Una red de marinos vende información a narcos en Colombia y Ecuador

La Armada de Ecuador tiene un talón de Aquiles en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Esa debilidad es la presunta relación de algunos de sus miembros con organizaciones criminales, vinculadas a carteles del narcotráfico en Ecuador y Colombia, según informes de Inteligencia a los que accedió PRIMICIAS.

Varios militares ecuatorianos, incluyendo oficiales de la Armada, tienen contactos o habrían sido reclutados por grupos narcoterroristas, según inteligencia de ambos países.

Se trata de grupos como la columna Urías Rondón y el Frente Oliver Sinisterra (FOS).

La columna Urías Rondón lanzó en 2022 una arremetida contra el FOS en territorios cercanos a la frontera con Ecuador, para apropiarse de corredores, plantaciones y laboratorios de procesamiento de cocaína.

Esa guerra ha provocado el repliegue de integrantes del FOS hacia Ecuador, donde se han enfrentado con militares ecuatorianos, que les han cerrado el paso.

Mientras que el FOS es socio del cartel de Sinaloa, la columna Urías Rendón opera con el cartel Jalisco Nueva Generación.

La disputa tiene repercusiones en Ecuador, donde varios uniformados de la Armada, del Ejército y de la Policía operan para los dos grupos, según seguimientos e interceptaciones telefónicas realizadas en Colombia.

Investigaciones de inteligencia muestran que varios uniformados de la Armada, del Ejército y de la Policía operan para narcotraficantes.

Hacen de todo un poco

Los uniformados ecuatorianos involucrados con el crimen transportan cocaína y hasta venden información sobre los operativos en marcha, especialmente en los esteros y el mar, para evitar decomisos de combustible.

En Ecuador, Policía y Armada coordinan operaciones para identificar a los marinos y a los miembros de otras fuerzas que son parte de redes criminales.

Los involucrados transportan la cocaína por tierra, simulando que hacen encargos institucionales, según se ha descubierto en investigaciones de agentes de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y miembros de inteligencia de la propia Marina.

Y también hay casos de robo de cocaína y de filtración de información a organizaciones criminales, que operan en alta mar, especialmente en Galápagos.

Cocaína en camionetas de la Armada

El año pasado, las autoridades investigaron a una organización dedicada al trasporte de droga, producida en laboratorios de los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo.

Una vez en Ecuador, la organización recibía la cocaína en Esmeraldas y en Lago Agrio, para transportarla hasta las provincias costeras de Manabí y Guayas.

En Guayas, la cocaína era ocultada en contenedores, que salen con carga desde el puerto de Guayaquil.

Durante los seguimientos se hizo evidente que la organización estaría integrada por miembros en servicio activo de la Armada.

Y se confirmó que este grupo narcodelictivo utilizaba vehículos oficiales de la Marina para transportar cocaína desde Esmeraldas hasta Guayaquil. Acopiaban la droga en bodegas clandestinas, ubicadas en las inmediaciones del puerto marítimo Contecom.

Un grupo narcodelictivo transportaba cocaína de Esmeraldas a Guayaquil, en vehículos oficiales de la Marina.

Gracias al monitoreo de los miembros de la organización, se estableció que el 1 de diciembre de 2022 el cabo de la Armada de la Unidad de Guardacostas, Jonathan Javier Gómez Coime, viajó en un vehículo oficial de la Marina a Lago Agrio, donde cargó cocaína.

Luego, Gómez emprendió el viaje hacia Guayas en la camioneta Nissan Frontier, de placas PEC-8368, que tenía el logotipo de la Armada de Ecuador.

Pero el 3 de diciembre, cerca de la Penitenciaría del Litoral, la Policía detuvo la camioneta conducida por Gómez, en el operativo Resurgir 728, a cargo de la ULCO.

Al momento de su detención, Gómez Coime transportaba 20 kilos de cocaína.

Un oficial de Inteligencia de la Marina, que pidió reserva de su identidad, dice que Gómez es solo un eslabón de una red más grande.

La red incluiría a un oficial de rango medio, que participaba en la autorización de viajes, con la excusa de que eran para transportar alumnos para entrenamiento.

En el vehículo, los policías encontraron una caja de cartón que contenía 18 bloques rectangulares de cocaína, con un peso bruto de 19.800 gramos.

