Víctimas de la peor masacre carcelaria de Ecuador están solas

El día de la masacre carcelaria más grave de la historia de Ecuador, Mirta Preciado despertó presintiendo que algo no estaba bien. Aquel 28 de septiembre de 2021, su hijo Tyron estaba en el pabellón cinco, donde 119 personas murieron.

Casi un año después, los ofrecimientos del Gobierno a las familias de las víctimas no se han cumplido.

"Solicité que me dieran ayuda psicológica, pero ni eso, nunca me han llamado, el Estado no ha pedido perdón por lo que le pasó a mi hijo", dice Mirta, quien además preside el Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles.

El Comité se conformó en abril de 2022, con alrededor de 25 personas que perdieron a algún ser querido en las masacres registradas en la Penitenciaría del Litoral.

Después de los enfrentamientos, que dejaron 68 presos muertos el 12 de noviembre de 2021 en la cárcel de Guayaquil, el presidente Guillermo Lasso encabezó una reunión a la que denominó 'Acuerdo Nacional para afrontar la crisis carcelaria'.

Junto a los representantes de varios ministerios, Lasso anunció que implementaría de manera inmediata siete acciones para afrontar la debacle en las cárceles.

Entre ellas, mencionó que "el Consejo de Participación Ciudadana promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo con el Estado, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por esta tragedia".

Pero los familiares de los fallecidos en las masacres aseguran que ninguna institución del Estado se ha acercado a ellos, que después de la entrega de los cadáveres ni la Fiscalía los ha llamado para rendir versión en las investigaciones.

El fatídico 28 de septiembre

Pronto se cumplirá un año de la peor masacre carcelaria de la historia ecuatoriana y hay interrogantes que las autoridades no responden todavía.

Por ejemplo, por qué el Sistema de Atención de Personas Privadas de Libertad (SNAI) no tenía todos los nombres de los detenidos en el pabellón cinco.

Mirta conoció las noticias de los primeros disparos en la Penitenciaría del Litoral por la mañana, pero se negaba a aceptar que su hijo estuviera entre los muertos.

"El estaba en el pabellón 12, no podía ser uno de los muertos”, se repetía a sí misma Mirta, hasta que recibió una llamada.

Los videos que los internos grabaron, y que circularon en redes sociales, mostraban entre los muertos a un joven con las mismas características físicas de su hijo. "Mi vida cambió desde ese instante y se volvió un tormento", relata Mirta.

Tuvo que esperar 23 días para que le entregaran el cuerpo de Tyron. "Dí las características de él y me mostraron las fotos de un cuerpo quemado y cercenado... ¡Ese es mi hijo!", gritó Mirta.

Aunque lo había reconocido a través de fotografías, tenía que entrar al contenedor donde estaban los cadáveres en descomposición, y caminar entre los cuerpos hasta encontrarlo.

Pero Mirta no pudo hacerlo, delegó a su esposo la horrible tarea, y fue él quien confirmó la muerte de Tyron.

Sin embargo, el cuerpo se quedó en la morgue, no pudieron llevárselo.

"El forense recibió un correo del director de la Penitenciaría que le decía que mi hijo estaba vivo. Hasta ahora el SNAI no ha respondido nuestro pedido de que entregue una evidencia de eso, porque ni siquiera fueron a verificar... son inhumanos", dice Mirta. 

Corrupción y abandono

Su caso no es aislado. Alex Burbano se enteró de que su hermano, de 23 años, se había cambiado del pabellón ocho al cinco, tres días después de la masacre, cuando un funcionario de Criminalística gritó el nombre de Jonathan Burbano frente la multitud.

“Los privados de libertad se cambian de pabellones, el SNAI no controla eso. Nosotros depositamos USD 100 para que mi hermano pueda cambiarse al pabellón cinco, porque se suponía que no estaba tomado por ninguna banda”, narra Alex.

Él también es parte del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles.

"Las listas con los nombres de los muertos las mandaban desde adentro de la Penitenciaría, entre los presos las hicieron, ni siquiera el SNAI entregaba la lista de las víctimas", asegura Ana, madre de uno de los fallecidos.

Ana dio su testimonio ante el Tribunal Popular por Justicia en las Cárceles, el viernes 9 de septiembre en Guayaquil.

Después de escuchar más de una docena de testimonios, opiniones de expertos en Derechos Humanos y del sistema carcelario, el Tribunal Popular responsabilizó al Estado.

"Qué asuman su culpa, qué aseguren que nunca más se repetirá, después de la muerte de mi hermano, muchos otros siguieron muriendo", reclamó Alex.

"Los Tribunales Populares son éticos y nacen cuando las sociedades enfrentan daños terribles, excepcionales", explica Billy Navarrete, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil.

A inicios de los 90 existió un Tribunal Popular en Guayaquil, que juzgó los crímenes de lesa humanidad de los años 70 y 80.

"Es un instrumento convencional de los organismos de Derechos Humanos para que, dentro de la instancia ética, se muestren los daños y se señale la responsabilidad del Estado", recalca Navarrete.