42 policías enfrentan otra vez a la justicia por supuestas torturas en cárcel de Turi

Eran cerca de las 10:00 del 31 de mayo de 2016 cuando unos 80 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional ingresaron a la Cárcel de Turi, en Cuenca.

Su misión era realizar una requisa de objetos prohibidos, como licor, armas y celulares. Estos operativos ocurren con regularidad en las prisiones, pero la acción de ese día se alejó de la rutina.

Los uniformados ingresaron al pabellón de Mediana Seguridad JC y entre gritos y golpes -según testimonio de los detenidos- hicieron que todos los reclusos salieran al patio del Centro. En ese lugar empezó la supuesta tortura.

"Esta es la presentación de UMO, no somos sus amigos. Así les va a ir si se portan bien y si se portan mal les va peor. Ustedes son escoria, el desecho de la sociedad y quien manda aquí somos nosotros, están en el infierno", es una de las frases que según los presos gritaba uno de los policías.

Según ese testimonio, mientras les gritaban e insultaban, no cesaban los golpes. Según los presos, los agentes destruyeron todo a su paso: instalaciones eléctricas, colchones, objetos personales, entre otras cosas.

En este operativo, según el reporte de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), "varios internos fueron golpeados, pateados, rociados con gas pimienta en sus rostros e inclusive expuestos a descargas eléctricas".

Además, los reclusos habrían sido sometidos boca abajo y los policías habrían dado la orden de uno a uno levantarse, pegarse a la pared, desnudarse totalmente, realizar sentadillas y volver a acostarse boca abajo.

Algunas de esas escenas se pudieron ver en una serie de videos de vigilancia de la cárcel que se hicieron públicos y mostraron que los excesos se cometieron, tal como relataron los presos.

Hábeas corpus insuficiente

Un mes después de los hechos, en junio de 2016 la Fiscalía empezó a investigar lo sucedido.

Se calcula que 200 personas detenidas fueron víctimas de tortura ese día. Sin embargo, solo 13 presentaron un pedido de hábeas corpus solicitando la reparación integral por la violación al derecho a la integridad.

En la audiencia de hábeas corpus, el 26 de junio de 2016, se reprodujeron por primera los videos de las cámaras de seguridad del centro penitenciario. En las imágenes se observa como los policías golpean y someten a tratos denigrantes a los internos.

En junio de ese año el juez Esteban Vélez aceptó el hábeas corpus y ordenó disculpas públicas de la Policía Nacional a las víctimas, que se traslade a los 13 solicitantes a otros centros y que para las futuras requisas se cuente con las autoridades que la ley exige.

Sin embargo, el Ministerio del Interior apeló la sentencia y un mes después, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay declaró la nulidad del proceso de hábeas corpus. El argumento fue que el juez de primera instancia era incompetente para resolver esta garantía constitucional.

El caso se volvió a sortear y el nuevo juez, Carlos Guzmán, aceptó el recurso y ordenó otra vez las medidas de reparación.

El proceso por tortura

Luego del fallo en el proceso de hábeas corpus, organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

El Comité analizó el caso y recomendó al Estado la presentación de información completa sobre los resultados de la investigación de presuntos abusos cometidos en el Centro Regional Sierra Sur Turi.

Ante este llamado, en enero de 2017, la Fiscalía de Azuay formuló cargos en contra de 46 policías por el delito de tortura. Luego de las investigaciones, la Fiscalía acusó a 42 uniformados y los llevó a juicio.

El 26 de diciembre el 2019 el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció a 37 de los 42 imputados a 106 días y 16 horas de prisión. Pero cambió el delito a extralimitación en el acto de servicio.

La defensa de las víctimas apeló esa sentencia. Argumentó que se violentó el principio de congruencia, ya que la Fiscalía acusó por el delito de tortura y el Tribunal sentenció por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

En marzo de 2020, la Corte Provincial de Azuay declaró la nulidad del proceso desde la etapa de juicio y ordenó que el caso se repita desde esta fase.

La convocatoria a la nueva audiencia de juicio se situó para el 5 de abril de 2021. Pero, debido a que no se pudieron garantizar las medidas de bioseguridad para todos los asistentes, no se instaló y se citó para el 10 de enero de 2022.

Pero otra vez la pandemia impidió su realización. Cayo Cabrera, juez de la causa, declaró fallida a la audiencia porque dos de los tres de los jueces que conforman el tribunal dieron positivo para Covid-19.

Todavía no se ha establecido una nueva fecha para la audiencia.

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