Mafia interna vulneró sistema informático para escoger jueces a su gusto

Nota actualizada el 21 de marzo de 2022, con un comunicado enviado por el Consejo de la Judicatura.

Una red delictiva que ha operado por años en la función judicial vulneró el sistema de sorteos para direccionar, al menos, 219 causas a jueces "convenientes".  

Desde por lo menos 2020 esta red vulneraba los sistemas internos para hacerlo, es una de las últimas constataciones de la Fiscalía que desde hace dos años investiga la manipulación informática de sorteos, en la que están involucrados jueces, funcionarios judiciales y abogados.

Los abogados involucrados, por ejemplo, pertenecen en su mayoría a influyentes estudios jurídicos, especialmente de Guayaquil. 

A pesar de que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) asegura que el sistema informático ha sido blindado para evitar más vulneraciones, fuentes cercanas a la investigación estiman que el riesgo de nuevos ataques sigue latente.

Jueces a la carta

Uno de los principales involucrados es el juez del Tribunal de lo Contencioso Tributario de Guayaquil, José Luis L., cuyo despacho y domicilio fueron allanados hace tres semanas por la Fiscalía.

A través de peritajes informáticos, los investigadores pudieron establecer que este juez es uno de los usuarios que ingresó al sistema para direccionar causas, por fuera del trámite automatizado.

Tres de los procesos identificados con la manipulación de sorteos fueron direccionados a su Tribunal. Se trata de los casos impulsados por tres empresas privadas contra del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas.

Las autoridades del CNJ aseguran que el sistema no ha sido vulnerado desde julio de 2021, luego de que saliera a la luz la manipulación de sorteos en unas 16 causas, incluida una presentada por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda.

Juristas consultados y exfuncionarios del CNJ que investigaron las irregularidades, así como informes técnicos revisados por PRIMICIAS, evidencian que todavía existe un alto riesgo de que las demandas sean direccionadas a jueces específicos, usando las mismas artimañas.  

Pese a las persistentes denuncias de vulneraciones y de corrupción, que datan de 2019, los sorteos han sido manipulados para beneficiar a quienes prefieren no correr el riesgo de perder en un litigio, sino jugar a la segura, con jueces escogidos a la carta.  

Hace dos semanas, la investigación pasó manos de la fiscal Diana Salazar por la participación del juez de Guayaquil, que tiene fuero de Corte Superior.

Amañados hace décadas

Las denuncias sobre la manipulación de los sorteos no son recientes: se remontan a la época cuando este proceso se hacía de forma manual, hace ya más de dos décadas.

A inicios de 2000 los sorteos manuales dieron paso al sistema automatizado, pero la manipulación continuó, cobijada por la implementación del Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE).

Con los años, el SATJE empezó a colapsar, desbordado por la abultada carga procesal.

En 2019, la Dirección de Gestión Procesal del CNJ envió un informe al entonces presidente Marcelo Merlo, alertando sobre las vulnerabilidades del SATJE.

Aquel reporte advierte que dos años antes ya había existido una propuesta para la habilitación y uso de la opción "Ingreso Histórico" en el módulo de sorteos, junto a la restricción de los permisos otorgados a los coordinadores para realizar cambios.

En 2018 también se detalló un listado de todos los riesgos en el SATJE y se solicitó correctivos, que no se aplicaron.

Para 2019 los técnicos volvieron a insistir, pues el sistema tenía vulnerabilidades en los sorteos, en el ingreso de causas, de flagrancias, en el módulo de reasignación, en el aplicativo de cambio de firmantes y en la desactivación de juicios.

Un modo de vida

Para el jurista Germánico Maya, expresidente del CNJ, la manipulación de los sorteos se volvió una práctica sistemática, vigente durante años, que no se ha solucionado por un motivo.

"Es el medio de vida de muchos miserables, que se han beneficiado de la venta de sorteos, de traficar sentencias y de agilizar procesos aprovechándose de un sistema obsoleto, totalmente desfasado, fácilmente manipulable", dice. 

Para el presidente del CNJ, Mauricio Murillo, los problemas en los sorteos de causas no se deben solo a vulnerabilidades o fallas en el sistema, sino a su uso inadecuado por parte de servidores judiciales encargados del ingreso de causas.

