Radar de Montecristi: 13 militares son acusados de cometer sabotaje

Han pasado 19 meses desde que el radar 'antinarcos' que fue ubicado en el cerro de Montecristi, en Manabí, dejó de operar tras una explosión y aún no tiene explicación.

Tampoco han concluido las investigaciones de la Fiscalía para identificar y sentenciar a los responsables de lo sucedido.

PRIMICIAS pudo conocer que la Contraloría General del Estado también ha puesto atención en este caso.

Dentro del plan anual de 2023, está en ejecución el examen "al desmontaje, traslado, puesta en marcha, seguridad, proceso de aplicación de pólizas de seguro y recuperación del radar en el cerro Montecristi, en la Fuerza Aérea Ecuatoriana y entidades relacionadas".

Otro de los procesos en curso, por ejemplo, es una denuncia por el delito de sabotaje en contra de 15 militares que reposa en la Unidad de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional de Montecristi, desde el 8 de noviembre de 2021.

Según consta en la página de la institución, la acción es impulsada por Jaime Antonio Puga Dávila, excomandante del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Puga es actualmente jefe del Estado Mayor General FAE.

Sin embargo, el 9 de diciembre de 2022, la Fiscalía General del Estado solo solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de 14 miembros de la Fuerza Aérea, por su presunta participación en el delito de sabotaje.

Los acusados integraron el equipo asignado a la seguridad y patrullaje del cerro Montecristi, el día en que el sistema de vigilancia fue destruido.

Desde esa fecha, hubo cuatro intentos fallidos para que se instalara la audiencia.

El proceso

Finalmente, la diligencia se realizó el 2 de junio de 2023, en la Unidad Judicial de Montecristi. El juez Leiver Quimís formuló cargos por sabotaje contra 13 de los 14 militares señalados.

Por el caso rige una instrucción fiscal de 90 días, etapa en la que los vinculados deben de presentarse cada 15 días ante el juez. Además, los militares tienen prohibido salir del país.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el sabotaje se castiga con penas de entre cinco y siete años de cárcel.

Pero la pena puede aumentar a hasta 10 años cuando se destruye la infraestructura de algún sector estratégico.

Walter Barrera, uno de los abogados de ocho de los acusados, asegura que lo que se busca es “chivos expiatorios porque, si realmente las cabezas no responden, ¿cómo puede responder la gente de tropa?”.

Barrera cuestionó que durante el proceso se ha hablado de sabotaje, terrorismo e incluso “estaríamos hablando de autoatentado, es decir, que la misma FAE destruye su radar".

Agregó que si el caso sigue en la Fiscalía "es un asunto de carácter doloso, no culposo, porque caso contrario sería una falta disciplinaria”.

Además, cree que el caso no llegará a su etapa final, porque “no hay prueba alguna”.

Además, en noviembre de 2022, se confirmó que 16 oficiales y nueve aerotécnicos fueron sancionados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

A ellos se los identificó como los responsables de las anomalías en el traslado e instalación del radar en el cerro.

Explosión e hipótesis

El radar, que tenía un alcance de rastreo de 220 millas, comenzó a operar el 27 de octubre de 2021, pero el 7 de noviembre quedó inhabilitado debido a una explosión.

Ante aquello, se plantearon tres hipótesis:

• Mal funcionamiento de la bomba de engrasado.
• Por elemento externo.
• Mal funcionamiento de los anillos deslizantes.

Luego, en abril de 2022, la Junta de Investigación de la FAE determinó que la más probable es que la explosión ocurrió por “un elemento externo”.

Las autoridades militares justificaron que existían “múltiples fuerzas y daños por la explosión” y “ningún componente alertó de falla alguna”.

La tarde del 9 de mayo de 2022, el radar español fue desarmado y traslado a un centro de mantenimiento de la FAE en Latacunga (Cotopaxi).

En la actualidad, el aparato permanece allí y el daño está valorado en USD 7,2 millones.

Vigilancia en Manabí

Con el radar en Montecristi se iba a fortalecer el control del espacio aéreo en la provincia, pero, según el Gobierno, la necesidad fue mayor porque tanto Manabí y Santa Elena no contaban con vigilancia.

La FAE informó que las 'narcoavionetas' vienen del norte de México y llegan al país aproximadamente a 150 millas al oeste, entre Manta, Salinas y Pedernales.

Es decir, el radar les ayudaría a combatir a las estructuras narcodelictivas.

Tras la explosión, la FAE anunció que tenía medios alternos para la vigilancia y control del espacio en Manabí, los cuales operan desde la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta, en el Ala de Combate número 23.

Además, la entidad aseguró que existe vigilancia y reconocimiento aéreo, así como sensores de vigilancia móviles.

Un escuadrón de drones de la Policía Nacional monitorea posibles pistas clandestinas y detecta vuelos irregulares en la provincia, apetecida por las bandas para realizar acciones narcodelictivas.