 casos y autorizó 57 traslados.
• Guido Rolando Chalco Esparza: Juez de la Unidad Judicial de Gualaceo asumió siete casos y concedió 39 traslados.
• Andrea del Cisne López González: Jueza de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Cuenca sustanció 12 procesos y concedió 28 traslados.

En una entrevista con Teleamazonas, el juez Romo aseguró que tiene todos los argumentos para ratificar esos fallos.

Explicó que los presos piden que les salven la vida con un traslado, debido a las últimas masacres y que el SNAI no ha podido desvirtuar ese pedido en las audiencias.

Además, a través de un comunicado oficial, la Corte Provincial de Azuay, también mencionó que el Gobierno, a través del SNAI, es el "único responsable de la crisis carcelaria".

Agregó que frente a las seis masacres que han ocurrido desde febrero de 2021, "es normal el temor de las personas privadas de la libertad". Por lo que interponen recursos de habeas corpus, en los que el SNAI ha tenido "un papel pasivo y una defensa nula".

Por lo que no pueden demostrar que el sistema penitenciario ofrece garantías excesivas a los reclusos.

Más habeas corpus en Azuay

Los habeas corpus que se autorizaron en Azuay, antes de la última masacre, no son los únicos que hacen poner la mirada sobre esa jurisdicción.

Según los datos del SNAI, en lo que va de este año 306 presos han sido traslados de cárcel por orden judicial a través de habeas corpus. El 90% de estas órdenes se emitieron en esa provincia.

Pero, esta no sería una práctica nueva. En un encuentro de con medios de comunicación impresos, el director del SNAI, Pablo Ramírez, mostró las cifras de habeas corpus de 2021 y los primeros meses de 2022.

Este registro indica que la cárcel de Turi, en Cuenca, es la segunda -solo después de la Penitenciaría del Litoral- con mayor número de detenidos a los que se les aceptó un habeas corpus.

Ramírez asegura que no tienen intención de seguir polemizando con la justicia. Más bien, su intención es cruzar información, de manera que en las próximas decisiones se tomen en cuenta las recomendaciones de seguridad hechas por el SNAI.

Por esta razón, una vez más, es importante concretar el censo penitenciario. Con este registros se podrá determinar la peligrosidad de los presos, la vinculación a bandas, además de las capacidades humanas y de infraestructura de cada prisión.

Según Ramírez esta actividad empezará, a más tardar, a inicios de junio. Para esto, el SNAI invertirá cerca de USD 1 millón.

Los presos se adueñaron de las llaves de los pabellones

Antes de la masacre del 9 de mayo en Santo Domingo, el SNAI emitió alertas el 28 y 30 de abril de 2022, pues se presumía que podía haber incidentes en esa prisión por los recientes traslados. Especialmente, por llegada de un cabecilla proveniente de La Roca.

Por esta razón, a esa persona se la mantuvo en una zona transitoria. Además, los agentes penitenciarios reforzaron la seguridad en las puertas entre pabellones para evitar confrontaciones. Pero eso fue insuficiente.

"Pero lastimosamente (los presos) tomaron el control y les quitaron las llaves a los agentes penitenciarios"

Pablo Ramírez, director del SNAI

"Lo que estamos generando es una investigación interna, administrativa, para establecer los protocolos que debían ser seguidos internamente", agregó Ramírez.

Ahora, según el funcionario, esas llaves ya están en poder del SNAI nuevamente. Y el cuerpo de agentes penitenciarios ya tiene el control total de ese recinto carcelario.

Pero, el objetivo es ajustar los protocolos para que no vuelva a ocurrir.

Lo que se debió hacer en esa situación, dice Ramírez, era cerrar los pabellones a determinadas horas para que no haya el cruce de un pabellón a otro, fortalecer con agentes entre los pabellones.

Además, dice, no debía tener una sola persona todas las llaves, sino solo las del pabellón correspondiente.

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