"Hay que precisar -agrega- que el sorteo de demandas, denuncias, solicitudes y cualquier acto que dé inicio a un proceso es atribución exclusiva de los técnicos de ventanilla o de quien cumpla esas funciones. Es su responsabilidad la selección correcta de la opción por la que se realiza el ingreso de los procesos según su naturaleza", agrega.

Y el jurista Kléver Araujo, quien desde 2000 ocupó distintos cargos directivos en el CNJ, opina que las irregularidades de los sorteos están directamente relacionadas con la precariedad del sistema.

"El SATJE opera desde hace casi dos décadas, pero sus soportes técnicos no han sido modificados. Es como tener un Mustang, modelo 2003, al que le quieren poner un motor de 2022", explica.

Y concluye que el sistema "nunca va a funcionar bien porque no está diseñado para procesar toda la carga de procesos y de trámites que recibe la función judicial. La solución no pasa por aumentar servidores y su capacidad, sino por cambiar el sistema". 

11 judiciales destituidos

Entre 2019 y 2022, el Pleno del CNJ ha destituido a 11 servidores judiciales, incluidos dos jueces, por realizar el sorteo de causas al margen de la ley. Hasta el momento, no se ha sancionado penalmente a ningún funcionario por este motivo.

La única causa penal relacionada con sorteos ilegales se inició contra la exjueza María Belén Domínguez, por un supuesto delito de tráfico de influencias. Ella está siendo procesada porque presionó a los servidores judiciales de su despacho para que ingresaran de manera ilegal una Acción de Protección, a favor del exalcalde Jorge Yunda.

Existen investigaciones previas contra otros tres jueces, quienes conocieron acciones constitucionales que fueron ingresadas de manera ilegal.

Los jueces investigados, por denuncia del CNJ ante la Fiscalía, son Carlos Soto Jiménez, Esteban Calderón Moscoso y Byron Andrés Vallejo.

Los informes sobre estos ilícitos empezaron a tomar cuerpo en 2020, cuando la Dirección de Transparencia y otros departamentos detectaron 120 casos que siguieron un mismo patrón.

La mayoría de estos casos fue ingresado al sistema como delitos flagrantes para jueces determinados, aunque se trataba de acciones constitucionales, de acciones de protección y habeas corpus. Los casos se ingresaron, en general, en horas y días no laborables.   

"Funcionarios de Tecnología empezaron a enviar denuncias sobre los sorteos amañados en Guayaquil. Instalaron alertas en el sistema para detectar intromisiones en el momento de los sorteos", relató un técnico de la Judicatura, que pidió reserva y fue parte de la investigación.

El modus operandi era el siguiente:

• Una vez que el demandante acordaba el direccionamiento con la red delictiva, el proceso se presentaba en la ventanilla de cualquier unidad judicial.
• El funcionario llenaba el formulario en el sistema y, en segundos, operaba un programa, creado por un informático, que desactivaba las notificaciones automáticas a la mayoría de jueces, direccionando la causa a un juez con quien se había acordado previamente (se presume con el pago de una coima) que fallara a favor del demandante.

Así, los técnicos de la Judicatura en Guayaquil rastrearon los casos encausados ilícitamente desde un computador virtual, fuera de las unidades judiciales. Un análisis interno del CNJ identificó 119 procesos donde se aplicó el mismo patrón.

Quiénes sacan provecho

En más del 90% de los trámites se beneficiaron entidades privadas y personas naturales, en perjuicio de instituciones públicas, que perdieron las acciones interpuestas y, con ello, decenas de millones de dólares.

Una de las autoridades que participó en la elaboración del diagnóstico de febrero de 2020 dijo que recomendaron que inmediatamente se generaran políticas eficaces.

Políticas que incluían la eliminación de la discrecionalidad de ciertos operadores en los sorteos, la depuración y limitación del acceso de usuarios activos y de administradores para reducir el riesgo de manipulaciones.

El 28 de febrero, el CNJ presentó la denuncia en la Fiscalía, que básicamente ha ido corroborando los ilícitos e identificando muchas más vulneraciones, así como la forma en que operaba la red y todas las complejidades informáticas del sistema paralelo que usaban.

En los peritajes realizados durante la investigación previa se determinó que nueve de 25 jueces recibieron la mayoría de procesos direccionados.

Un solo juez obtuvo 46 casos constitucionales, civiles, tributarios, penales y laborales. Otros dos ministros obtuvieron 33 y 28. En promedio otros jueces recibieron nueve causas.

