En cinco años, trámite de acciones de protección y habeas corpus subió 211%

Esta reforma está enfocada en los funcionarios públicos que presentan estas acciones. Cuando los servidores tengan fuero nacional o provincial, las causas deberán ser tratadas por las cortes Nacional o provinciales, respectivamente. Según el Código de la Función Judicial, funcionarios como el Presidente y Vicepresidente de la República, los ministros de estado y los representantes de organismos nacionales como el CNE y el Cpccs tienen fuero nacional. Mientras que alcaldes y prefectos tienen fuero provincial.

En los últimos años, otro fenómeno asociado a las garantías jurisdiccionales es la multiplicidad de acciones. Es decir, una misma persona interponga causas por la misma razón, de manera simultánea, en diferentes juzgados. Para frenar este mal uso de las garantías, la Mesa propone que cuando las acciones se refieren a una misma causa, todas serán tratadas de manera concentrada por el juez que haya sido sorteado en primer lugar.

En los procesos de las garantías constitucionales, personas que no tienen relación directa con la causa pueden presentarse a las audiencias como terceros interesados, a través de los denominados amicus curiae. Sin embargo, ha sucedido que los terceros interesados también han sido beneficiados de las sentencias favorables a través del denominado efecto inter comunis. La reforma anula esa posibilidad.

Entre las garantías jurisdiccionales, el juez a cargo puede disponer reparaciones por daños materiales a favor de los afectados. En este caso, la Mesa Interinstitucional plantea que, para fijar esta reparación, los jueces tomen en cuenta:

• Presentación tardía injustificada de la demanda.
• Ingresos percibidos por el afectado durante el período reclamado.
• Proporcionalidad del daño causado.

Cuando la reparación económica no haya sido determinada en el propio proceso de la garantía, la reforma plantea que la cuantificación de la reparación deberá hacerla el mismo juez en un juicio sumario, en casos particulares, y en un juicio contencioso, cuando son en contra del Estado.

Sobre las medidas cautelares, el proyecto de ley plantea que estas acciones:

• No podrán modificar una sentencia judicial.
• Deben relacionarse con el objeto de la violación de derechos.
• Se notificarán a las personas o instituciones involucradas.
• No pueden concederse únicamente con la descripción de los hechos, sino que siempre debe haber un proceso probatorio de por medio.

En cuanto a la acción de protección, que es la garantía más usada en el país, la reforma propone que:

• El accionante debe justificar la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial.
• No procederá contra actos y resoluciones de agentes fiscales en la investigación previa y las fases del proceso penal.

Sobre el habeas corpus, las Funciones del Estado proponen:

• Cuando un preso acuse vulneraciones a la salud por la falta de atención médica, los jueces pueden disponer que los internos reciban atención en una institución externa a la prisión.
• Los jueces no podrán modificar las penas establecidas en un proceso penal. La única excepción sería cuando los presos se encuentren en una condición de salud que impida que sigan detenidos.

La última propuesta de reforma es para reestructurar las unidades judiciales, tribunales y salas de las cortes provinciales. El objetivo es la creación de instancias judiciales especializadas en garantías jurisdiccionales.

El 23 de noviembre de 2022, el juez de La Concordia, Ángel Lindao, aceptó una acción de protección y dispuso suspender los efectos del juicio político, donde se censuró y destituyó a cuatro exconsejeros del Cpccs. Según el juez, se verificó que "se han inobservado e irrespetado" los derechos constitucionales de los cuatro consejeros del Cpccs destituidos. El magistrado dispuso al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela; y al procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, suspender los efectos de la resolución. Dos meses después, en enero de 2023, Lindao revocó su decisión y validó la decisión del juicio político. Sin embargo, esa decisión fue estéril, ya que la Judicatura destituyó al magistrado y la Corte Constitución cesó a los vocales del Cpccs por otro motivo.

El 28 de noviembre de 2022, el juez Emerson Curipallo dictó medidas cautelares a favor del exvicepresidente Jorge Glas, por una supuesta violación al derecho a la seguridad jurídica. El magistrado dispuso la liberación del exvicepresidente hasta que se resuelvan los recursos pendientes, sobre el acceso a beneficios penitenciarios. Hasta el 21 de abril de 2023, Glas se mantiene en libertad de manera provisional, gracias a estas medidas cautelares. Esto pese a que en su contra existen dos sentencias en firme por corrupción. Además, Glas presentó una acción de protección en Balsas (El Oro). Y un juez de esa localidad decidió devolverle la pensión vitalicia como exvicepresidente, que la había perdido como efecto de su sentencia por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

Junior Roldán, alias 'JR', cabecilla de Los Choneros, recuperó su libertad, el 14 de febrero de 2023. Una jueza de la Unidad de Adolescentes Infractores de Guayaquil concedió el habeas corpus, con el que salió de la cárcel regional de la ciudad. Desde esa fecha, Roldán portaba un grillete electrónico. Pero, el 16 de marzo, sufrió un atentado en el que habría resultado herido. Desde entonces, su paradero es desconocido. Por esta razón, la jueza de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil dispuso la emisión de una nueva boleta de captura y encarcelamiento, para que siga cumpliendo su pena en un centro de privación de la libertad. Aunque todavía no ha sido localizado.