Investigaciones y reconstrucción siguen pendientes a seis años del terremoto

El epicentro fue en Pedernales, el 16 de abril de 2016. El terremoto de 7,8 grados, que golpeó especialmente a Manabí y Esmeraldas, dejó un saldo de 663 fallecidos, nueve desaparecidos y 6.274 heridos. Los desplazados llegaron alrededor de 80.000 y los daños ascendieron a unos USD 3.600 millones.

Seis años y tres administraciones después, la reconstrucción de las zonas afectadas continúa, en medio de procesos judiciales, contratistas incumplidos, obras inconclusas y más dudas que certezas sobre a dónde fueron a parar las recaudaciones hechas para atender la emergencia.

Entre los principales daños registrados por la Secretaría de Planificación (Senplades), en su informe de evaluación de 2019, estuvieron:

• 294.935 usuarios sin electricidad.
• 179 instalaciones de celulares y 108 subsistemas afectados.
• 79% de daño en los sistemas de agua potable y 23,1% en los sistemas de alcantarillado sanitario.
• 875 establecimientos educativos tuvieron algún tipo de daño.
• 70.311 viviendas afectadas.
• 27 edificaciones de salud quedaron inoperativas, de las cuales 14 fueron reportadas como destruidas.
• 31 carreteras con destrozos, 7 puentes con daños considerables y 297 kilómetros de vías con daños.

Además, según los reportes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y de la Senplades, el costo del terremoto para el sector productivo fue de USD 676,5 millones (considerando daños, pérdidas en ingresos y gastos adicionales).

Y, a esa cifra, se sumaron montos para considerar otros aspectos, como la afectación al sector informal, lo que dio un valor final de USD 1.032 millones.

Medidas económicas y recursos

La administración del expresidente Rafael Correa aplicó inmediatamente un paquete de medidas económicas temporales para ayudar a los damnificados:

• Se aumentó en dos puntos porcentuales el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un año, pasando del 12% al 14%.
• Se estableció una contribución única obligatoria del 3% sobre las utilidades.
• Un cobro por una sola vez del 0,9% a las personas con un patrimonio superior a USD 1 millón.
• Y una contribución gradual de un día de sueldo por mes a quienes percibían más de USD 1.000 en el sector público.

Existieron diversas fuentes de financiamiento del Plan, sin embargo, más del 50% de la asignación aprobada (USD 3.140 millones) provino de la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad con las zonas afectadas por el terremoto.

Y, según el último reporte disponible de Reconstruyo Ecuador, de marzo de 2021, el Comité de Reconstrucción había ejecutado hasta esa fecha USD 2.964 millones. Y durante ese primer trimestre reportaron 56 obras en intervención (ocho finalizadas, 24 en ejecución, 18 suspendidas, cuatro en terminación de contrato y dos publicadas previa a su contratación).

Investigaciones y problemas sin respuesta

La mayor parte de la gestión para la reconstrucción sucedió durante el gobierno de Lenín Moreno. Aunque fue la administración de Correa la que, durante el primer año, recibió las recaudaciones, los créditos y las donaciones para la tarea, y delineó el plan de reconstrucción.

Uno de los informes finales de la Contraloría establece indicios de responsabilidad penal por la aprobación de obras no ejecutadas y no prioritarias, como lo establecía la Ley de Solidaridad.

La aprobación de estas obras se dio en el acta del Comité de Reconstrucción, del 22 de mayo 2017, dos días antes de que Correa dejara el poder. En una sesión en Manta, el entonces vicepresidente Jorge Glas aprobó cerca de 600 contratos por un valor estimado de USD 2.900 millones en obras.

Tampoco ha habido transparencia en la información de los USD 600 millones que fueron recibidos de la comunidad internacional.

Ahora, la presidencia de Guillermo Lasso estableció para 2022 un presupuesto de USD 118 millones, para cubrir las obras emergentes en ejecución, para la rehabilitación de la infraestructura de Manabí y Esmeraldas, como parte del proyecto de reconstrucción.

Con el paso de los años, las auditorías y las investigaciones, públicas y civiles, los entramados de corrupción siguen apareciendo. Aunque no así los responsables, las sanciones, ni las medidas de reparación.

Por ejemplo, solo hasta el 28 de agosto de 2018, el Ministerio de Vivienda reportó 62 contratistas incumplidos y 1.543 viviendas no entregadas.

Y, el 3 de junio de 2021, la Contraloría inició el 'Plan de auditoría a la reconstrucción de Manabí, post terremoto'. Esto implica 22 exámenes especiales y dos auditorías a empresas públicas, los ministerios de Finanzas, Obras Públicas, Vivienda, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y el Consejo de la Judicatura.

La Fiscalía ha iniciado también cinco investigaciones previas (IP). Tampoco ha habido resultados en estos procesos aún.