Salen a la luz los trapos sucios de los acuerdos con la minera Codelco

La empresa minera de cobre chilena avanza con el proceso internacional para demandar a Ecuador, pese a informes que alertan sobre los graves perjuicios para el país si se concretara la asociación con Codelco para explotar el proyecto Llurimagua.

PRIMICIAS accedió a documentos e informes oficiales que, desde 2018, advierten sobre una serie de violaciones legales y constitucionales en la negociación entre Codelco y la Empresa Nacional Minera de Ecuador, Enami.

El 24 de diciembre de 2021, la chilena anunció el pedido de arbitraje, al amparo del convenio entre Ecuador y Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

La arremetida de Codelco, al margen de las conversaciones con el gobierno ecuatoriano, empezó ocho meses atrás, cuando solicitó otro arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Ni la Procuraduría del Estado ni el Gobierno han sido notificados todavía con el inicio del proceso arbitral, por lo que no han emitido pronunciamiento alguno.

Por su parte, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, prefirió no pronunciarse, pues "la confidencialidad del proceso le impide hacer declaraciones públicas".

Codelco versus Enami

Durante más de un año la empresa chilena "pidió formalmente iniciar un proceso de conversaciones amistosas y confidenciales respecto de sus inversiones en el proyecto Llurimagua, ubicado a 80 kilómetros de Quito", informó Codelco en un comunicado al anunciar el inicio del arbitraje.

En noviembre de 2020, la minera chilena denunció que la Enami no había cumplido el acuerdo alcanzado en 2019 para desarrollar conjuntamente Llurimagua, que estaba en etapa de exploración avanzada.

Llurimagua es un proyecto de cobre ubicado en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador.

Pero fuentes cercanas al proceso aseguraron que Codelco, a través de su filial ecuatoriana Exploraciones Mineras Andinas (Emsaec), no acogió las observaciones técnicas y legales que hacen inviable el proyecto de explotación en las condiciones actuales.

Sobre la falta de respuestas a las observaciones del gobierno, PRIMICIAS buscó la versión de los representantes de Emsaec, pero prefirieron no pronunciarse.

El escenario de que Codelco pudiera activar la cláusula arbitral para cobrar la inversión realizada en las fases de exploración de Llurimagua fue previsto, como un riesgo probable, en un informe de 2020.

Este informe data del gobierno de Lenín Moreno, con la participación de los ministerios de Energía, Economía y Finanzas, así como de la Vicepresidencia, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Enami, entre otras entidades.

"El monto aproximado de la inversión de Codelco es de USD 40 millones, sobre los cuales no han presentado a la Enami la información de respaldo en las condiciones solicitadas conforme a la normativa vigente", dice el documento.

Para sortear las discrepancias con Codelco, el actual Gobierno podría optar por otras propuestas presentadas por, al menos, cuatro empresas internacionales interesadas en explotar Llurimagua.

Paralelamente, debería reconocerle a Codelco un valor justo por las inversiones realizadas, debidamente auditado por una firma internacional, según expertos consultados por PRIMICIAS.

Desde 2008 hasta 2019, Codelco ha suscrito varios convenios de cooperación para la exploración con Enami y con el desaparecido Ministerio de Minas.

Todos ellos establecen que, para pasar a la etapa de explotación del yacimiento, cuyas reservas se estiman en unos USD 30.000 millones, Codelco y Enami deben crear una sociedad anónima.

El pacto es inaplicable

En 2015 se firmaron los Términos de Acuerdos de Accionistas y en 2019 hubo una adenda.

Desde ese año, Codelco presiona para la firma de un Pacto de Accionistas, la transferencia de la concesión minera Llurimagua a la sociedad que se constituya con Enami y la aplicación de cláusula conocida como 'Deadlock'.

El informe, que es parte de una carpeta que Enami envió a la Presidencia en 2020, concluye que el pacto exigido por Codelco no se podría aplicar, pues incumple la Constitución, la Ley de Empresas Públicas y la Ley de Minería y un pronunciamiento de la Procuraduría sobre el tema.

Una eventual firma de un Pacto de Accionistas y la constitución de la Sociedad Anónima en los términos planteados por Codelco, más la cesión de la concesión minera Llurimagua, contradicen lo establecido en la Constitución y las normas vigentes, destaca el informe.

Este informe toma como referencia un estudio elaborado por la firma de abogados especializados en minería Paz & Horowitz, contratado por Enami en 2018.

