Seguros Sucre, radiografía de una 'cueva' de corrupción y pérdidas

La compañía estatal Seguros Sucre ya era un enfermo terminal años antes de que se firmara su acta de defunción, en junio de 2021, cuando el gobierno de Guillermo Lasso inició su proceso de liquidación.

El drástico deterioro del patrimonio de esta empresa y la acumulación de deudas se puede ver en su incapacidad sistemática para pagar los siniestros reclamados por decenas de empresas públicas, durante meses y años, según analistas financieros y especialistas consultados por este medio.

Las causas de la bancarrota de Seguros Sucre y sus responsables empezarán a conocerse en toda su magnitud una vez que el directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) nombre al gerente liquidador de Sucre.

Eduardo Salgado, gerente de la CFN, informó a PRIMICIAS que, tras la primera reunión del Directorio, el 15 de julio de 2021, empezó formalmente la liquidación de la compañía, asediada además por escándalos y denuncias de corrupción.

"Tenemos algunos nombres en carpeta, el responsable de este proceso (la liquidación) será escogido en los próximos días por la Junta General de Accionistas", dice Salgado.

La CFN, que es accionista mayoritaria de Seguros Sucre, también anunció que ordenará una auditoría forense para destapar lo sucedido en estos años.

Las cifras reflejan un mal manejo financiero, mientras que las investigaciones judiciales en Estados Unidos develan un entramado de millonarios sobornos, pagados a algunos de sus directivos por los reaseguradores de pólizas, contratadas por el Ministerio de Defensa y por el sector eléctrico estatal.

Al punto que en los pasillos del Palacio de Carondelet se califica a esta aseguradora de "cueva".

Dentro y alrededor de Seguros Sucre operó un opaco esquema entre 2013 y 2017, cuando Felipe Moncaleano Botero fue director ejecutivo del reasegurador británico Jardine Lloyd Thompson (JLT) en Colombia.

Moncealeano pagó USD 10,8 millones en coimas para mantener u obtener negocios con Sucre y fue condenado por la justicia de Estados Unidos a seis años de prisión, en enero de 2021, tras haberse declarado culpable.

JLT Re fue adquirida en 2019 por el grupo Marsh & McLennan.

El exasesor lavador

Reaseguros JLT fue una de las reaseguradoras recurrentemente contratadas por Sucre. Según informes internos, 20 reaseguradores y coaseguradores internacionales y nacionales fueron contratados para cubrir las pólizas.

A la cabeza de la lista estuvieron Guy Carpenter, QBE Seguros Colonial, Everest Reinsurance Company, Hannover Ruck Se, Integro Insurance Company, AON, y JLT.

Precisamente, Moncaleano Botero, de JLT, pagó USD 11 millones como 'comisiones' a dos intermediarios: los ecuatorianos José Gómez Avilés y Roberto Heinert Musello.

Estos, a su vez, pagaron un soborno de USD 2 millones a Juan Ribas Domenech, presidente de Seguros Sucre, entre 2013 y 2016.

Ribas, quien había sido asesor del expresidente Rafael Correa, fue condenado por lavado de dinero a cuatro años de cárcel y a tres años de libertad vigilada en Miami, Estados Unidos.

Trampa con reaseguros

Para el analista financiero José Ibáñez el escándalo de Moncaleano y Ribas no es un caso aislado. Confirmaría más bien una práctica generalizada en Sucre, que pagaba a los reaseguradores un porcentaje menor al contratado en las coberturas.

"Lo más probable es que la diferencia se repartiera en comisiones y coimas".

José Ibáñez, exintegrante del Directorio de CNF.

Un representante de un intermediario (o broker) de reaseguros, que tuvo contratos con Sucre y pidió que su nombre permaneciera en el anonimato, dijo que el esquema de controles internacionales a estas operaciones es muy exigente para frenar que se negocien porcentajes menores de coberturas, que no están contempladas en las pólizas.

Hay sólidas evidencias de que otros reaseguradores también ejercieron prácticas corruptas. En 2010, autoridades de las Fuerzas Armadas descubrieron que en sus coberturas se emitieron notas de reaseguros falsas de AON.

El representante de esta firma era Andrew Hye, quien luego fue enrolado por Gay Carpenter, uno de los reaseguradores mimados de Seguros Sucre.

La arquitectura del esquema que se aplicó para la contratación de seguros en el sector público, en la última década, fue diseñada en el primer gobierno de Rafael Correa.

Sus pilares eran:

• La obligación de que todas las empresas públicas contrataran con Sucre y con el reasegurador Rocafuerte (2009).
• Procesos de contratación a dedo, bajo régimen especial, sin ninguna licitación abierta que permitiera obtener, mediante la competencia entre empresas, precios y servicios en mejores condiciones para el Estado.
• Politización de la empresa, con el nombramiento de directivos sin experiencia ni preparación en esta rama, pero afines al régimen.
• Ausencia de auditorías y de sanciones de parte de las autoridades de control.
• Cambios a la ley que permitieron a Sucre contratar directamente las coberturas, con un grupo reducido de brokers locales y de empresas de reaseguros.

