"Reclutadores" de las bandas delictivas irían a prisión hasta por 16 años
La Asamblea Nacional aprobó, en segundo debate, un paquete de reformas al Código Penal en la que se contempla imponer una pena de hasta 16 años de prisión a quien reclute a menores de edad para ser miembros de bandas delictivas.
Uno de los detenidos tras el sicariato del fiscal Édgar Escobar, frente al edificio de la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil, el 19 de septiembre de 2022.
Policía Nacional
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Cristhian, Justin o Ángel comparten historias similares. A sus 16 años ya tienen alias que los identifican con una organización delictiva y enfrentan procesos judiciales por robo, extorsión y sicariato. Han sido entrenados por criminales para matar.
Los niños y adolescentes se han convertido en una herramienta estratégica para las bandas delictivas que los reclutan para que ejecuten los delitos.
La Asamblea aprobó, el 5 de enero, un paquete de reformas al Código Orgánico Penal, como parte de la Ley de Seguridad Integral, en el que se incluyó un nuevo artículo: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos.
Se trata del artículo 369.1 en el que se propone sancionar con penas de entre 10 a 13 años de cárcel a quien reclute a menores de edad para que cometan delitos, como por ejemplo, robar.
La pena se podría extender hasta los 16 años si el reclutamiento tiene relación con delitos como:
- Tráfico de drogas
- Contra la propiedad, contra la vida, la integridad sexual y reproductiva.
- Delincuencia organizada
- Trata de personas
- Tráfico ilícito de migrantes
- Sicariato, extorsión, robo
- Terrorismo.
El documento que fue aprobado por la Asamblea espera el veto del Ejecutivo antes de entrar en vigencia.
Los jóvenes vinculados con actividades delictivas "son vulnerables para la justicia, pero para la sociedad son altamente peligrosos", dijo Christian Mayorga, jefe del Distrito de Nueva Prosperina, tras la detención de alias 'Mocho', un adolescente de 16 años que se dedicaba a la extorsión de negocios y ha estado en prisión, al menos, en cuatro ocasiones.
Sin embargo, para Lorena Chávez, directora del Mecanismo de Promoción y Protección de los Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, imponer sanciones sigue siendo insuficiente.
"Esa es la solución más fácil, porque no hay que invertir en nada, no es una acción preventiva, siguen sin poner la mira en lo importante, en lo social", asegura.
Estos jóvenes tienen en común haber crecido en zonas precarias, sin servicios básicos, sin oportunidades económicas, ni educativas, ni laborales.
Nadie protege a los jóvenes
No existe un único registro sobre la situación de los jóvenes en el país, aun así la data dispersa permite hacer una radiografía de lo que pasan los menores de edad.
En 2022, 151 adolescentes entre 12 y 18 años fueron asesinados en el país. La cifra no discrimina quiénes murieron por una bala perdida o en medio de un enfrentamiento entre bandas, por ser miembros de grupos delictivos.
En cualquiera de las dos situaciones, al tratarse de menores de edad son considerados víctimas. "Qué hace el Estado para protegerlos, los niños y adolescentes crecen abandonados en lugares altamente violentos", dice Chávez.
En los dos últimos años, la misma Policía ha advertido que más jóvenes están siendo reclutados por las bandas criminales y ha instado a las autoridades competentes a involucrarse en las áreas sociales.
Los criminales entrenan a los adolescentes para usar un arma o transportarla, robar y extorsionar, aprovechándose de las garantías y protecciones legales que tienen al ser menores de edad.
No necesitan mucho para reclutarlos, les ofrecen a cambio teléfonos celulares, videojuegos y ropa de marca. En algunos casos, también participan por sentido de pertenencia.
"Los niños y jóvenes están creciendo solos y las bandas criminales se perfilan como los únicos espacios en los que ellos se sienten queridos o que pertenecen a un lugar", explica Lorena Chávez.
Para finales de 2022, 370 adolescentes estaban siendo procesados por diferentes delitos, la mayoría por robo, asesinato, tráfico de drogas, tenencia de armas y secuestro extorsivo.
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