Cárceles: Menos hacinamiento y más guías para intentar controlar la violencia
El sistema carcelario cerró junio de 2022 con un hacinamiento del 8%. Cuando la crisis empezó en 2019, ese porcentaje superaba los 40 puntos. Esta es una de las principales apuestas del Gobierno para enfrentar la emergencia. Además, en noviembre ingresarán 1.400 nuevos guías.
Aspirantes a guías penitenciarios durante el inicio del curso de formación, el 11 de julio de 2022, en Tambillo.
Flickr / Presidencia
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El 1 de julio de 2022, en la Cárcel de Loja, fue la última vez que el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) tuvo que reportar el fallecimiento de una persona en las prisiones del país. Se trataba de un detenido que formó parte de incidentes luego de una requisa de rutina.
Las cárceles siguen siendo un foco de violencia criminal. Solo en 2022, ha habido dos masacres. En abril, en Cuenca, hubo 20 muertos. Y a inicios de mayo, en Santo Domingo, otros 44 reos fueron asesinados.
El Gobierno, por su parte, mantiene su plan. El Ejecutivo busca hacer una reforma integral al sistema penitenciario que incluye:
- La aprobación de una política pública con énfasis en derechos humanos
- La reducción del hacinamiento
- El incremento y mejora de las condiciones de la planta de los guías penitenciarios.
Los datos muestran que el Ejecutivo sí ha tenido avances, aunque los resultados -en términos de seguridad- todavía no son los mejores. Tampoco se ha avanzado la contratación de obras de infraestructura.
Menos presos
Cuando la crisis empezó en mayo de 2019, las autoridades señalaron a la sobrepoblación carcelaria como el enemigo a vencer. En ese momento, el hacinamiento era del 40%.
Durante el Gobierno de Lenín Moreno, el hacinamiento llegó al 30%. Y en los primeros 13 meses de administración de Guillermo Lasso, la reducción es notable. Según los datos del SNAI, a junio de 2022 el porcentaje cerró en 8,72%.
El Gobierno aplicó dos estrategias para lograr esta reducción. Primero, Lasso firmó tres decretos ejecutivos de indultos masivos a presos con enfermedades catastróficas, por delitos menores e infracciones de tránsito. Al menos, 800 personas dejaron las prisiones por esta vía.
Pero, la mayor parte de los casi de 6.000 presos que salieron de las cárceles desde mayo de 2021 lograron los beneficios penitenciarios. Se trata de las prelibertades y cambio a regímenes semiabiertos.
Lasso aseguró que en el SNAI había una corrupción generalizada: los expedientes estaban amontonados y no se tramitaban. Ahora, según dijo, se ha logrado agilizarlos a través de convenios con la Defensoría Pública y la Judicatura.
Más guías
El otro problema del sistema penitenciario es la falta de guías. El Gobierno arrancó su gestión con 1.500 agentes para cerca de 40.000 presos. Es decir, en promedio cada guía estaba a cargo de 26 reclusos.
La recomendación internacional, emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que se adscribe el SNAI, establece que debe existir, al menos, un guardia por cada 10 reclusos.
El 11 de julio de 2022, 1.400 aspirantes en todo el país ingresaron al curso de formación. Se espera que estos nuevos guías se integren al trabajo formal en noviembre de este año. Si esto se logra y la población carcelaria se mantiene a los niveles actuales, el promedio sería de 11 presos por cada guardia.
Y para 2023, anunció Lasso, se incorporarán 1.000 agentes más. Con esa graduación, la planta de guías llegaría a 4.000 y el promedio a ocho reos por cada uno. En ese escenario se habrá cumplido con el estándar internacional.
La Policía Nacional espera que con la incorporación de más guías mejore la seguridad en las cárceles que, por ahora, es la tarea pendiente. Además, los policías podrían liberarse un poco de la responsabilidad asociada a las cárceles.
Lasso aseguró que está listo el financiamiento para insumos y sueldos de los nuevos guías. Incluso, ya hay un proceso de contratación en marcha: por USD 339.485, el SNAI está comprando uniformes para los guías.
Se trata de buzos, pantalones, camisetas y botines para unos 1.500 guías. El contrato ya fue adjudicado al proveedor Cristian Machado, quien tiene otros 24 contratos con el Estado desde 2010. Ha confeccionado uniformes y prendas para entidades, sobre todo, educativas.
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