Lobby de activistas digitales por casos de 'Pruebas PCR' y de 'Ola Bini'

Se trata de dos casos penales que están en etapa de juicio en Ecuador. Ambos han alcanzado notoriedad mediática por sus implicaciones políticas.

Por un lado, en el caso Pruebas PCR se juzga un presunto delito de peculado en la compra de pruebas de diagnóstico de Covid-19. Son acusados 14 personas. En la lista resaltan Jorge Yunda, exalcalde de Quito; y Ximena Abarca, reconocida científica y exsecretaria de Salud de la Alcaldía.

En el otro caso, el acusado es Ola Bini, un experto informático sueco. Se lo juzgará por un presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático. Al inicio del proceso, las autoridades vincularon a Bini con el famoso hacker australiano, Julian Assange.

Más allá de las conductas penales que la Fiscalía persigue, estos procesos tienen una particularidad: en los dos la discusión legal pasa también por términos y asuntos técnicos muy específicos relacionados con las ciencias de la salud y la informática.

Por esta razón, grupos científicos y activistas digitales han comenzado una especie de campaña de 'lobby' internacional para dejar en evidencia supuestas irregularidades que, según ellos, existirían en los procesos.

El caso Pruebas PCR

El proceso se refiere a posibles irregularidades en el contrato de USD 4,2 millones entre el Municipio de Quito, durante la gestión de Yunda, y la empresa Salumed. El objeto del contrato fue la compra de 100.000 pruebas PCR para diagnóstico de Covid-19.

El juicio se instaló el 29 de septiembre de 2021, y tras 15 días de audiencia, el 21 de octubre se suspendió por una demanda de recusación. El exalcalde Yunda demandó a Fabián Fabara, uno de los jueces que conforman el Tribunal, por supuestamente estar parcializado.

La audiencia de la recusación será el 1 de diciembre de 2021. Ese día, los jueces Wilson Lema y Patlova Guerra definirán si Fabara puede continuar en el caso. Posteriormente, se reanudará el juicio.

Más allá de las implicaciones políticas y de corrupción, por la presencia de Yunda en la lista de acusados, el caso tiene un componente científico.

Uno de los reparos de la Fiscalía es por el tipo de pruebas que se contrató. La Alcaldía de Quito buscaba comprar pruebas de tipo PCR y Salumed entregó del tipo RT-Lamp.

En el proceso, el Ministerio Público ha adjuntado, como pruebas, informes que demostrarían que las RT-LAMP son menos eficaces para diagnosticar el virus.

Además de Yunda, entre los acusados hay dos científicas: Ximena Abarca y Linda Guamán, quien fue coordinadora técnica de la Secretaría de Salud en la etapa de ejecución del contrato con Salumed.

Ambas han recibido respaldo de la comunidad científica nacional e internacional.

El último espaldarazo vino de la publicación especializada Science. Esta organización, fundada en 1880 con capital inicial de Thomas Edison, publicó un artículo dedicado al caso Pruebas PCR.

Según el artículo, el sistema "LAMP es mucho más rápido que la PCR porque no necesita ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento, pero tiene problemas para detectar niveles muy bajos de virus en una muestra".

A nivel local, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas desarrolló una campaña de apoyo a Guamán y a Abarca. Además, los rectores de 20 universidades ecuatorianos rechazaron las acusaciones a las científicas a través de una carta pública.

El caso Ola Bini

Entre el 19 y el 21 de enero de 2022, el experto informático sueco, Ola Bini, será juzgado por un supuesto acceso ilegal a un sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

La principal prueba que tiene la Fiscalía salió del teléfono del propio Bini. A través de las cámaras de seguridad del departamento del sueco, la Fiscalía pudo descifrar la clave de su teléfono.

En ese dispositivo, según el Ministerio Público, había unos 45.000 documentos. Entre ellos estaba una fotografía que evidenciaría que el experto informático entró sin permiso a un router de la CNT.

Bini había enviado esa fotografía a Ricardo Arguello, quien también estuvo procesado en el caso, pero ya fue sobreseído. "Mira, estoy aquí", le decía Ola Bini el 8 de octubre de 2015. Él respondía que eso era un ruteador y que iba a hablar con su contacto en CNT.

Alrededor de Bini se ha activado una comunidad internacional que pide criterios técnicos en su juzgamiento. El grupo está conformado por unas 15 agrupaciones especializadas en temas informáticos.

Esta coalición está liderada por la Electronic Frontier Foundation (EFF) que es reconocida como la principal organización sin ánimo de lucro dedicada a defender las libertades civiles en el mundo digital. Se creó en 1999.

Sobre la imagen que la Fiscalía utiliza como prueba, EFF asegura que "en lugar de demostrar que Bini se entrometía en los sistemas de la red telefónica ecuatoriana, muestra el rastro de alguien que visitó un servidor de acceso público, y luego obedeció educadamente a las advertencias de los servidores sobre el uso y el acceso".