Guerra entre bandas provocó la muerte de 192 menores de edad

Mila tenía dos meses, estaba en los brazos de su padre en el portal de su casa en Pascuales, en el norte de Guayaquil, cuando las balas perforaron su estómago y afectaron sus pulmones. Ella es una de los más de 100 menores de edad atacados por la delincuencia en Ecuador.

La niña estuvo intubada 40 días, sobrevivió a cinco operaciones, pero su pequeño cuerpo no logró recuperarse y falleció en la Navidad de 2022. 

Mila es una de los 192 menores de edad que han sido asesinados en 2022, víctimas colaterales de la violencia en las calles del país.

Esa cifra significa más del doble que en 2021, cuando murieron 92 niños y adolescentes, según datos de la Policía Nacional. 

Los adolescentes de entre 12 y 18 años son los más vulnerables a los atentados. Al menos 151 han sido asesinados en el último año y la mayoría de los crímenes ha ocurrido en Guayas.

Esta cifra incluye a aquellos que murieron cumpliendo el trabajo impuesto por las bandas, al ser cooptados por el crimen organizado, ante la ausencia del Estado.

“Los niños y adolescentes son las formas en la que el crimen organizado se expande a través de su reclutamiento”, dice Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil. 

El reclutamiento de menores de edad por la delincuencia no ha ocurrido sólo en los últimos años. En realidad se registra desde hace más de una década, tiempo en el que se han formado los cabecillas de las bandas delictivas. 

Esa conclusión es parte del diagnóstico sobre la violencia que realizó la Red del Noroeste de la sociedad civil, que agrupa a barrios que se encuentran en ese sector de Guayaquil -el más violento- en nueve comunidades y que abarcan a cerca de 200.000 habitantes.

“Las líderes con las que trabajamos coinciden en que muchos de los cabecillas de las bandas criminales son niños que crecieron dentro de los barrios, que ellas vieron evolucionar con el tiempo y que terminaron por elegir ese camino”, explica Jorge Delgado, miembro de la Red. 

La investigación revela que los barrios del noroeste de Guayaquil han estado sometidos a una violencia estructural “desde los conflictos por tierras, los tipos de viviendas, la falta de servicios básicos públicos”, dice Carolina Portaluppi, quien también forma parte de la Red.

Pero además, la violencia se encuentra en los hogares “sobre todo contra las mujeres y niñas y de adultos a menores de edad”, añade.

“Descubrimos que hay un sinnúmero de violencias a las que están sometidos los niños y adolescentes, como las extorsiones, asaltos, robos, asesinatos, crímenes y el reclutamiento”, dice Portaluppi.

Pero también encontraron que hay múltiples perpetradores, “desde un padre, un padrastro, una madre, en las instituciones educativas, en las de salud, en la cancha que está en el barrio. Los espacios que se supone deben ser seguros, son los más calientes”, añade.

Un "desastre humanitario"

En un entorno donde la violencia se encuentra dentro y fuera de los hogares, ¿quién cuida de los niños y adolescentes?.

No existen programas estatales para niños de entre seis y 17 años, solo la escuela, y en 2022, 195.188 estudiantes desertaron del sistema escolar, el 34% tiene entre 16 y 17 años, la edad en la que son reclutados por las bandas. 

Mientras tanto, los niños crecen en ambientes violentos.

"En los sectores donde trabajamos podría decir que todos los niños son testigos de crímenes, de masacres y de balaceras a diario y de forma imprevista”, dice Martha Espinoza, directora de la Fundación Juconi, que trabaja con infantes.

En los 26 años de trabajo en campo, la experta ha notado cambios en el comportamiento de los niños.

"Ese ambiente de zozobra es el peor escenario para que un individuo desarrolle una personalidad poco saludable, está desarrollando una personalidad antisocial”, dice Espinoza.

Una bomba de tiempo

“Hay niños y familias que están normalizando la violencia y sus comportamientos también lo son. Es una bomba de tiempo", explica Espinoza.

"Me aterroriza esperar que un niño pueda cometer algún acto de violencia con sus compañeros de clases y ni pensar en lo que podría hacer cuando crezca”, añade.

Para Portaluppi, quien además es experta en gestión de riesgos, lo que vive el país puede calificarse como “un desastre, porque es una seria interrupción de la vida de una comunidad, que sobrepasa las capacidades de esa comunidad para afrontarlo”.

Se refiere a las decisiones que han empezado a tomar las personas que viven en zonas con violencia extrema, como por ejemplo, no enviar a los niños a escuela o no poder trabajar todas las horas que necesitan para cubrir sus necesidades.

“Entre las soluciones está entrar con el equipo completo, es decir el Estado, el poder local, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades, para abrir espacios dentro de los barrios y recuperarlos”, recomienda Portaluppi.