Defensoría Pública ha logrado 17 indultos carcelarios en dos meses

Datos del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) indican que hasta octubre de 2021 en el país había 38.635 internos, pero la capacidad de las cárceles es solo para 30.169.

Para reducir este hacinamiento, una de las causas de la crisis carcelaria, el Ejecutivo emitió en noviembre de 2021 indultos generalizados para reclusos con ciertas enfermedades y sentenciados por contravenciones de tránsito.

Desde entonces, la Defensoría Pública ha asumido la representación jurídica de los posibles beneficiarios. Y en dos meses ha logrado 17 libertades para reclusos con las enfermedades señaladas en el decreto.

Ángel Torres Machuca, defensor Público General, explica a PRIMICIAS por qué se ha avanzado tan poco en dos meses de vigencia de los decretos.

¿Cómo la Defensoría Pública colabora con el proceso de indultos a personas privadas de libertad con base en los dos decretos?

La Defensoría Pública es el órgano autónomo de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que no pueden contratar un abogado particular, y de los grupos de atención prioritaria. Entre estos grupos de atención prioritaria se encuentran las personas privadas de la libertad.

Si bien la Defensoría Pública mantiene un trabajo constante en favor de las personas privadas de la libertad, los decretos ejecutivos propiciaron que profundicemos nuestra atención. Además, busquemos alternativas mucho más ágiles que permitan garantizar los derechos de este sector. 

¿Pero cuál es el rol de la Defensoría?

Es necesario explicar que los decretos dictados por el señor Presidente posibilitan que las personas privadas de libertad, que tengan sentencia y que cumplan con ciertos requisitos, reciban el perdón total de la pena privativa de la libertad.

Entre los beneficiados se encuentran las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, tuberculosis o con infección VIH.

También, con base en el Decreto Ejecutivo 264, las personas privadas de libertad con penas de infracciones previstas en los artículos 383 y 386. Estos básicamente se refieren a sanciones por conducción de vehículos con llantas en mal estado y contravención de tránsito que sean de primera clase.

¿Más allá de esos requisitos formales hay otros que se analicen para gestionar el indulto?

Para aplicar el indulto se deben cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, tener sentencia condenatoria ejecutoriada, no tener otros procesos penales iniciados en su contra y no estar condenado en ciertos delitos. 

Los filtros entonces son el Ministerio de Salud y del SNAI, ¿en qué momento participa la Defensoría?

Justamente, el procedimiento es muy sencillo. Primero, interviene el Ministerio de Salud que verifica la condición de salud y emite el correspondiente certificado médico. El SNAI revisa la identidad de las personas privadas de libertad y realiza el requerimiento del indulto al juez.

Por su parte, la Defensoría Pública verifica las condiciones jurídicas, es decir que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada y que no tengan otros procesos penales en su contra.

Con eso, el defensor público puede realizar la petición al juez. Y el juez luego de que verifica el cumplimiento de esos requisitos, emite la correspondiente resolución.

¿Cómo se acerca la Defensoría a los reclusos? ¿Hay brigadas de abogados?

Mucho antes de la emergencia penitenciaria, la Defensoría Pública ya tenía presencia en los centros más importantes con oficinas. Allí brinda asesoría a las personas privadas de libertad y a sus familiares.

A partir de la emisión de los decretos ejecutivos, nos activamos en las 24 provincias del país. Visitamos cada uno de los centros de privación de la libertad con la finalidad de identificar y brindar información a los posibles beneficiarios en el tema de indultos.

¿Cuántas personas representadas por la Defensoría ya han alcanzado el indulto a través del decreto 265, correspondiente a las enfermedades?

Hasta el 17 de enero de 2022, impulsamos 43 trámites de indultos, de los cuales ya 17 personas recuperaron su libertad. De estas 17 personas, seis trámites pertenecen a Tungurahua, cinco fueron en la ciudad de Loja, dos en Los Ríos. Mientras que en Azuay, Pichincha, Santo Domingo y Cañar hay un caso cada una.

¿Qué pasa con Guayas, la provincia más golpeada por la crisis?

En la provincia del Guayas están actualmente presentados 15 trámites de indultos que esperamos se resuelvan lo más pronto posible.

¿Estos indultos son por enfermedad o también por contravenciones de tránsito?

No, la Defensoría Pública no ha tramitado ningún indulto por contravenciones de tránsito.

¿Cómo se identifica los posibles beneficiarios de estos indultos? ¿Cómo están coordinando la información con otras entidades?

La Defensoría Pública con la finalidad de poder agilitar estos procesos, el 7 de diciembre de 2021, convocó a una reunión a las principales autoridades del SNAI, del Ministerio de Salud Pública, de la Presidencia, de la Secretaría de Derechos Humanos y del organismo técnico rector del sistema de rehabilitación.

Esto se hizo con el propósito de poder coordinar, impulsar acciones, y esto nos permitió adquirir algunos compromisos. El SNAI, a través de los directores de los centros de privación de libertad, se comprometió a levantar la información de las personas que cumplan con las condiciones para acogerse a los indultos.

Hay menos de 20 indultos en dos meses de vigencia del decreto, ¿hay algún punto del proceso que demora el trámite?

Nosotros hemos venido identificando los nudos críticos que hemos expuesto tanto a la Asamblea Nacional, como al señor Presidente. El problema que se ha presentado es la conformación de la carpeta del expediente.

Estamos coordinando a los directores provinciales de la Defensoría Pública con los directores provinciales del SNAI. Nuestros directores se han acercado personalmente a las cárceles con la finalidad de identificar cuáles son las personas privadas de la libertad acreedores a los indultos.

¿Más allá de los indultos se están tramitando otros beneficios penitenciarios?

En 2021, con respecto a trámites administrativos en ejecución de la pena de personas adultas en conflicto con la ley, se gestionaron 10.125 patrocinios y 4.410 asesorías. 

En esta línea de servicios, en temas de patrocinios la Defensoría Pública ha gestionado aproximadamente 4.555 casos de beneficios penitenciarios. Esto, principalmente, en régimen semiabierto, en prelibertades, en régimen abierto, y en rebaja de penas.

Mientras que en trámites de libertades, por ejemplo, en 2021 hemos atendido 2.923 procesos y 2.139 de récord policiales, de cómputo de pena, de levantamiento de medidas cautelares, de sanciones disciplinarias, entre otros.