El 67% de muertes violentas relacionadas con el narcotráfico sigue en la impunidad

El aumento incontrolable de muertes violentas en Ecuador va a la par de la impunidad para resolver los casos. En muy pocos hechos se ha logrado establecer los vínculos económicos de las estructuras delictivas, la captura y sentencia de los responsables.

De enero de 2019 a 2022, la Fiscalía registra 13.157 causas por los delitos de asesinato, delincuencia organizada, homicidio, sicariato y tortura en el país. Son delitos que guardan relación con las muertes violentas y el crimen organizado.

De estos, 747 denuncias han logrado una sentencia condenatoria.

La mayor cantidad de casos (8.773) reposa en la etapa de investigación previa, eso significa que el 67% de las muertes violentas sigue en la impunidad.

La raíz de este problema tiene varias aristas y una de ellas es que los actos delictivos de las mafias también han rebozado al sistema judicial. 

Guayas, la provincia con la mayor cantidad de muertes violentas (4.461 entre 2019 y 2022), tiene apenas 10 fiscales en la Unidad de Personas y Garantías, encargados de investigar estos hechos.

“Nosotros lo que investigamos son los delitos, los hechos que se cometen en el momento”, dice el fiscal del Guayas Víctor González. 

Por ello, Jacobo Dayán, experto de la Comisión mexicana de Defensa y Derechos Humanos, cree que “si las Fiscalías están al tope, pues se debería recurrir a mecanismos extraordinario de justicia como ha ocurrido en Guatemala o Colombia".

Es decir, Dayán habla de una Fiscalía independiente y acompañada de la cooperación internacional. Pero la investigación sería “por fenómeno y no por caso, buscando a los máximos responsables”, dice el experto.

Pocas veces se detiene a los cabecillas 

Incluso en aquellos casos que tienen atención mediática importante, “el Estado reacciona para demostrar algún tipo de independencia a estos grupos, deteniendo a los autores materiales, pero nunca a los altos responsables, ni los vínculos económicos y políticos”, asegura Dayán.

Es el caso, por ejemplo, de Efraín Ruales, en el que se sentenció hasta 34 años de prisión a dos de los seis procesados que dispararon, pero no a los que ordenaron su asesinato. 

La justicia ecuatoriana todavía no ha revelado las causas económicas, políticas o personales que motivaron este crimen, ni las identidades de los autores intelectuales.

“Esas bandas no operan solas y en el momento que empieza una espiral tendría que haber una solución integral, sino la descomposición es casi irrefrenable, y revertirlo después es complejo”, dice Dayán.

“Luego la clase política va a buscar aumentos de penas, dirán por narcotráfico o secuestro 50 años, como si aumentar penas es la solución.

Jacobo Dayán, experto mexicano.

Las experiencias de Colombia y Guatemala

“La justicia transicional” es una medida que diferentes países han utilizado para dar solución a las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en un conflicto armado. 

Hay dos experiencias recientes en América Latina donde se han conformado tribunales independientes al sistema judicial para investigar hechos concretos. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de Colombia, que se creó como parte de los acuerdos de paz con la guerrilla.

“Colombia tiene a la Fiscalía que revisa casos como cualquier Fiscalía de otro país, y tiene un mecanismo extraordinario de justicia, que está analizando fenómenos relacionados con los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las FARC y agentes del Estado”, señala Dayán.

La JEP tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en ese país durante más de 50 años de conflicto armado. Ha abierto siete macrocasos, como la toma de rehenes, asesinatos, el reclutamiento de niños y adolescentes, donde hay más de 800.000 víctimas.

En 2022, se prevé las primeras sanciones a los máximos responsables de exguerrilleros de las FARC en los casos de secuestro y falsos positivos.

Mientras que en Guatemala se conformó la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig). “Se creó en conjunto con la Organización de Naciones Unidas que buscaba fortalecer y coadyuvar al sector justicia para mejorar y procesar casos de investigación penal”, describe el periodista guatemalteco Juan Manuel Castillo.

Guatemala tuvo una guerra de 36 años contra las guerrillas, y la Cicig ayudó a esclarecer los crímenes y violaciones a los derechos humanos.

“La Cicig fortaleció al Ministerio Público y estaba destinada a investigar estructuras criminales en las que participaron políticos, funcionarios y empresarios, lo que antes no se había logrado. Los primeros casos fueron el de la banda del 'Mariachi Loco', jefe de una comisaría de policía”, dice el periodista Castillo. 

Uno de los resultados más sonados internacionalmente fue la detención del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, acusado de enriquecimiento ilícito en su mandato gracias a una sofisticada red de contrabandos en las aduanas del país. Es el caso conocido como “La Línea”. 

En 12 años de funcionamiento, la Cicig determinó que la corrupción estaba enquistada en el sistema y que se ha dado la "captura del Estado por parte de grupos de poder” que buscan perpetuar la impunidad.

“Pero la percepción del trabajo de esta comisión dependerá de a quién se le pregunte, pues muchos creen que aunque destapó casos de corrupción, se politizó en el camino y se volvió un ente demasiado mediático y sus detractores consideran que hubo una extralimitación de funciones”, añade Castillo.

Pero en Ecuador las investigaciones funcionan de manera diferente como menciona el fiscal González.

“No tenemos atribuciones para investigar los casos como fenómeno, buscar por qué estos hechos se suscitan. Vamos a lo real, si hoy hubo un asesinato, se recaban estos indicios, se sortea a una fiscalía especializada e investigamos qué pasó y cuáles fueron los móviles”, dice el Fiscal.

Por ello, difícilmente se llegará a los cabecillas de las bandas, ni se tocará su estructura criminal o se cortará sus fuentes de financiamiento como el lavado de dinero, el motor de negocios ilícitos y la impunidad en el país.