Schlumberger se lleva la mejor tajada en cinco contratos petroleros

La gigante francesa de servicios petroleros Schlumberger se llevó la mayor parte de la torta en cinco contratos de servicios con financiamiento, firmados con la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.

Entre 2012 y julio de 2022, la extracción de petróleo bajo los cinco contratos produjo unos USD 19.707 millones en ingresos brutos. De ese dinero, el Estado ecuatoriano se quedó con USD 8.718 millones, aunque no todo fue ganancias.

Los contratos mencionados son:

• Campo Shushufindi, a través del Consorcio Shushufindi, integrado por Schlumberger y Tecpetrol Servicios (cuyo mayor accionista también es Schlumberger).
• Auca, a través de la petrolera Shaya Ecuador, de la cual Schlumberger es el principal accionista.
• Edén Yuturi, a través de la filial de Schlumberger, Kamana Services.
• Pañacocha, a través de Kamana Services.
• Y el campo petrolero Libertador, con el consorcio Pardaliservices, integrado por las empresas españolas Servicios Libertador y Tecpetrol Servicios (cuyo mayor accionista es Schlumberger).

Los contratos son de servicios específicos con financiamiento, lo que implica que la contratista, en este caso Schlumberger, produce petróleo en los campos mencionados por encima de una curva base y a cambio cobra una tarifa por barril, que es pagada por el Estado.

La excepción es el campo Auca, en donde Shaya Ecuador cobra por la extracción del 100% del petróleo.

Por el pago de la tarifa, que cubre los costos de producción y las inversiones, Schlumberger registró ingresos brutos por USD 10.300 millones, en los cinco contratos mencionados, durante el periodo 2012 a julio de 2022, según información de Petroecuador.

Además, de ese valor, Petroecuador pagó USD 303 millones por servicios suplementarios a Schlumberger; entre ellos, la provisión de químicos para el tratamiento del petróleo. Es decir, en total, Schlumberger recibió USD 10.603 millones.

La tarifa pagada

Petroecuador pagó durante el período una tarifa de entre USD 27,10 por barril y USD 40,2 por barril a dichos consorcios.

La tarifa de Schlumberger y los consorcios solo cubre los costos de producción e inversiones, pero no otros gastos que debe pagar Petroecuador, de acuerdo con los contratos.

A Petroecuador le toca pagar los costos operativos. Entre ellos están el transporte de petróleo por el oleoducto estatal SOTE, provisión de energía. Además, constan entre estos gastos el pago de combustibles, seguridad física, mantenimiento de la infraestructura de producción o la contribución a las provincias amazónicas, establecida en la Ley.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que investiga estos contratos, ha solicitado a Petroecuador detalles de los gastos operativos en los que ha incurrido a causa de estos contratos.

El 18 de julio 2022, Petroecuador envió información a la Comisión de Fiscalización. En ella señala que entre enero y abril de 2022 el costo operativo de la petrolera estatal en Shushufindi fue en promedio de USD 16,51 por barril.

Si se tiene en cuenta ese costo, solo como mera referencia, Petroecuador habría pagado USD 2.256 millones por los 139 millones de barriles de petróleo extraídos entre 2012 y julio de 2022.

Mientras tanto, en el campo Libertador el costo operativo fue en promedio de USD 12,45 por barril, en el mismo periodo. Si se aplica ese costo para el período 2012 y julio de 2022, Petroecuador habría pagado por gastos operativos USD 241 millones.

En Auca, el costo operativo entre enero y mayo de 2022 fue en promedio USD 8,2 por barril. Con ello, a manera de ejemplo, Petroecuador habría pagado USD 1.403 millones en gastos operativos entre 2016, cuando inició el contrato, y julio de 2022.

Pero los costos operativos pueden variar, por lo que la Comisión de Fiscalización ha insistido en solicitar el detalle completo de estos gastos.

¿Y la fiscalización?

Los contratos de Schlumberger en los campos Auca y Shushufindi revelan otras cláusulas a las que se sometió Petroecuador.

Por ejemplo, una limitación para fiscalizar las inversiones. Así, la cláusula 11, relacionada con el Plan de Actividades, establece que la contratista se compromete a dar cumplimiento a las actividades previstas en el plan.

Sin embargo, señala que los montos de las inversiones indicadas en ese plan son "meramente estimativas" y la contratista solo garantiza su ejecución con independencia del costo final de dichas actividades.

El asambleísta Fernando Villavicencio alega que la cláusula impide a Petroecuador realizar auditorías a las inversiones de Schlumberger. Esto para conocer si las cifras reportadas por la contratista son reales.

Contratos de tubería

Los contratos de Schlumberger en las áreas de Auca y Shushufindi tienen, además, otras cláusulas que llaman la atención. Una de ellas es que Petroecuador se compromete a dar preferencia a Schlumberger en los contratos de provisión de tubería para esos campos.

Esta cláusula dice que Schlumberger tendrá la primera opción para proveer la tubería requerida para las tareas de operación y mantenimiento de Auca y Shushufindi.

Además, el contrato estableció que Petroecuador facilitará el uso gratuito de oficinas, dormitorios e instalaciones en ambos campos.

Garantía para el pago

Los contratos de Auca y Shushufindi establecen la creación de un fideicomiso que debe ser alimentado por Petroecuador para que haya dinero siempre para el pago de la tarifa a Shaya y al Consorcio Shushufindi.

Pero si el precio del petróleo baja y el Estado no alcanza a cubrir la tarifa, el contrato obliga a Petroecuador a tomar recursos provenientes de la venta interna de combustibles o de otros ingresos presupuestarios para pagar a Shaya y al Consorcio Shushufindi.

Más observaciones

En dos videos editados y publicados por PRIMICIAS en julio de 2022, se ve cómo José Luis Cortázar, director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) en 2014, cuestiona los reales costos de producción establecidos en los citados contratos.

El video completo dura casi una hora y el motivo de la reunión era analizar las dudas que los técnicos de la ARCH y el mismo Cortázar tenían sobre las negociaciones que se llevaban a cabo con Schlumberger.

Según el primer extracto difundido por PRIMICIAS, el entonces ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, reclama a Cortázar por sacar a la luz supuestas irregularidades en el contrato para la operación de Shushufindi.

Ante los reclamos, Cortázar terminó aceptando borrar de su informe datos clave sobre la curva de producción de los campos y sobre la tarifa que el Estado aceptó pagar a los consorcios liderados por Schlumberger.

PRIMICIAS busco un pronunciamiento oficial de Schlumberger, pero no hubo una respuesta oficial.