Comandante de la FAE justifica 'apuro' en traslado de radar a Montecristi

El comandante de la Fuerza Aérea, Geovanny Espinel, revela que actualmente el control aéreo del perfil costanero, sobre todo de Manabí, se hace con aviones y sensores, para suplir la falta del radar que sufrió un atentado en noviembre de 2021.

Y explica en entrevista con PRIMICIAS por qué hubo tanta premura en el traslado de un radar que se encontraba en Lumbaqui, al otro extremo del país, al cerro de Montecristi, en la provincia de Manabí.

"Ante la situación de guerra que vivimos contra el narcotráfico no podíamos esperar, y preferimos trasladar el radar de Lumbaqui, por la urgencia", dice.

El radar sufrió un atentado que lo dejó prácticamente destruido tan solo a 11 días de haber sido instalado en Montecristi.

Las tareas de control aéreo para la zona son complementadas con el intercambio de información con otros países, lo que ha permitido detectar 76 avionetas, desde 2017, que operan para los carteles del narcotráfico, de acuerdo con Espinel.

Sobre las sanciones disciplinarias para 25 militares, por las fallas en la implementación de medidas de seguridad para instalar el radar en Montecristi, Espinel explica que esos casos serán juzgados muy pronto por el comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa (COAD), Wilfrido Moya, quien acaba de asumir el cargo.     

¿En qué instancia están los procesos disciplinarios de 25 oficiales y aerotécnicos de la FAE por las fallas en el manejo de la seguridad física del radar de Montecristi?

Los encargados de iniciar procesos disciplinarios administrativos son los segundos comandantes del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa (COAD), es decir, el jefe de Estado Mayor.

En esta instancia se inició la investigación, siguiendo el debido proceso, los involucrados han presentado sus pruebas de descargo. Este segundo comandante analiza los descargos y cargos, y decide si cabe imponer las sanciones o desecharlas.

Cuando se cierra esta parte, lo que corresponde es que quienes estén en desacuerdo pueden reclamar o impugnar la sanción. Si eso ocurre, los procesos suben en apelación para ser conocidos en una segunda instancia por el comandante del COAD.

Se espera que, esta semana, el proceso pase a esta instancia por las impugnaciones de los oficiales, para que el jefe del COAD las revise.

Por último, si se mantienen los reclamos de los involucrados en la investigación, sus impugnaciones pasarán a ser conocidas por mí, como última instancia, en la Fuerza. 

En estos casos se deben cumplir los plazos establecidos por la ley para juzgar las faltas.

¿Usted tiene alguna injerencia para conocer cómo han avanzado esos procesos?

No, el COAD en estos casos actúa de forma autónoma. No puedo llamar a quienes están llevando este proceso, a mí me dan parte cuando necesitan hacerlo, no puedo intervenir, porque yo podría conocer luego este proceso.

¿Qué pasa si una vez llegado el proceso a su conocimiento, los militares investigados no están de acuerdo con su decisión? ¿Pueden apelar?

Claro, tienen el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dependiendo del grado del militar hay diferentes niveles. Pero esperamos que esto sea solventado en el ámbito de la FAE, que no escale, eso sería lo más lógico. Trataremos de usar todos los mecanismos legales para hacer justicia en nuestras instancias.

La semana pasada se nombró como nuevo comandante del COAD al brigadier general Wilfrido Moya, quien reemplazó al general Antonio Puga, quien fue el primero en conocer este caso. ¿Por qué se movió al general Puga a otro cargo en medio del proceso?

Como administrador de la Fuerza tengo la potestad de poner a todos los oficiales donde considere. El general Antonio Puga cumplió su ciclo en el COAD y puede apoyarnos en otra dirección en el comando general.

Los únicos que tenemos el puesto que nos corresponde somos el Comandante General y el segundo al mando, que es el Jefe de Estado Mayor, Gabriel García.

Yo tengo la potestad de ubicar al resto de oficiales, de acuerdo a la normativa de personal de la FAE, en los puestos que les correspondan.

Cuando el general Puga fue removido, usted nombró al brigadier general Paulo Espinosa, quien no aceptó el cargo y prefirió pedir la baja. ¿Por qué esa decisión tan intempestiva?

