Seguros: CIDH dice que derechos de denunciante fueron vulnerados

El capitán de Navío (en servicio pasivo) Rogelio Viteri, su esposa Ligia Alarcón y sus hijos, Michelle y Rogelio, esperaron 20 años para que se hiciera justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de formalizar la presentación del llamado caso de Viteri ante la Corte Interamericana, que concluyó que en 2002 la entonces cúpula militar violó sistemáticamente los derechos humanos de Viteri.

El objetivo era escarmentarlo y obligarlo a dejar la Marina, por haber denunciado actos de corrupción en la contratación de pólizas de seguros para 100 aviones de las Fuerzas Armadas.

En entrevista exclusiva desde Inglaterra, donde vive con su familia, Viteri dijo a PRIMICIAS que el informe de la CIDH sienta un precedente porque reconoce los abusos de la entonces cúpula castrense.

Y también porque exige al Estado ecuatoriano que establezca un mecanismo y unas normativas para proteger a los funcionarios que denuncian casos de corrupción que involucren a sus superiores.

Esto, especialmente en instituciones verticales, como las Fuerzas Armadas.      

"Luego de que la denuncia se hizo pública, el mando, con el entonces ministro de Defensa, Hugo Unda, a la cabeza, me persiguieron y me acusaron de traidor", incluyendo al entonces comandante de la Marina, Fernando Donoso, hoy ministro de Defensa, asegura Viteri.

"Me ordenó que volviera a Ecuador donde, en lugar de investigar la denuncia, me inició un consejo de disciplina, que me impuso tres arrestos consecutivos. Eso implicó mi salida de la Armada, tras 29 años de carrera; mi esposa sufrió dos atentados, por lo que, luego de cinco meses -en junio de 2002- decidimos volver a Inglaterra y pedir asilo, con nuestros dos hijos, que entonces eran menores de edad", narra.

El terremoto

La denuncia provocó un remezón en el gobierno y en Fuerzas Armadas. Las siguientes semanas Donoso tuvo que dejar el cargo de comandante y le siguieron las cabezas de la Fuerza Aérea de Ecuador (FAE) y de la Aviación.

Donoso siempre insistió en que no tuvo nada que ver con la decisión final de la contratación del seguro en Londres, dijo que fue responsabilidad de los miembros del Estado Mayor y cuestionó públicamente a Viteri por denunciar las irregularidades sin su autorización.

"Dimos un paso al costado para que las cosas se tranquilizaran. Por eso yo tengo el respeto y la consideración de toda la gente que me ha seguido después en las Fuerzas Armadas, especialmente en la Marina", dijo recientemente Donoso en entrevista con diario El Comercio.

Viteri, hoy con 66 años de edad, fue el primer oficial en funciones en denunciar actos de corrupción del mando militar ecuatoriano.

Entregó su denuncia por escrito al entonces embajador en Londres, el expresidente Sixto Durán Ballén, quien era su jefe inmediato.

El 8 de noviembre de 2001 le hizo llegar un informe secreto, de dos páginas, tras constatar personalmente la forma en que tres altos oficiales del Ejército, de la Marina y de la FAE recibieron prebendas y pagos de la empresa inglesa Heath Lambert, a la que adjudicaron un contrato de USD 12 millones para asegurar la flota aérea ecuatoriana.

Para entonces, era usual que el mando militar contratara a las reaseguradoras en Inglaterra. Todas esas contrataciones eran manejadas bajo reserva por la Junta de Defensa de Nacional, donde también participaban el contralor y otras autoridades.

Tras la denuncia, los militares reformaron los procesos de contratación y dejaron de contratar a las reaseguradoras en Inglaterra.

Se filtra en la radio

Viteri recuerda que Sixto Durán Ballén, en lugar de intervenir y hacer pública su denuncia, le pidió que no se metiera en líos si quería seguir con su carrera.

En los siguientes días el comunicado del oficial se filtró y llegó a manos del exdiputado y comunicador Marcelo Dotti, quien denunció el caso en un programa radial.

Hubo un remezón político al interior del Gobierno de Gustavo Noboa, que inicialmente respaldó a la cúpula y minimizó los señalamientos, que luego fueron corroborados por la Comisión Anticorrupción.

Estado debe indemnizar

El 16 de julio de 2021, la CIDH anunció que presentó oficialmente el caso ante la Corte IDH considerando que "no solo se refiere a las represalias contra Viteri y su familia sino a la relación estructural entre libertad de expresión y democracia, en particular la libertad de expresión como forma de denuncia de actos de corrupción".

El proceso contra el Estado ecuatoriano fue aceptado a trámite en la CIDH, en 2015. Es impulsado por Farith Simon, quien ha patrocinado gratuitamente a la familia Viteri, con el apoyo de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco.

