La seguridad es uno de los principales retos del Estado

Aunque todavía no se conocen los datos de noviembre y diciembre, según el promedio mensual, Ecuador cerró 2021 con la peor tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes de la última década. La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen Organizado (Unodc) dice que el principal medidor de la violencia e inseguridad en un país es -precisamente- esta tasa. Por esta razón, reducir esta cifra será uno de los principales desafíos del Gobierno en 2021. En el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, el Ejecutivo se planteó la meta de reducir la tasa de 10,6 a 10 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ese objetivo tendrá que replantearse, ya que 2022 se iniciará con una tasa por encima de los 13 casos.

El año 2021 comenzó con la masacre de 79 personas en centros de reclusión de Guayas, Cotopaxi y Azuay, originada por el enfrentamiento entre bandas del crimen organizado que se disputan el poder en las cárceles. Transcurría febrero y la situación carcelaria amenazaba con desbordarse. En julio de 2021, otro enfrentamiento dejaba 27 muertos, pero lo peor llegaría el 28 de septiembre, cuando 118 personas fueron asesinadas en la Penitenciaría del Litoral. En total, 323 detenidos han perdido la vida en masacres sin precedentes en el país.

El hecho provocó que el Gobierno declarara el estado de excepción en todas las cárceles del país. La emergencia, que incluyó la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en operativos de control, se extendió hasta el 28 de diciembre. Sin embargo, los cambios estructurales, como el mejoramiento del sistema carcelario, la reducción del hacinamiento y el respeto a la normativa del uso de la prisión preventiva, aún no se han aplicado. El gobierno de Guillermo Lasso anunció un proceso de pacificación a través del diálogo con las bandas criminales que están en las cárceles de Ecuador, que contará con la supervisión del régimen. Para 2022, el Gobierno tiene previsto realizar un censo penitenciario con el fin de determinar la situación de los detenidos.

Aunque las cifras de robos todavía se mantienen en niveles inferiores con relación a 2019, el año anterior a la pandemia, los casos han aumentado en su violencia.

En los últimos meses, han proliferado los casos de asaltos a personas y locales comerciales con armas blancas y de fuego. Incluso, hay víctimas mortales por oponerse a robos menores.

Otro de los desafíos del Gobierno, por esta razón, es reforzar el cuidado de la seguridad ciudadana y controlar la delincuencia común, en medio de una coyuntura que se requiere más atención para el crimen organizado y el narcotráfico.

A noviembre de 2021, Ecuador tenía 51.631 policías en servicio activo. Los mismos están distribuidos en distintas localidades, servicios y unidades en todo el país. Pero el contingente en las calles se redujo por la crisis carcelaria.

Por ejemplo, en Guayas hay 14.586 presos, que representan el 39% de toda la población carcelaria del país y están asignados 10.534 policías. Pero solo 5.500 uniformados quedan para cuidar las calles, investigar crímenes y otras actividades policiales.

Ya que los demás están en las cárceles o haciendo uso de vacaciones, días libres y otros permisos.

La noche del 13 de agosto de 2021, la Unidad Antinarcóticos de la Policía decomisó casi 10 toneladas de cocaína en una bodega ubicada en el sector Vergeles, en el norte de Guayaquil. En el sitio también hallaron 10 fusiles de largo alcance y municiones. La droga, valorada en USD 450 millones en el mercado ilegal, provino de Colombia e iba a ser llevada a México por los puertos marítimos de Guayaquil. La penetración en el país de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ha provocado el incremento de la violencia en el país, generada por la disputa de las rutas de la droga hacia Estados Unidos y Europa. Ecuador cierra este 2021 con 201 toneladas de cocaína decomisadas por la Policía Nacional, una cifra récord en relación a 2020, que terminó con 128 toneladas incautadas.

El 60% de la producción de cocaína de Colombia ingresa a Ecuador por la frontera y es embodegada en caletas ubicadas en Guayas, Manabí y Esmeraldas, para su posterior envío a los mercados internacionales. El ingreso de 'narcoavionetas' por el perfil costero de Ecuador, cuya misión es dejar el dinero y llevarse la droga, provocó que el régimen instalara un radar en el cerro de Montecristi, que dejó de funcionar días después por daños sufridos por una explosión. El gobierno aceptó que no podrá luchar solo contra el narcotráfico, por lo que pidió el apoyo de países de la región y la creación de un Plan Ecuador, en coordinación con Estados Unidos y la Unión Europea, un tema pendiente para 2022. Pero el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, desató la polémica al denunciar en PRIMICIAS la presencia de "narco generales", a quienes se les retiró las visas a ese país. Aunque no dio nombres de los implicados, sus declaraciones provocaron que el alto mando policial presentara sus declaraciones de bienes para que sean revisadas por las autoridades de control.

Hay un quinto componente en la crisis de seguridad, ajeno al Ejecutivo y las entidades de seguridad. Se trata de la justicia que no se da abasto por falta de dinero, jueces y fiscales. Según la Corte Nacional de Justicia, en Ecuador hay más de 5.000 causas judiciales represadas y pocos jueces penales para atenderlas. Las entidades que conforman la Función Judicial atraviesan su propia crisis. Según la Judicatura, entre 2019 y 2020, el Ministerio de Finanzas les recortó cerca de USD 20 millones de presupuesto. Esto provocó retrasos en mantenimientos de equipos de unidades judiciales, de la Corte Nacional de Justicia, así como la reducción de personal. Mientras que en la Fiscalía la situación no es diferente. En 2014, la entidad recibió USD 153,8 millones de asignaciones presupuestarias. El monto bajó a USD 138,8 millones en 2020, y en 2021 la asignación anunciada fue ligeramente superior. Para 2022 hay diversos desafíos, la Fiscalía, por ejemplo, necesita cerca de 800 fiscales más para trabajar al 100%. La Judicatura, en cambio, tiene pendientes varios procesos que necesitan de recursos. Por ejemplo, el nombramiento de jueces nacionales, la creación de los tribunales anticorrupción y los concursos para fiscales provinciales y agentes investigativos.