El general Espinosa argumentó asuntos familiares para pedir la baja, decidió no continuar en la Fuerza. En las Fuerzas Armadas, cuando alguien solicita la baja, lo que corresponde en los distintos consejos que conocen esos pedidos es aprobar la solicitud.

¿Son las fallas en la aplicación de seguridades físicas para proteger el radar de Montecristi, como mallas, cámaras, suficiente iluminación, entre otras, la principal razón por la cual se está sancionando a los 25 militares?

Nosotros hacemos un análisis de situación del área para conocer el entorno donde iba a ser colocado el radar. Ante eso tenemos diferentes sistemas para controlarlo.

El cerro de Montecristi es de difícil acceso, es muy empinado, con caminos trazados previamente, que uno debe conocer bien. Lo que hicimos es que- junto con el Comando de Operaciones Número 2- se realizara el estudio de la zona y también se activaron diferentes anillos de seguridad (con personal uniformado).

Teníamos tres anillos: uno exterior, encargado del control de quien entra y sale a la zona, con rondas de personal; luego había un segundo anillo, más reducido. Y el tercer anillo, en la parte superior, donde teníamos personal de guardia y canes. Cumplimos con lo que debíamos.

Claro que se puede mejorar el esquema de seguridad, todo se puede mejorar. Luego de eso, al identificar las fallas ocurridas, podremos mejorar los sistemas. En ese proceso estamos desarrollando nuevos sistemas para un mejor control frente a nuevas amenazas.

La idea inicial era trasladar el radar que estaba en Papagayo. Esa era la recomendación técnica en función de un primer análisis de la Fuerza. ¿Entonces por qué se llevaron a Montecristi el radar que estaba en Lumbaqui?

La zona de Papagayo es inaccesible, está en la Amazonía, en la cordillera Napo Galeras. Desde el inicio analizamos la posibilidad de mover cualquiera de los dos radares: el que estaba en Lumbaqui (Cóndor) o el de Papagayo.

Sin embargo, para trasladar el de Papagayo se necesita un helicóptero (por la falta de vías de acceso, ndr). No tenemos este tipo de aeronaves, implicaba traerlo de otro país.

Ante la situación de guerra que vivimos contra el narcotráfico no podíamos esperar, y preferimos trasladar el radar de Lumbaqui, por la urgencia.

Es evidente que esa premura ocasionó problemas en el manejo de la seguridad física del radar.

Además de la preocupación del presidente Guillermo Lasso, desde el primer día que asumió el cargo por lo que estaba ocurriendo con el narcotráfico en Manabí, es responsabilidad de la FAE vigilar el espacio aéreo.

Vimos que Manabí no estaba resguardada, lo más fácil era no hacer nada, pero eso también es irresponsable.

Si alguien conocía lo que pasaba con el narcotráfico era yo porque, antes de la instalación del sistema radárico, constaté como comandante del COAD el aumento inusitado de vuelos de avionetas desde México.

Detectábamos una cada mes, solo con control aéreo y sensores. Debíamos tomar decisiones rápidas, lo antes posible, eso era lo más importante.

¿Pero por las fallas en la seguridad hubo un apresuramiento?

Sí, pero seguimos un proceso de planificación militar que tomó varios meses, desde mayo de 2021.

En estos casos, tenemos la capacidad de mover un radar de un lugar a otro en una semana, porque estos equipos fueron contratados para ser móviles, lo cual está dentro del contrato.

Cuando se decidió mover el radar desde Lumbaqui a Montecristi, ¿no se requería firmar una adenda al contrato, porque ese sitio no estaba contemplado como un lugar a donde se podía moverse el equipo, lo cual podría ser una causal de pérdida de las garantías?

Efectivamente no estaba contemplado Montecristi, pero estuvo con nosotros un asesor de Indra (la empresa proveedora del radar, ndr), el 'site manager' estuvo en el lugar cuando decidimos el traslado. Es un español que se halla en Guayaquil para solucionar problemas de radares.