En su Informe de Fondo, la CIDH analizó si las denuncias de Viteri, estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión, y si las acciones adoptadas por el Estado estuvieron justificadas o implicaron una restricción desproporcionada a su derecho.

También evaluó si el Estado vulneró el derecho a la libertad personal por las sanciones contra Viteri y las consecuencias para sus familiares.

La CIDH concluyó que la sanción disciplinaria no cumplió con los requisitos de legalidad, fin legítimo, necesidad y estricta proporcionalidad en una sociedad democrática. 

Sobre la obligación de obtener una autorización previa de sus jefes para hablar con la prensa (alegada por el mando militar), la CIDH concluyó que esta restricción constituye el tipo de censura que la Convención Americana prohíbe, pues afecta la dimensión individual y colectiva del derecho a la libertad de expresión. 

La CIDH determinó que todo se agravó por la ausencia de mecanismos para denunciar hechos de corrupción en organizaciones altamente jerárquicas, además, destacó el rol de los denunciantes o 'whistleblowers', y el deber de protegerlos frente a sanciones legales, administrativas o laborales, siempre que hayan actuado de buena fe.

La falta de una norma que garantice sus derechos, las represalias laborales y hostigamiento que obligaron a Viteri a asilarse en Inglaterra, produjo un efecto inhibitorio para otros posibles denunciantes.

La CIDH también declaró responsable al Estado por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral, en perjuicio de Viteri y de su familia.

En su Informe de fondo, la Comisión recomienda al Estado ecuatoriano:

• Reparar integralmente las violaciones declaradas, tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción. 
• Establecer mecanismos adecuados de protección de denunciantes que, en razón de su empleo o posición institucional, expongan irregularidades, hechos de mala administración, corrupción, violación de los derechos humanos, violaciones del derecho humanitario y otros intereses públicos gravemente afectados. La protección debe prevenir la aplicación de sanciones legales, administrativas o de cualquier otra índole (incluyendo la protección de reporte seguro al interior de las Fuerzas Armadas), si al momento de la revelación el denunciante tuvo fundamentos razonables para creer que la información revelada era cierta y constituía una amenaza o daño a un interés público concreto.
• Adecuar el ordenamiento jurídico interno, en particular el Reglamento de Disciplina Militar, de conformidad con los estándares establecidos en el presente informe, de acuerdo con el deber general de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Viteri vive en las afueras de Londres y es profesor de un Colegio Internacional. Su esposa obtuvo una maestría en el University College de Londres, su hija tiene un PhD de la Universidad de Cambridge y su hijo obtuvo su título universitario y trabaja en desarrollo de tecnología.

Tras su salida de Ecuador, el exagregado militar y su familia vivieron tres años de la caridad pública en Londres, mientras tramitaban su asilo.

Turismo y placer

La historia de esta odisea comenzó con un viaje de trabajo que se convirtió en un tour de placer. Los tres jefes de estado mayor de las Fuerzas Armadas de aquel entonces volaron el 10 de febrero de 2001 a Londres, Inglaterra, para contratar el seguro de 100 aviones militares.

Llegaron el vicealmirante Édgar Guerra Carrera, de la Armada; el general de División, Roberto Moya, del Ejército, y el teniente general Marcelo Moscoso, de la Aviación.

Los oficiales eran los representantes de la cúpula militar, integrada entonces por el jefe del comando conjunto, Miguel Saona, los comandantes generales de la Marina, Fernando Donoso; de la FAE, Osvaldo Domínguez, y del Ejército, Norton Narváez.

Semanas antes ellos, como parte del Comité de Contrataciones, decidieron enviar a sus subalternos para que escogieran, en su representación, a la empresa entre dos finalistas del proceso: AON International y Heath Lambert.

Aunque la misión de la comitiva militar era seleccionar a la compañía reaseguradora, los siguientes días el viaje también los llevó a Roma y París, donde acudieron a lujosos restaurantes y lugares turísticos. Fueron dos semanas de placer y compras en las tres capitales.

El tour y todos los gastos de hospedaje, alimentación, compras y diversión fueron pagados por la empresa aseguradora Heath Lambert, que ganó el concurso.

Todos estos hechos fueron atestiguados por el agregado militar en Londres, Rogelio Viteri, quien fue el encargado de recibir a la nutrida comitiva.

El proceso de selección de las ofertas se realizó en la agregaduría militar y tomó pocas horas, pues todo estaba planeado para que ganara Heath Lambert.

Al siguiente día los oficiales y sus parejas viajaron a Italia y Francia, recibiendo el pago de viáticos con fondos públicos, pese a que la invitación corría por cuenta de Heath Lambert.

Pese a que se confirmaron las irregularidades, ninguno de los oficiales fue sancionado.