La extradición de ecuatorianos enfrenta dos obstáculos

Desde 1946, en Ecuador está prohibida la extradición de sus ciudadanos a otros países. En la Constitución que se aprobó en ese año, durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, se estableció la proscripción.

El artículo 188 de esa norma, sobre las garantías especiales para los ecuatorianos, establece que "en ningún caso se concederá la extradición de un ciudadano ecuatoriano".

Esa prohibición se ratificó en las constituciones de 1967, 1978 (retorno a la democracia) y 1998. Así como en la de 2008, que se aprobó en Montecristi, y que se mantiene vigente.

Anteriormente, en las Constituciones de 1945 y 1938, se establecía que las extradiciones no podían ordenarse. Salvo en virtud de una ley o en cumplimiento de tratados.

¿Se levantará la prohibición?

El Gobierno del presidente Guillermo Lasso ha anunciado su intención de convocar a una consulta popular, cuya votación se realizaría a la par de las elecciones seccionales, en febrero de 2023.

Todavía no se conocen las preguntas. Sin embargo, se adelantó que la seguridad será uno de los ejes centrales.

En junio de 2022, en una entrevista con los articulistas de diario Expreso, Lasso dio pistas de una de las preguntas de la consulta:

¿Cómo vería el Ejecutivo permitir la extradición de ecuatorianos?, consultó Eduardo Carmigniani. "Fantástica idea. La tenemos en papel para una eventual consulta popular concentrada en seguridad. La extradición es fundamental", respondió Lasso.

El legislador Fernando Villavicencio, el 24 de agosto de 2022, difundió tres temas que, según él, estarán en el plebiscito. Entre estos, justamente, está la "extradición de narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco a Estados Unidos, o al país que los requiera".

En julio de 2021, Villavicencio entregó una propuesta de preguntas para una eventual consulta al presidente Lasso. El ministro Francisco Jiménez había anunciado que en el proceso se tomarán en cuenta las propuestas planteadas por otros actores, políticos y sociales.

Actualmente, la prohibición de la extradición está en el artículo 79 de la Constitución. Por lo que el único camino para eliminarla sería el referendo.

Pero el candado constitucional no es el único obstáculo. Ecuador tiene 16 acuerdos bilaterales y cuatro multilaterales para instrumentalizar las eventuales extradiciones.

Sin embargo, casi todos están desactualizados. Por ejemplo, el tratado con Estados Unidos se aprobó en 1872 y su última actualización fue en 1939.

Los casos de 'Gerald' y 'Gato'

La intención de reformar la Constitución para dar paso a la extradición de ecuatorianos tiene como eje la seguridad, pues Ecuador atraviesa una crisis ligada al narcotráfico.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el 74% de la cocaína que llega a Estados Unidos sale desde Colombia y Ecuador a través del denominado Vector del Pacífico Oriental.

Por esta razón, Estados Unidos ya ha puesto la mira en, al menos, dos capos ecuatorianos.

El primero fue Édison Wáshington Prado Álava, alias 'Gerald', también conocido como el 'Pablo Escobar ecuatoriano', Prado fue extraditado a Estados Unidos, en 2018, y paga una condena de 19 años en ese país.

Para lograr su extradición, las autoridades de Estados Unidos, Ecuador y Colombia delinearon una operación combinada.

Una oficial colombiana logró infiltrarse en el mundo del capo y lo invitó a su país. Cuando cruzó la frontera, en abril de 2017, fue capturado y un año más tarde fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos.

El segundo narcotraficante ecuatoriano en el radar estadounidense es Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias 'Gato'.

El 10 de febrero de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Sánchez con el bloqueo de todas las propiedades e intereses en sus bienes dentro de Estados Unidos.

Sobre el ecuatoriano, el Gobierno de Estados Unidos dijo que ha participado en actividades que contribuyen a la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus métodos de producción. Lo calificó como "uno de los narcotraficantes más importantes del mundo".

Un contexto regional cambiante

La intención de autorizar las extradiciones de Ecuador surge en un contexto regional cambiante en la lucha contra el narcotráfico. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un giro radical en la política de seguridad de ese país.

Primero, se suspendió la erradicación forzosa de los cultivos de coca.

Además, Petro le ha propuesto a Estados Unidos un cambio en la política de extradición de narcotraficantes. El presidente colombiano propone que solo los narcotraficantes que se nieguen a negociar con el Estado sean extraditados, al igual que los reincidentes.

Mientras que los que acepten negociar con el Estado y se rindan no serán extraditados.

Según Rahul Gupta, director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, Washington cooperará con Colombia en esta “nueva era” de la política antidrogas.

En Colombia, la extradición de ciudadanos ha sido un tema polémico. En los años 80, el Cartel de Medellín juntó a varios mafiosos y, con el nombre de 'Los Extraditables', declaró la guerra al Estado colombiano como retaliación por la firma del tratado de extradición con Estados Unidos.

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