Dos casos que llaman la atención fueron presentados por exempleados del Banco Central y de la empresa de seguros Interoceánica.

El primer proceso fue direccionado, en diciembre de 2019, como una acción de protección, hacia el juez laboral de Guayaquil Luis Alberto Quintero Angulo.

El juez aceptó la acción constitucional y falló a favor de 33 exempleados del Banco Central, disponiendo que fueran indemnizados con el pago de USD 25 millones, aunque ya habían sido liquidados 18 años atrás, cuando fueron separados de la entidad.

En la otra demanda, la aseguradora Interoceánica revirtió, bajo el mismo esquema de sorteos direccionados, un proceso de liquidación forzosa ordenado por la Superintendencia de Compañías.

La causa ingresó a la sala especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Guayas y, en enero de 2020, se resolvió como una acción de protección en un juzgado laboral.

Además de dejar sin efecto jurídico la liquidación de la aseguradora, el juez ordenó a la Superintendencia que se abstuviera de expedir otros actos administrativos que obstaculizaran las actividades de la compañía.

Es decir, este juez blindó a la aseguradora de cualquier actuación posterior del máximo organismo de control.

Dos años de silencio

"Lo insólito es que el pleno del CNJ se limitó a presentar la denuncia, pero no aplicó las medidas internas recomendadas para impedir que los sorteos sigan siendo manipulados", dice el funcionario que participó en la investigación.

Es más, en marzo de 2020 el director general del CNJ, Pedro Crespo, dispuso que la Dirección de Talento Humano trazara políticas, procesos, procedimientos y controles para la activación y desactivación de puestos de trabajo.

Así como la activación y desactivación para sorteos de jueces, previa a los sorteos; asignación de usuarios (principal y suplente); y depuración de los usuarios autorizados a nivel nacional que tengan claves de acceso al Módulo respectivo.

"Pese a que el diagnóstico estaba claro, las autoridades del CNJ siguieron pateando la pelota hacia adelante, sin tomar decisiones oportunas ni crear protocolos para frenar los ilícitos, que siguieron ocurriendo hasta 2021", dice otro abogado, parte del equipo que elaboró el informe.

Y, en abril, los directivos pidieron una nueva auditoría a la Dirección de Tecnología, que en mayo de 2020 fue desestimada por recomendación de la Subdirección de Asesoría Técnica, “ya que la estructura legal definida por la emergencia sanitaria no permite contratar un procedimiento que no es necesario para cumplir con objetivos institucionales”.

Atacan de nuevo

A mediados de 2021 las denuncias sobre los sorteos direccionados salieron nuevamente a la luz.

Investigaciones internas de la Dirección de Transparencia detectaron 16 nuevos casos, pero esta vez la mayoría se presentó en las provincias de Pichincha, Pastaza y Los Ríos.

PRIMICIAS revisó los procesos y confirmó que también se aplicó el mismo esquema de direccionamiento en los sorteos.

Catorce de los casos se iniciaron como procesos verbales sumarios por cobro de honorarios de abogado, y luego se tramitaron como acciones de protección. Las demandas ingresaron a altas horas de la noche o en la madrugada.

Dos de los procesos se ingresaron en Los Ríos y Pastaza.

En Los Ríos uno de los trámites llegó al juez Juan Aguilar, tipificado como un delito flagrante, a las 23:44.

Luego se formalizó como una medida cautelar solicitada por el hoy titular del CNJ, Fausto Murillo, en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que en abril del 2021 lo removieron del cargo de vocal de la Judicatura, por un impedimento legal confirmado por el Ministerio de lo Laboral.

Tras ser removido, Murillo presentó una acción de protección para que se revocara su remoción. El juez Henry Navarrete negó ese recurso en mayo de 2021. 

Pero, un mes después, un Tribunal de la Corte de Pichincha ordenó que Murillo fuera reintegrado y que recibiera una reparación económica.   

Similar suerte corrió la denuncia interpuesta, como delito flagrante en Pastaza, por la vocal del CNJ, Ruth Barreno.

El caso se tramitó como una acción de protección contra la fiscal Diana Salazar, quien había dispuesto que Barreno se reintegrara a su cargo de fiscal, pues se hallaba en comisión de servicios en el CNJ, desde 2019.

