Prelibertad para presos menos peligrosos y sin relación con narcotráfico

El hacinamiento. Ese es uno de los problemas que golpea al sistema carcelario ecuatoriano. La capacidad de las 48 cárceles que hay en el país es para 30.099 personas, pero existen 38.999 internos. Es decir, hay un hacinamiento del 29,57%.

Cuando la crisis carcelaria se desató en el país, en mayo de 2019, la población penitenciaria era de 41.836. Es decir, había un hacinamiento del 42%.

Por la pandemia, el Servicio de Atención Integral (SNAI) acogió las recomendaciones de la ONU y liberó a presos que cumplían las condiciones para acogerse a beneficios penitenciarios. Y el hacinamiento bajó 13 puntos porcentuales, aunque es alto todavía.

Ante los últimos hechos violentos del 21 de julio de 2021, la problemática de la sobrepoblación carcelaria volvió al debate. En una entrevista con un medio internacional, el presidente Guillermo Lasso anunció que se busca liberar a 5.000 presos más.

En caso de que esa acción se concrete, el hacinamiento carcelario ecuatoriano podría bajar al 12,96%.

Fausto Cobo, recientemente nombrado por Lasso como titular del SNAI, explicó que el objetivo es liberar a los presos que no son peligrosos para la sociedad y que han cumplido con el régimen disciplinario al interior de las cárceles. Así como enfermos terminales y extranjeros, a quienes se busca repatriar a sus naciones de origen.

¿Quienes serán liberados?

La manera de liberar anticipadamente a presos en Ecuador es a través de los beneficios penitenciarios. Específicamente, a través de la llamada prelibertad o régimen semiabierto.

Para esto los presos deben cumplir ciertos requisitos. En el caso de quienes fueron juzgados antes de 2014, deben haber cumplido el 40% de la pena. Y para quienes fueron sentenciados después de ese año necesitan el 60% de cumplimiento.

Según los datos del Gobierno hasta mayo de 2021, en el país había 7.379 presos que podrían acogerse a estos beneficios.

Para que estos presos puedan ser liberados, el SNAI debe preparar un expediente. En ese documento, además del porcentaje de cumplimiento de pena, se evalúa el comportamiento de los detenidos.

En caso de que la evaluación sea positiva, el expediente se presenta a un juez de garantías penitenciarias que es quien decide sobre la prelibertad.

Sin embargo, no todos los presos con el cumplimiento de pena avanzado son candidatos idóneos. Cobo adelantó que solo se tomará en cuenta a los presos menos peligrosos y aquellos cuyos delitos no están relacionados con el narcotráfico.

Según el registro gubernamental, el 27% de los presos en Ecuador se relaciona con drogas. Además hay altos porcentajes de presos relacionados con casos de robos, delitos sexuales y asesinatos.

Los porcentajes menores responden a quien han sido sentenciados por casos de corrupción y delitos menores. Ente ambos suman 6.240 presos que podrían ser candidatos a la liberación.

Finalmente, el Gobierno plantea enviar a sus países a presos de otras nacionalidades. En total hay 3.330 detenidos extranjeros en el sistema carcelario ecuatoriano. La mayoría de Colombia y Venezuela.

El dinero para las cárceles

Además del hacinamiento, el otro problema grave que afecta a las cárceles es la falta de recursos económicos. Los funcionarios que estuvieron a cargo del SNAI antes que Cobo coincidieron en esa lectura.

Cobo aseguró que el presidente Lasso le ofreció todos los recursos necesarios. Sin embargo, ¿cuánto se necesita realmente para salir de la crisis?

El anterior Gobierno, en medio de la primera parte de la emergencia carcelaria, presentó a la Corte Constitucional (CC) un plan que necesitaba de USD 206 millones de presupuesto.

La Corte se lo devolvió. Y luego de la masacre del 23 de febrero de 2021, cuando murieron 79 presos, le pidió al Gobierno que presente un nuevo plan "debidamente financiado".

En mayo de 2021, a días de que culmine su período, la administración del expresidente Lenín Moreno presentó ese plan.

Según ese documento de 90 página, el Estado necesita USD 18,6 millones para salir de la crisis. Este dinero debería ser manejado por las ocho instituciones que forman parte del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social.

Así se repartiría el dinero:

El proyecto, denominado Política Pública del Sistema de rehabilitación Social, contempla 4 objetivos, 21 líneas de acción, 30 indicadores y 30 metas para atender los distintos ámbitos de rehabilitación social, salud, educación, cultura, deporte y seguridad penitenciaria.

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