Regalos, viajes y dólares

Antes de la llegada de Correa al poder, las empresas públicas contrataban sus pólizas con aseguradoras privadas, invitadas a participar con ofertas. En algunos casos se escogía al ganador en procesos opacos, amarrados con el pago de comisiones, explica un especialista del sector.

Un caso que develó estas prácticas salió a la luz por primera vez en 2001, por una denuncia del entonces agregado militar en Londres, el Capitán de Navío Rogelio Viteri.

Viteri reveló que el contrato para asegurar activos de las Fuerzas Armadas fue adjudicado por tres altos oficiales, que viajaron a Inglaterra con sus esposas, y recibieron pagos y prebendas de manos de la empresa que ganó el concurso.

Tras ese escándalo, Defensa cambió las reglas y decidió que los contratos de empresas y sus reaseguros se hicieran en Ecuador.

Con Correa en el gobierno, esa decisión cobró otra dimensión, pues flexibilizó los requisitos para facilitar los contratos con Sucre, que pagaba pólizas con montos acordados, con sobreprecios, superiores a los del mercado.

En adelante, también se eliminó el requisito de presentar en el concurso de ofertas los certificados de reaseguro, que debían estar apostillados en el país de origen de la reaseguradora.

Pérdidas como espuma

Mientras que en 2019 Seguros Sucre reportó pérdidas por USD 8,3 millones, para 2020 ese monto se duplicó, llegando a USD 15 millones. Y en lo que va de 2021, el perjuicio ya es de USD 21 millones.

En los tres últimos años la mora suma más de USD 44 millones.

Esto significa que Sucre no capitalizó utilidades y empezó a usar reservas en los siguientes años, que son producto de sus ganancias, explica el especialista financiero Fredy Hidalgo, quien analizó en detalle los balances de la aseguradora.

Tremenda bola de nieve

Las pérdidas, en estos casos, se presentan porque los valores asegurados tienen primas con alta siniestralidad, hay más eventos que cubrir y el nivel de cobertura no es el adecuado, agrega Hidalgo.

Otra razón sería que las reaseguradoras internacionales no han cubierto la totalidad de los siniestros, porque Sucre contrató porcentajes menores que los establecidos en las pólizas, que debían ser del 99%, según el activista político Galo Lara, quien ha denunciado las irregularidades de esa compañía durante años.

Desde 2016 los siniestros pendientes de pago a entidades públicas bordean en promedio los USD 160 millones anuales.

En 2019, los percances reclamados y no cancelados suman USD 181 millones; en 2020, llegaron a USD 166,5 millones. Y hasta mediados de este año se acumulan USD 145,2 millones por liquidar.

De este último monto, los reaseguradores pagaron USD 129,5 millones, es decir, cubrieron el 89% del monto asegurado, diez puntos menos que el porcentaje obligatorio.

El año pasado Sucre pidió que los reaseguradores pagaran USD 150 millones. Esto muestra que no tenían las coberturas del 99% y que de sus propios recursos la empresa debería cubrir los USD 16 millones restantes.

Seguros Sucre acumula sistemáticamente el pago de siniestros, que no estaban completamente cubiertos, recalca Ibáñez.

Otro factor que agrava la acumulación de estos montos es la demora de las empresas públicas para notificar sus reclamos de cobertura, y las deudas que tienen con Seguros Sucre, lo cual ha afectado su liquidez, según el informe de calificación de riesgos de Bankwatch Ratings, de diciembre del 2020.

En 2020, los activos líquidos de la empresa solo cubrían el 14% de sus deudas. La media del sector asegurador es del 35%.

El riesgo medular a la liquidez de Sucre son los pasivos de las firmas estatales, que no cubren sus pólizas, lo cual se agravó desde que estalló la pandemia de Covid-19, que ahondó la crisis económica que ya vivía el Estado ecuatoriano.

La mora de las entidades públicas con Seguros Sucre es de USD 129 millones.

Según Hidalgo, no hay forma de que el gobierno cubra este hueco, pues no cuenta con un fondo de contingencia para atender los servicios contratados por las empresas públicas.

Brecha insostenible

En general, al analizar los pagos de siniestros se confirman grandes brechas entre las pólizas y las coberturas reales de los reaseguros, que bordean el 70% en promedio, desde 2016, explica un especialista consultado por PRIMICIAS.

Si el Estado no tiene fondos para pagar las primas, debía aplicar una estrategia de portafolio de inversiones líquidas, con plazos para ser usadas no mayores a 90 días, indica Hidalgo, quien coincide en que el Covid-19 agravó drásticamente esta situación.

Pero la verdadera magnitud de las irregularidades en la contratación de las pólizas y los pagos a los brokers y reaseguradores solo se conocerá una vez que el liquidador de Sucre y su equipo revisen y contrasten los documentos de respaldo de las operaciones, lo cual tomará tiempo, dice Salgado.

Las estimaciones más optimistas prevén que este proceso puede tardar dos o tres años. Es lo que tomará para que los ecuatorianos puedan conocer la verdad de lo que sucedió en esta "cueva" de sobornos y maniobras oscuras.

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