Un auto Aveo negro, de placas GPW-0517, resguardaba la camioneta, y en él viajaban Steven Valencia y Meiby Delgado, según el informe de la captura.

Espías y ladrones

Las organizaciones que operan como intermediarias de los carteles en Ecuador cuentan con una importante red de informantes en varias entidades. Y la Marina no es la excepción.

Este mecanismo fue descubierto en la operación 'Flota', coordinada entre la ULCO y la Armada.

Así fue como se estableció que en el Departamento de Operaciones de Galápagos trabajaba el cabo de la Marina, Christian Reyna Bravo.

Su tarea era monitorear los posicionamientos de guardacostas y del personal de control marítimo.

Al tener acceso a esta información reservada, Reyna se dedicó a entregarla a integrantes de organizaciones delictivas asociadas con los carteles.

El objeto era facilitar el transporte de cocaína desde el perfil costanero continental y también de las islas Galápagos, usando lanchas rápidas.

Las lanchas dejaban bultos de droga, anclados a boyas en alta mar.

El marino entregó a los narcotraficantes las coordenadas de ubicación de las boyas, para que pudieran recoger los paquetes.

Tras detectar las actividades de Reyna, los investigadores de la Policía conocieron la ubicación de droga balizada a 200 millas náuticas de Galápagos.

En coordinación con la Armada, el 12 de agosto de 2022, se realizó la operación policial 'Flota'.

Como resultado, las autoridades encontraron dos radios boya con 28 bultos, que contenían 550 paquetes con 673.000 gramos de cocaína.

Días después de la operación, en una bodega de la Guardacostas Isla Darwin de la Armada, las autoridades encontraron cuatro paquetes de cocaína.

Los paquetes, originalmente, formaban parte de la incautación de la operación 'Flota', pero fueron robados por ocho tripulantes, que ahora están enjuiciados.

Viaje sin regreso

Tras el operativo 'Flota', el cabo Christian Reyna viajó a Guayaquil para encontrarse con los integrantes del grupo criminal con el que trabajaba.

A Reina los narcotraficantes le pidieron explicaciones de lo que había ocurrido en esa fallida 'vuelta'.

Desde entonces, sus familiares y su novia no volvieron a saber de él y hasta denunciaron su desaparición en la Fiscalía del Guayas.

A Reyna los narcotraficantes le pidieron explicaciones de lo que había ocurrido en esa fallida 'vuelta'.

El 2 de noviembre de 2022, la Policía supo que Reyna fue asesinado y enterrado en una finca en Ancón, provincia de Santa Elena.

Personal de la Dinased encontró su cuerpo decapitado, envuelto en plástico.

A 50 metros de ahí hallaron enterrada la billetera de Reyna, y la vaina de la bala usada para asesinarlo.

Hoy tienen orden de prisión Gómez y Valencia. Pero no se sabe quiénes son los otros miembros de la red.

Intocables peces gordos

La constante en las investigaciones es que llegan hasta los actores de perfil modesto, pero no hasta los 'peces gordos'.

"Esto es lo más usual, la cuerda se rompe por el lado más débil, las investigaciones no llegan a las cabezas, a nadie le interesa", observa el oficial entrevistado por PRIMICIAS.

Solicitamos una entrevista con el comandante de la Marina, John Merlo, pero no obtuvimos respuesta.

Por su parte, el Ministro de Defensa, Luis Lara, asegura que la decisión es que todas las fuerzas cuenten con departamentos de Asuntos Internos, para fortalecer el trabajo de las Inspectorías de la Marina, el Ejército y la Aviación.

"Además, los comandantes deben generar informes periódicos respecto del estado de cada uno de los casos de corrupción, tanto en el aspecto militar como en los procesos judiciales", dice Lara.

Según el ministro, "el seguimiento le corresponde a las áreas de Inspectoría y a las direcciones jurídicas de las Fuerzas así como a la Coordinación Jurídica del Ministerio de Defensa".

Y agrega que "no dudaremos en investigar y sancionar al personal involucrado en actos de corrupción; se ha dispuesto poner en marcha acciones preventivas que posibiliten detectar posibles actividades irregulares o ilícitas".