Exministro Rafael Poveda presionó para ocultar 'trapos sucios' de Shushufindi

En 2014, el gobierno de Rafael Correa estaba desesperado por obtener más recursos para mantener su ritmo de gastos, cuya principal fuente de financiamiento era el petróleo. Ese año se empezaron a sentir los efectos del declive del boom de las 'commodities'.

Ante la falta de flujo financiero, esa administración se enfocó en abrir una nueva licitación para entregar la producción de siete campos maduros a compañías privadas. Estas, a cambio de su inversión, recibirían el pago de una tarifa por cada barril de crudo.

Ese modelo se basó en la firma de contratos de Prestación de Servicios Específicos con Financiamiento con las petroleras privadas. 

Al frente de ese y otros proyectos emblemáticos estaba el entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda Bonilla.

Poveda fue un personaje clave en el correísmo. Conocía al revés y al derecho los negocios de la Revolución Ciudadana en los sectores estratégicos.

Desde 2007, fue cercano al vicepresidente Jorge Glas, cuando dirigió el Fondo de Solidaridad. Poveda se encargó de los grandes contratos del área energética cuando fue nombrado viceministro de sectores estratégicos, entre 2010 y 2012.

Antes fue parte del equipo de negociaciones para el financiamiento de la polémica central Coca-Codo Sinclair.

Desde 2012, Correa lo designó ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos en reemplazo de Glas. Estuvo en ese cargo hasta septiembre de 2016, cuando renunció por “motivos personales”. Hoy vive en Chile. 

Las negociaciones petroleras

La modalidad de prestación de servicios empezó a aplicarse en 2012. Ese año el gobierno de Correa entregó a los consorcios Shushufindi S.A., cuya principal accionista es la compañía Schlumberger; y a Pardaliservices la coadministración de los campos petroleros Shushufindi-Aguarico y Libertador-Atacapi, por un periodo de 15 años.

A cambio, acordó pagarles, por cada barril de crudo, una tarifa de USD 30,62, en Shushufindi; y USD 39,53, en Libertador. 

Esa tarifa, según denunció el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, era sobredimensionada en perjuicio del Estado. Debía fijarse en unos USD 13, según las estimaciones técnicas oficiales de la época.  

Cortázar entra en escena

El 15 de julio de 2014, Rafael Poveda convocó a una reunión al director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), José Luis Cortázar, y al ministro de recursos Naturales no Renovables, Pedro Merizalde.

El objetivo era explicar la importancia de la nueva licitación y advertir a Cortázar sobre los riesgos que habían detectado en una auditoría que realizaba sobre el contrato con el Consorcio Shushufindi.  

Desde fines de 2013, Cortázar había integrado una comisión de técnicos para auditar ese convenio. En uno de sus principales hallazgos, la Comisión estableció que la curva estimada de declinación de la producción del campo, así como la tarifa pagada, no tenían ningún soporte técnico, ni estaban documentadas. 

La curva es uno de los parámetros centrales para establecer la capacidad estimada de producción de un campo. Y sirve como referente para fijar el monto que el Gobierno debe pagar a las empresas por cada barril producido de crudo.

En febrero, cinco meses antes de la cita con Poveda, Cortázar se había reunido con el entonces vicepresidente Jorge Glas para explicarle algunas de las novedades descubiertas por su equipo.

En esa cita, Glas pidió a Cortázar que tuviera cuidado con lo que estaba investigando, que no dejara nada por escrito, "pues con eso, años más tarde, podrían encarcelar al presidente Correa".

Ese encuentro fue grabado por Cortázar con una cámara oculta en la Vicepresidencia de la República. El video del encuentro fue difundido por el portal Código Vidrio, en mayo de 2022. 

Cortázar también grabó a Poveda y Merizalde

Pero Cortázar también grabó la reunión con Poveda y Merizalde con una cámara escondida. PRIMICIAS accedió al video completo de la reunión, que hoy revelamos.

En la reunión, que duró cerca de una hora, Poveda discute con Cortázar y Merizalde los resultados del borrador de la auditoría y las observaciones a la elaboración de la curva de declinación del campo y la tarifa.

Poveda cuestiona varias veces la intervención de Cortázar y su facultad de auditar el contrato con Schlumberguer y Pardilservices. Insistentemente le llama la atención sobre el riesgo de que sus observaciones afecten los nuevos contratos que esperaban firmar con otras empresas privadas.

Cortázar insiste en que la curva estaba muy por debajo de los ensayos que sus técnicos habían calculado, lo cual implicaba un perjuicio para el Estado en favor de las petroleras privadas.

Además, que había pedido información como autoridad de control para conocer cuáles fueron los argumentos técnicos para fijar la curva y proyectar las estimaciones de producción del campo Shushufindi. Pero no obtuvo respuestas de ninguna entidad, ni de las compañías.  

Poveda le recrimina constantemente a Cortázar por su investigación y le pide que no ponga en riesgo el modelo de negocio que había significado ingentes recursos para el Estado.

Buscamos las versiones de Poveda, Cortázar y Merizalde, pero hasta el cierre de este reportaje no respondieron a nuestras solicitudes.

Lea mañana:

José Luis Cortázar, durante la reunión que grabó con los exministros, también, confirma a Poveda que la auditoría de la ARCH estableció que la tarifa de USD 30,62 -fijada para pagar a Schlumberger por cada barril de petróleo- tampoco tenía ningún sustento técnico ni informes de respaldo en el contrato.

Luego, ambos funcionarios llegan a un acuerdo.