Pedro Delgado, cerca de una deportación que lo llevaría directo a la cárcel
El primo de Rafael Correa, y alto exfuncionario de su gobierno, tiene dos sentencias pendientes que suman 13 años de cárcel en Ecuador. Un problema migratorio en Estados Unidos aproxima su eventual retorno al país.
Pedro Delgado, entonces presidente del Banco Central, durante una entrevista con un medio estatal, en agosto de 2012.
Flickr: Sio El Ciudadano
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Ciudadano con presencia ilegal en los Estados Unidos, así cataloga el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Pedro Delgado. El expresidente del Banco Central fue detenido el 27 de agosto de 2021 en Miami, donde permanece bajo custodia de la justicia estadounidense.
Según información preliminar, Delgado debió presentarse el 30 de agosto de 2021 ante un juez de migración del Estado de Florida para que resuelva su situación.
PRIMICIAS mantuvo contacto con oficiales del ICE y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia (EOIR), con el objetivo era conocer el resultado de esa audiencia.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, los funcionarios de esas entidades no confirmaron la instalación o culminación de la misma.
El ICE, a través de un correo electrónico, respondió que lo único que se puede hacer público por el momento es que Delgado fue detenido como un ciudadano con presencia ilegal en Estados Unidos y que estará detenido hasta que se apliquen los procedimientos migratorios.
Causal de deportación
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis), la presencia ilegal es el período de tiempo en el que una persona permanece en Estados Unidos sin ser admitida legalmente.
En el caso de Delgado, su llegada a Estados Unidos fue en 2012 y dijo que visitaría ese país por la boda de su hijo. Pero, debido a sus problemas legales en Ecuador, nunca regresó.
Su arresto, según pudo conocer PRIMICIAS de manera extraoficial, es porque su visa caducó y estaba viviendo en ese país ilegalmente.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), vigente en Estados Unidos, dice que los oficiales de migración están en condición de arrestar y deportar a un extranjero que esté viviendo bajo ese estatus. La decisión final le corresponde a un juez.
Lo que todavía no se conoce es cuándo caducó la visa de Delgado. Ese dato es importante para determinar la sanción que la justicia estadounidense le podría imponer.
Luego de la deportación, un extranjero no podría volver a Estados Unidos durante tres años si su presencia ilegal duro más de 180 días. La sanción es de 10 años si la presencia pasó el año y permanente si el sancionado vuelve a ingresar a ese país sin cumplir la primera sanción.
Deportación antes que extradición
"No queremos ladrones, ni su plata en mi país", dijo Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, en un evento oficial en junio de 2020.
El funcionario estadounidense ofreció trabajar en conjunto para repatriar a los corruptos ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos. Sin embargo, al menos por la vía de la extradición, ese ofrecimiento no se ha concretado.
El caso de Pedro Delgado es el más claro ejemplo. El 9 de julio de 2012 y el 12 de julio de 2017, la Corte Nacional de Justicia envió a Estados Unidos las solicitudes formales de extradición. Hasta la fecha esos trámites no han avanzado.
En este momento es, más bien, un lío migratorio el que pone a Delgado como un candidato para una eventual deportación. Y eso lo acerca a cumplir sus deudas con la justicia ecuatoriana.
Las autoridades de ambos países no han confirmado si esta es una estrategia para acelerar los casos de ciudadanos ecuatorianos que están prófugos en ese país. Alexandra Vela, ministra de Gobierno, dijo que todavía no ha sido notificada de la detención de Delgado.
En ese país hay otro prófugo ecuatoriano de alto perfil. Se trata del excontralor, Carlos Pólit, quien reside en Miami y fue sentenciado por concusión en el caso Odebrecht. Pero su repatriación es más complicada porque es ciudadano estadounidense.
Un boleto a la cárcel
Delgado, además de ser primo del expresidente Rafael Correa, fue uno de sus funcionarios de más alto nivel en sus primeros años de gestión. Fue presidente del Directorio del Banco Central (BCE), presidió la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep) y también dirigió el Fideicomiso AGD.
En diciembre de 2012, Delgado renunció a esos cargos. En una rueda de prensa, admitió que había falsificado su título de economista de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, certificado que lo avalaba para dirigir el Banco Central.
Renunció y se fue a Estados Unidos con la promesa de volver y nunca lo hizo. Fue procesado por uso de documento falso, pero ese caso está pendiente, pues no puede ser juzgado en ausencia.
Pero la justicia sí lo pudo procesar en ausencia en otros dos casos en los que fue hallado culpable y por los que tiene dos sentencias en su contra. Según esos procesos, Delgado se benefició de dineros públicos y elevó su patrimonio.
Ambos casos son imprescriptibles. Por lo que, si regresa al país, sería arrestado en el aeropuerto y enviado a una cárcel ecuatoriana.
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Sentencia por peculado
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El 1 de octubre de 2014, Delgado fue sentenciado a ocho años de cárcel por peculado. Según la Fiscalía, Cofiec, banco del Estado que era manejado por el Fideicomiso AGD (presidido por Delgado), entregó un préstamo de USD 800.000 a Gastón Duzak sin garantías, ni documentación de respaldo. En medio del caso, Delgado dijo que la orden del préstamo vino de la Presidencia dela República. Ese dato no fue tomado en cuenta por la Fiscalía, que en esa época la dirigía Galo Chiriboga, otro personaje cercano al correísmo. Delgado dijo que su sentencia era un hecho y renunció a su defensa. Desde ese momento, su caso lo asumió una defensora pública.
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Sentencia por enriquecimiento ilícito
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La otra sentencia contra Delgado llegó en abril de 2019. El caso se originó en un examen especial de la Contraloría a sus declaraciones patrimoniales. El organismo de control detectó que entre 2009 y 2013, mientras formó parte del gobierno de Correa, Delgado incrementó su patrimonio en USD 394.427 y no legalizó el origen de esos fondos. Luego de una apelación, la sentencia fue ratificada en agosto de 2020.
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