Por sexta vez, falla el proceso para contratar servicio de comida en las cárceles

Desde 2020, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ha lanzado en seis ocasiones los procesos de contratación para buscar un proveedor de alimentos, para las 36 cárceles. Todos han sido declarados desiertos.

El último intento empezó el 2 de junio de 2022, y a diferencia de ocasiones anteriores, la entidad lanzó tres procesos y no uno. Esta vez, el SNAI dividió a las prisiones en tres zonas y buscó tres proveedores.

Según la documentación de los procesos, con esta zonificación se buscó la mayor participación de oferentes nacionales y extranjeros, así como fortalecer las acciones de control de esta actividad.

Las cárceles se dividieron así.

• Zona 1: Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Pichincha, Santo Domingo y Sucumbíos.
• Zona 2: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, El Oro, Loja, Manabí. Los Ríos, morona Santiago, Pastaza y Tungurahua.
• Zona 3: Guayas

Pero, esta alternativa tampoco funcionó y el 22 de junio de 2022, el SNAI declaró desiertos los tres procesos. Una vez más, no hubo ninguna oferta de empresas interesadas en dar comida a los reclusos en Ecuador.

¿Qué pasó en el sexto proceso?

La zonificación no significó un cambio en el mercado de alimentación. Los proveedores no se interesan por estos contratos, cuyo presupuesto no ha sido revelado.

En el caso de la zona 1, por ejemplo, el SNAI envió invitaciones a 7.380 proveedores del ramo, y solo dos mostraron algún tipo de interés.

Dentro de la fase de preguntas y aclaraciones, se presentaron 200 dudas de los interesados. Cuatros fueron realizadas por Sumaktour Travels y las otras 196 por Lafattoria, actual proveedora de la comida en las prisiones.

Al final, ninguna de las dos empresas presentó una oferta formal.

Similares historias ocurrieron con las zonas 2 y 3, donde hubo más de 7.000 invitaciones, en cada caso. Los proveedores hicieron preguntas técnicas sobre los contratos, pero al final ninguno envió una oferta. Nuevamente, Lafattoria estuvo interesada en las otras dos zonas.

Ante esta situación, el Gobierno volvió a declarar desiertos los procesos. El equipo de comunicación del SNAI confirmó que los volverán a presentar. Aunque no se ha aclarado qué cambiarán para evitar un nuevo fracaso.

Un solo interesado en las cárceles

Entre 2019 y 2021, la entidad presentó cinco procesos y todos se declararon desiertos.

• En primera instancia, el SNAI lanzó el proceso LIC-SNAI-001-2019 en noviembre de 2019. Hubo dos ofertas: de Lafattoria y del Consorcio Conalimecu. Pero ninguna fue calificada por ser contrarias a los intereses institucionales.
• El segundo proceso fue lanzado el 28 de enero de 2020 y fue adjudicado a Lafattoria. Pero, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) encontró algunas irregularidades, como la inhabilitación de uno de los accionistas de esa empresa, y el proceso fue declarado desierto.
• Luego, el 4 de septiembre de 2020 se lanzó otro concurso y, nuevamente, Lafattoria presentó una oferta. Pero, volvió a ser descalificada porque la empresa no se encontraba habilitada en el registro de proveedores.
• Dos meses después, el 11 de noviembre de 2020, se hizo un nuevo proceso con Lafattoria como única empresa concursante. La oferta fue calificada en primera instancia, pero, el SNAI le solicitó a la empresa que convalide un error aritmético que, finalmente, significó la nulidad de la adjudicación.
• El quinto intento fue en mayo de 2021 con iguales variables: solo una oferta de la misma empresa, y también se declaró desierto.

Sigue el monopolio 

Pese a los reiterados intentos fallidos, el servicio de alimentación de los presos no se ha detenido. Lafattoria continúa con el llamado monopolio de ese servicio, aunque sin un contrato de por medio.

Entre 2012 y 2017, esta empresa acumuló, al menos, 19 contratos con el Estado por USD 92 millones. Incluso, según Sercop, seis de esos procesos todavía están pendientes.

Pero, luego de ese año, la relación ha sido bajo otra figura. Pablo Ramírez, titular del SNAI, confirmó que en los últimos cinco años esta empresa ha brindado el servicio sin un contrato de por medio.

En todo este tiempo ha trabajado a través de convenios de pagos que, según la Ley de Contratación Pública, debería ser una figura excepcional.

En mayo de 2020, la Contraloría General del Estado (CGE) ya había advertido lo que ocurría con el sistema de alimentación de las cárceles.

El informe de Contraloría detalló que el extinto Ministerio de Justicia firmó los dos últimos contratos de alimentación para las cárceles con Lafattoria, en 2016 y 2017, por USD 35,9 millones.

Finalmente, el 27 de enero de 2018 y ante la imposibilidad de encontrar un proveedor y firmar un contrato, se suscribieron los dos convenios de pago con Lafattoria por USD 11,1 millones.