La acción fue aceptada a favor de Barreno, que sigue ejerciendo el cargo de vocal en el CNJ, en pugna abierta con la fiscal Salazar.

Murillo se defiende

Al ser consultado sobre el trámite en Los Ríos, Murillo explicó que su cargo como vocal del Consejo de la Judicatura tiene competencia nacional y que la resolución que pretendía removerlo también tenía esos efectos.

"Bajo estas consideraciones, cualquier juez del país era competente para conocer la acción de protección".

Fausto Murillo

"Cuando fui notificado con la remoción, me encontraba trabajando con mi equipo distribuido en todo el país. Por la urgencia y la gravedad de la medida, se presentó la acción de protección lo antes posible, en el lugar más cercano donde me encontraba con mi equipo y mi abogado".

La acción de protección -añadió Murillo- fue presentada el 24 de abril, a las 14:00 y no a la medianoche. La fecha y hora de ingreso fueron debidamente verificadas en la investigación disciplinaria que se realizó.

"Lo que ocurrió en este caso es que, por intermitencia el sistema de ingreso de causas, se produjo un retardo, tanto en el ingreso de la Acción de Protección al sistema como en la notificación de la resolución adoptada por el juez que tramitó la causa", explica.

Sobre este caso se realizaron tres investigaciones disciplinarias, dice el Presidente de la Judicatura, y todas fueron archivadas porque en ninguna se encontraron elementos que indicaran faltas disciplinarias o irregularidades en el sorteo de la acción.

Murillo explica que, actualmente, el sistema de sorteos está protegido y cuenta con protocolos para impedir su vulneración.

Sobre el SATJE asegura que cuenta con pistas de auditoría que garantizan la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la información.

En 2021, se realizó un proceso de seguimiento y control del sorteo de causas a escala nacional. "Tras la revisión de más de 5.000 causas, no se encontraron vulneraciones al sistema".

El SATJE se queda

Actualmente, agrega Murillo, está en ejecución una segunda fase del proceso de seguimiento y control del correcto uso del SATJE, que arrancó en octubre de 2021.

Para asegurar el uso adecuado del sistema, según información oficial, el Consejo ha desarrollado capacitaciones y ha emitido directrices para garantizar que se cumpla con el procedimiento vigente para el sorteo e ingreso de causas.

Esto sobre todo en lo relacionado con acciones constitucionales presentadas fuera de la jornada laboral y al ingreso de causas flagrantes.

Periódicamente, las unidades provinciales de Talento Humano realizan la depuración de los roles de los servidores judiciales que tienen acceso al SATJE.

Así, según la Judicatura, cada funcionario accede a los módulos y funcionalidades, de acuerdo con el cargo que ocupa y con las responsabilidades asignadas.

Sobre las denuncias de fallas estructurales del SATJE, Murillo agrega que el equipo informático de procesamiento y conectividad del Centro de Datos está operativo; sin embargo, como todo equipo tecnológico, necesita ser renovado, por lo que desde 2018 se han solicitado los recursos correspondientes.

Para este año, existe un presupuesto para renovar el equipo de procesamiento, almacenamiento y conectividad. Según la Judicatura, en vista de que no han detectado nuevas vulneraciones, el SATJE no será cambiado.

Nota de la redacción. Con fecha 25 de febrero de 2022, el Consejo de la Judicatura envió una comunicación a PRIMICIAS en la que hace algunas precisiones respecto de la acción de protección interpuesta, en diciembre de 2021, por la vocal Maribel Barreno en contra de la decisión de la Fiscalía de dar por terminada su comisión de servicios.

Según la Judicatura, la acción de protección presentada por la Vocal Barreno, así como el correspondiente sorteo, fueron efectuados de forma lícita. "No existió manipulación alguna del sistema eSATJE de la Función Judicial o direccionamiento del mencionado proceso judicial", dice el documento.

La Judicatura explica, también, que no existe una pugna entre la vocal Barreno y la Fiscal General, Diana Salazar. "Ejercer un derecho constitucional como lo hizo la doctora Maribel Barreno no implica que haya confrontaciones de ningún tipo, y es un ejercicio que todo ecuatoriano o ecuatoriana puede realizar cuando considera que existe una afectación a sus derechos, sin que esto implique ninguna pugna abierta con la persona o entidad ante quien la acción se presenta".

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