Quién es y cuál es el papel de Piedad Córdoba en el caso de Álex Saab

El nombre de la política colombiana Piedad Córdoba comenzó a sonar con fuerza por sus presuntas vinculaciones con Álex Saab.

Después de la entrega del informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador sobre el caso a las autoridades colombianas, la exsenadora ha amenazado judicialmente al asambleísta Fernando Villavicencio.

Córdoba, de 66 años, fue señalada por la Procuraduría de Colombia de tener vínculos con las FARC. Por esta razón fue destituida de su cargo como senadora en 2010, tras una polémica investigación que terminó por ser revertida en 2016.

Ahora, el nombre de Córdoba suena con fuerza en Ecuador por sus supuestas vinculaciones con Saab, un oscuro empresario colombiano señalado de ser el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Saab enfrenta un proceso por conspiración para el lavado de activos en Estados Unidos, en el que se declaró no culpable.

Córdoba ha negado estos vínculos e incluso ha negado conocer a Saab. En una entrevista con FM Mundo, dijo que son mentiras que buscarían afectar la candidatura del también izquierdista Gustavo Petro.

Los señalamientos de Fiscalización a Córdoba

El informe de la Comisión de Fiscalización investigó el caso de Foglocons, la empresa de Álex Saab que lavó millones de dólares a través de fraudulentas exportaciones desde Ecuador.

Dentro de sus hallazgos, hay viajes en vuelos privados de Saab y su socio, Álvaro Pulido, desde y hacia Quito.

Uno de los viajes detectados por Fiscalización se realizó el 8 de julio de 2013, en una avioneta de matrícula N72LJ.

Según los registros de la Dirección de Aviación Civil de Ecuador, el vuelo salió de Quito hacia Bogotá con tres pasajeros: Saab, Piedad Córdoba y el hijo de Córdoba, Camilo Castro.

David Faraco, el piloto de la aeronave, ha sido identificado como "el piloto de confianza" de Saab. Su nombre apareció en la filtración de los 'FinCen Files', publicada en 2020.

Córdoba también aparece en otro vuelo privado, de acuerdo con los archivos de la Comisión de Fiscalización. Este tuvo lugar el 29 de septiembre de 2015, a bordo de la avioneta de martícula N39HJ, desde Quito hacia Bogotá.

En esa ocasión, los documentos de Aviación Civil revelan que Córdoba viajó acompañada de Olga Sánchez Gómez, directora de la Casa de la Mujer en Bogotá, según su perfil de LinkedIn.

Para este vuelo el piloto fue Varker Aular, también identificado como otro de los pilotos de confianza de Saab.

Avionetas ya rastreadas

Las dos avionetas que aparecen en los registros de la Aviación Civil han sido vinculadas a Saab, Pulido y sus socios.

La avioneta N39HJ, usada por Córdoba en 2015, sería controlada por Roswell Rosales, uno de los supuestos socios de Pulido y de Saab. Esta formaría parte de una pequeña flota aérea construida para su transportación, dentro de la que se encuentra también la avioneta en la que Saab fue detenido en Cabo Verde.

La avioneta N72JL, en cambio, aparece en un proceso penal en Estados Unidos. Esta aeronave estaba registrada a nombre de la empresa estadounidense Aircraft Guaranty Corporation, fundada por Debra Lynn Mercer-Erwin, quien es procesada en Houston, Texas, por delincuencia organizada.

Esta misma avioneta cambió luego a una matrícula venezolana YV3441. La aeronave fue detenida en agosto de 2020 en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos.

Según los documentos del proceso penal, a los que accedió PRIMICIAS, en su interior se encontraron:

• 18 rifles.
• Seis escopetas.
• 58 pistolas.
• Aproximadamente 63.000 municiones de diferentes calibres.
• USD 18.000 en efectivo.
• Un cheque por USD 2.628.

Gregory Mendez Palacios, el piloto del avión, se declaró culpable el 12 de abril de 2021, según el acuerdo disponible en el sistema judicial estadounidense. Mientras que Luis Alberto Patino Linares, el copiloto, no ha aceptado sus cargos.

Durante sus versiones, ambos hombres aseguraron que su objetivo era llevar esas armas a Venezuela.

Sin embargo, según el portal Armando.info, la aeronave posiblemente se iba a utilizar para un rescate a Saab, que había sido detenido en Cabo Verde un mes antes.

Una senadora cuestionada

Piedad Córdoba se ha mantenido cercana a los gobiernos llamados progresistas, sobre todo al fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

La cercanía de Córdoba con la temida exguerrilla de las FARC incluso le costó el cargo de senadora, al que había llegado en 1994.

La destitución de Córdoba fue planteada por la Procuraduría General de la Nación, con base en información extraída de los computadores alias 'Raúl Reyes, uno de los comandantes de las FARC que murió en el ataque en Angostura, en territorio ecuatoriano, por parte de las Fuerzas Armadas colombianas.

Dentro de los computadores, se habrían hallado pruebas de contactos de las FARC con Córdoba, a quien reconocían con el alias de 'Teodora'.

Según el procurador colombiano de la época, la senadora se extralimitó en sus funciones, hasta el punto de dar lecciones a los jefes guerrilleros en estrategia y manejo de rehenes.

Esto habría sucedido alrededor de 2007, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe la nombró mediadora en un proceso de liberación de rehenes que estaban en manos de las FARC.

Córdoba fue destituida y se le prohibió el acceso a un cargo público durante 18 años. Pero en 2016, el Consejo de Estado retiró la sanción disciplinaria en su contra, con el argumento de que no había pruebas.

La respuesta de Córdoba

La inclusión de Piedad Córdoba en el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, entregado en la Presidencia, el Senado y la Fiscalía de Colombia, generó su reacción inmediata.

Córdoba amenazó al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Villavicencio, con un proceso judicial.

Cordoba argumentó que es víctima de 'lawfare' o judicialización de la política, un término usado por los expresidentes autodenominados progresistas para hablar de sus casos de corrupción.

En un comunicado, aseguró que las acusaciones no tienen "fundamento fáctico".

"El enésimo montaje judicial en mi contra, no tiene otra finalidad que afectar mi buen nombre, mi derecho a hacer política, mi candidatura por el Pacto Histórico al Senado de la República y mi público apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro", dijo.

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