Para Indra es positivo que se hayan identificado cuatro avionetas con su sistema radárico. Quizás nos faltó firmar un adéndum, pero tuvimos el aval del representante de Indra.

Ha habido incumplimientos de Indra del contrato, ¿eso ameritaba sanciones?

Cuando hay contratos de este tipo de equipos siempre hay contratiempos, tenemos varios proyectos ejecutados con empresas que producen aviones, radares o equipamiento y siempre se producen desperfectos, pero ellos los analizan y los corrigen.

En el contrato de los radares, del cual fui administrador cuando era cabeza del COAD, constaté que siempre surgían problemas. Lo que nos corresponde es identificar fallas y remitirnos al contrato.

Con Indra hemos tenido una excelente relación, ellos están prestos a colaborar en todo, no podemos divorciarnos de ellos, somos el país que mejores resultados ha mostrado en la lucha contra el narcotráfico. Indra está presente en 45 países.

En general, los equipos han funcionado de forma adecuada para cumplir con la misión de la FAE.

¿Hubo problemas con Indra por falta de mantenimiento del radar de Papagayo?

Por cada hora que deja de funcionar un radar hay una multa para la empresa. Son equipos electrónicos controlados de forma remota, y así ante las alertas se arreglan, ellos tenían planificado hacer varias visitas para solucionar fallas que se han presentado, siguiendo procedimientos técnicos.

Cuando se instaló el radar en el cerro de Montecristi, la antena se subió con una grúa mecánica, aunque el protocolo técnico indica que debía hacerse de forma electrónica.

La antena no se sube de manera electrónica, se hace a través de unos motores que halan la antena con una grúa mecánica. El procedimiento aplicado para mantener la seguridad es usar un elemento externo como una grúa, para permitir que la espina suba con seguridad. En este caso no se omitieron procedimientos, que ya hemos aplicado antes.

Pero un técnico de Indra cuestionó el procedimiento, lo cual incluso es una de las causas por las que se sancionó a uno de los uniformados.

El procedimiento se cumplió, pero con la oposición del representante de Indra, porque él no estaba al tanto de que antes ya habíamos realizado esta misma operación con otro radar, en Lumbaqui. Y eso ocurrió con el conocimiento de Indra.

La grúa no es externa sino que es parte del sistema radárico. Su uso está contemplado.

Sobre las sanciones impuestas, los militares dicen que ellos actuaron siguiendo órdenes suyas a través de dos oficiales que supervisaron todo. ¿Por qué estos oficiales no han sido también sancionados?

Todavía eso no está en mi nivel, si el proceso llega a mis manos sabré qué hacer. Ellos han tenido toda la potestad, no he recibido ningún documento del COAD que diga si estas personas están o no involucradas.

¿Pero había delegados suyos al frente de la operación?

La orden de operaciones que hicimos y dispuse al COAD tiene especificaciones claras para designar equipos y movimiento y el personal encargado, el administrador y gerente técnico para la coordinación con Indra. Las fechas y documentos indican disposiciones específicas que he dado y que aplicó el COAD.

Está claro lo que le correspondía a cada uno, como comandante puedo dirigirme a cualquier oficial para conocer cómo avanzaba el proceso. En todo hemos cumplido como nos corresponde.

¿Cómo ve el establecimiento de sanciones al personal que participó en el traslado e instalación del radar, si solo recibieron disposiciones superiores?

No puedo pronunciarme, estoy fuera de ese proceso, no me corresponde hasta que el caso llegue a mi conocimiento, si llega debo empezar desde cero. No conozco los motivos o la causa por los cuales enfrentan esas sanciones. No he revisado los expedientes de cada uno, no los conozco.

Cuánto durará la investigación por las faltas de los 25 militares, porque si no se cumplen los plazos de acuerdo con la ley y el debido proceso, pueden prescribir.

Puede tomar hasta un año, desde que se conoce la falta. Pero si no se cumplen los plazos pueden caer en indefensión. Si no se tramitan en los tiempos previstos, los procesos pueden prescribir y las sanciones también.

¿En este caso estamos en un nivel de establecimiento de faltas administrativas, no por temas relacionados con el atentado?

Así es.

Operaciones de control aéreo

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