Análisis que también señala defectos legales de fondo en las negociaciones y en los acuerdos elaborados desde 2015.

Los dos reportes son lapidarios: coinciden en que no es procedente la firma del Pacto en las condiciones negociadas actualmente.

Las observaciones sobre todas las ilegalidades han sido notificadas a Codelco en reuniones sostenidas desde 2019, según fuentes que participaron en el proceso.

Si se firma así -advierte el último informe- el Pacto podrá "generar la determinación de un delito de peculado al gerente de Enami y a los miembros del Directorio".

Además de otras sanciones administrativas, derivadas de las responsabilidades civiles y penales que señale la Contraloría, dice el análisis, que también es conocido por autoridades del gobierno de Guillermo Lasso.

Candado de la muerte

Los desacuerdos entre Codelco y Ecuador salieron a la luz en abril de 2020, luego de que el portal Periodismo de Investigación denunciara que en el borrador del Pacto de Accionistas se incluía una cláusula denominada 'Deadlock'.

El 'Deadlock' (muerte con candado) estipula la figura de dilución o venta forzosa de las acciones de Enami, si esta no contaba con capital para invertir en la mina, una vez que se constituya la nueva empresa anónima con Codelco.

Entonces, el presidente Moreno confirmó que el pacto era lesivo para los intereses de Ecuador, que no podía perder bajo ninguna circunstancia su paquete accionarial del 51%.

Al respecto el estudio de Paz & Horowitz concluye que los plazos para el cumplimiento de las obligaciones de contribución económica, una vez constituida la sociedad anónima, son imprácticos y provocarían una dilución (extinción) indebida de la Enami, al no poder cumplir su obligación de pagos:

"En conclusión, la dilución debe darse solo a partir de la fase de construcción luego de contar con la información, valoración, cronograma y plan de inversiones".

Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas (2018-2020) y hoy presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Chilena, dijo que la adenda, firmada por el gerente de Enami en 2019, se enfocó en la figura asociativa a ser modificada y aplicada en el proyecto Llurimagua, es decir, una Sociedad Anónima, con base en una consulta hecha al Procurador.

El Procurador emitió un criterio vinculante que señala que Enami puede acogerse a cualquier figura asociativa, siempre y cuanto mantenga la mayoría accionaria, dijo Benalcázar.

Sobre el borrador de Pacto de 2019 explicó que fue discutido por las autoridades ecuatorianas y los delegados de Codelco.

Esto basados en un modelo en el que Enami debía tener el músculo financiero suficiente para continuar operaciones en asociación con Codelco.

El Pacto debía ser acordado por las partes y sujeto a la aprobación y ratificación de los directorios tanto de Enami como de Codelco.

Para su aplicación, debía ser aprobado por el Directorio de Enami con base en informes legales, técnicos y económicos favorables, lo cual aún no ha sucedido.

Respecto al borrador de Pacto de 2020, comentó que salió del viceministerio de Minas el 5 de octubre de 2020.

"Al inicio de mi segunda administración, en abril, se preparó un nuevo borrador de Pacto bajo las directrices del ministro de turno, encaminado a las propuestas de monetización que él lideraba. El documento fue presentado a Codelco, que lo rechazó enfáticamente e insistió en el de octubre de 2019, porque ya había sido aprobado por su Directorio", dijo Benalcázar.

De Enami a gerente de Codelco

En enero de 2017 la hoja de ruta para avanzar con el acuerdo entre Codelco y Enami estaba trazada por el gobierno de Rafael Correa.

Ese mes la Enami contrató al abogado Santiago Bustamante Sáenz, quien en su momento fue asociado de Lexim Abogados, para llevar a cabo la negociación de acuerdos asociativos de Enami.

Y se le encargó esta tarea durante seis meses, hasta el 30 junio de 2017.

En sus resúmenes ejecutivos presentados mes a mes, para recibir el pago de sus honorarios, de USD 3.788 mensuales, Bustamante describió actividades relacionadas con los acuerdos que se negociaban con representantes de Codelco. Sus tareas se enfocaron en esas negociaciones.

En el contrato de Servicios Técnicos Especializados firmado con el gerente de la Enami, Ángel Chávez, se establece que daría asesoría legal en negociaciones y la elaboración de convenios, contratos, planes, cartas de intención con diferentes inversionistas privados y públicos, nacionales o internacionales.

