Hay 280 niños y adolescentes sentenciados por delitos graves

La participación creciente de menores de edad en delitos como sicariato, robo, secuestro y extorsión enciende las alarmas de las autoridades de Ecuador.

Estos números hablan sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de bandas y grupos del crimen organizado.

Según la Policía, dos niños de 13 y 10 años habrían participado en el secuestro de una pareja el 12 de marzo en Quito.

Uno de los niños estaría vinculado al asesinato del policía Freddi Bonilla, en Tiwintza (Esmeraldas) el 13 de febrero de 2023, aunque su participación aún es investigada.

Según el ministro del Interior, Juan Zapata, la Policía ha detenido en lo que va del año a 497 menores de edad.

La lista de delitos incluye el sicariato, el microtráfico de drogas, el robo, la tenencia de armas y hasta el asesinato.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) confirmó a PRIMICIAS que en Ecuador hay 391 menores de edad recluidos en 10 centros de Adolescentes Infractores (CAI).

De ellos, sostiene el SNAI, 280 tienen sentencia por violación, robo y asesinato -en ese orden-, mientras que 105 están con medidas preventivas. Los demás casos están bajo investigación.

Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de este año, unos 17 menores de edad ingresaron a los CAI por varios delitos, según el SNAI.

¿Y los controles?

La mañana del 19 de septiembre de 2022, Cristian D., de 16 años, participó en el asesinato del fiscal de Garantías Penales, Édgar Escobar, a pocos pasos de la Fiscalía de Guayas, en el parque de La Merced, en el centro de Guayaquil.

Por orden de una jueza el adolescente había salido del CAI de esta ciudad, donde estuvo internado por robo, tres meses antes del crimen de Escobar.

La jueza le cambió a Cristian D. la resolución de internamiento por medidas preventivas.

Según la orden judicial, Cristian D. debía asistir a cuatro meses de charlas y capacitaciones, como parte de la rehabilitación del SNAI para adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Sin embargo, Cristian D. solo acudió a las charlas un mes y medio, hasta que reapareció vinculado al crimen de Escobar. Nadie le estaba haciendo seguimiento a su caso.

Niños en peligro

El ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Esteban Bernal, explica que se necesita una orden judicial para que los niños y adolescentes implicados en delitos puedan ir a casas de acogida, que actualmente albergan a 2.265 menos de edad en todo el país.

"La gran mayoría están allí por maltrato y por abandono", explica el ministro, quien menciona que existe un protocolo para la reinserción de los jóvenes en su entorno familiar.

Agrega que este es un problema estructural y que una de las medidas que ha tomado el Gobierno es trabajar en programas paralelos, como Creciendo con Nuestros Hijos, en sectores vulnerables.

El objetivo, asegura el funcionario, es trabajar con niños de escasos recursos para evitar que sean reclutados por las bandas criminales.

"Tenemos a 4.824 educadoras en el país que van todos los días a sectores vulnerables que se han convertido caldos de cultivo para las bandas delincuenciales", informó Bernal.

Se trata de niños que, además de vivir en la pobreza, crecen en hogares disfuncionales.

Las estadísticas del MIES dan cuenta de que en Ecuador hay 240.000 niños y adolescentes en condiciones de mendicidad, trabajo infantil y movilidad humana.

La reinserción

El SNAI explicó a PRIMICIAS que los menores de edad aislados por delitos o contravenciones se someten al Modelo de Atención Restaurativo "que promueve su rehabilitación, reeducación, resignificación, formación integral y su reintegración social".

Y para ello cuentan con cinco ejes de atención:

• Eje educativo.
• El eje salud.
• Actividades ocupacionales y laborales.
• Las actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas.
• Vinculación familiar y comunitaria.

Así, los adolescentes "se mantienen en procesos efectivos de atención integral en pro de su reeducación y posterior reintegración social", dice el SNAI.

Y reciben acompañamiento social, terapéutico y psicológico. Pese a todos estos esfuerzos, no hay una política de seguimiento y de acompañamiento que garantice que los niños no volverán a ser usados por los delincuentes.