En los informes de sus actividades, a los que PRIMICIAS tuvo acceso, asegura que elaboró propuestas y borradores sobre el acuerdo de accionistas con Codelco y que tuvo reuniones con este propósito.

En dos de los encuentros conversó con Alexis Mera, entonces secretario jurídico de la Presidencia, y con Javier Córdova, el entonces ministro de Minería, con el objetivo de aprobar un modelo de Pacto de Accionistas con Codelco.

La versión inicial del Pacto está fechada de 26 de diciembre de 2016 y no incluye ninguna observación ni alerta sobre los perjuicios que, por ejemplo, le causaría al Estado ecuatoriano la dilución (liquidación) de la Enami, si no aportaba capital, así como el porcentaje mínimo de participación, la valoración de los activos, entre otros.

En diciembre de 2015, Córdova fue el funcionario que firmó como testigo de honor, junto a su par chilena, los Términos del Acuerdo de Accionistas.

En ese documento se ratificó que se debía constituir una Empresa de Economía Mixta en la que el 51% del paquete accionario debía ser de Enami y el 49% de Codelco, pero sin exponer todavía la posibilidad de dilución (liquidación) o mecanismos de penalidad por falta de pago de capitales que, posteriormente, se incluiría en los borradores del pacto.

Nombramiento de Bustamante como gerente de Emsaec, y contrato de asesoría con ENAMI.

Informes de Bustamante en Enami

En los informes de Bustamante no se registra la participación en las reuniones del entonces gerente de Enami, Raúl Brito.

Los encuentros eran dirigidos por el ministro Córdova y por Sayda Rosales, coordinadora Jurídica del Ministerio de Minería, según fuentes que trabajaron en la entidad.

Ambos son muy cercanos a José Serrano Salgado, quien era ministro de Gobierno de Rafael Correa.

De hecho, Serrano fue quien apoyó a Córdova en el Ministerio de Minería. Y este, a su vez, habría recomendado contratar a Bustamante, aunque la Enami contaba con un equipo jurídico propio.

Bustamante terminó su asesoría legal con Enami el 30 de junio, según lo estipulado en el contrato revisado por este medio.

Curiosamente, un día antes aceptó el cargo de Gerente general de la empresa Exploraciones Mineras Andinas (Emsaec), en reemplazo de Álvaro Dueñas (hoy gerente de Adventus Ecuador).

Emsaec es la filial de Codelco en Ecuador, encargada de la exploración del proyecto Llurimagua. El Directorio de la empresa, encabezado por Roberto Fréraut, lo nombró gerente el 28 de junio para que ejerza el puesto los siguientes cinco años.

Tras ser contactado telefónicamente por PRIMICIAS, Bustamante prefirió no pronunciarse sobre el tema.

Luego del salto a Emsaec, Bustamante continuó representando a Codelco en las negociaciones.

Los siguientes meses se planteó la necesidad de que para el desarrollo del proyecto Llurimagua sería factible la cesión y transferencia de los derechos mineros a Codelco.

Raúl Brito salió de la gerencia de la Enami el 12 de diciembre de 2017 y fue reemplazado por Carlos De Otero, quién contrató al estudio de abogados Paz & Horowitz para analizar todo el proceso de negociación con Codelco.

El terremoto político

Para ese momento el entonces presidente Moreno había roto relaciones con su antecesor, Rafael Correa, con lo que todos los planes de continuidad en todas las áreas, incluida la minera, tomaron otro rumbo.

El informe jurídico de Paz & Horowitz establece, por ejemplo, que la firma del Pacto de Accionistas es inviable si no hay primero un estudio pormenorizado del yacimiento, una valoración económica del Título Minero de la concesión, el valor de los estudios realizados por Codelco y otros componentes.

El 2018, ante las alertas de Paz & Horowitz, el Ministerio de Minería no sigue con la llamada firma del Pacto. En ese momento la ministra de Minería era Rebeca Illescas.

Posteriormente, el Ministerio de Minería se fusionó con el de Hidrocarburos y el de Electricidad. Asumió el Viceministerio de Minería Henry Troya, cercano a Córdova, quien inició las gestiones con Codelco para la suscripción de una Adenda.

El cometido de la Adenda era modificar la única opción asociativa llamada Compañía de Economía Mixta.

Así dio paso a la propuesta para constituir una Sociedad Anónima, a la cual se oponía radicalmente la entonces Secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez.