Las empresas de Oro Negro siguen contratando con el Estado

A pesar de que el polémico contrato entre Petroecuador y el Consorcio Oro Negro se cerró en 2019, las empresas que lo conforman volvieron al ojo público gracias la investigación al excontralor Pablo Celi. Su vinculación con el asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas, incluso encendió un cruce de acusaciones dentro del Legislativo que todavía no concluye.

Entre 2016 y 2019, Petroecuador pagó más de USD 72 millones a Oro Negro por el servicio de seguridad en sus instalaciones, gracias a una serie de contratos complementarios y convenios de pago. El contrato original era por USD 36 millones.

El consorcio Oro Negro ya no está activo. Su RUC está suspendido desde junio de 2020 y no tiene ningún contrato pendiente con el Estado. Sin embargo, las empresas que lo conforman sí lo están y sí siguen siendo proveedores de las instituciones públicas, sobre todo, en Guayaquil.

Dos empresas conforman el consorcio: Seguridad Física y Empresarial, Sefiem S.A., de la que es accionista Vanegas, y Asesores Especialistas en Seguridad y Monitoreo AESM S.A. Ambas firmas tienen contratos en ejecución con instituciones públicas en Guayas.

Esto, a pesar de que la Fiscalía investiga el contrato con Petroecuador y de que se habrían emitido glosas en contra de Oro Negro, según la investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

PRIMCIAS solicitó nuevamente al asambleísta una entrevista para hablar sobre su empresa el 4 de agosto, directamente en su despacho en el Palacio Legislativo. Sin embargo, su equipo informó que no daría declaraciones, sino una rueda de prensa en días siguientes. En ella, aclaró que no está vinculado al caso Las Torres.

Los contratos de 2021

Mientras Ricardo Vanegas hacía campaña electoral para las elecciones en las que fue designado asambleísta, su empresa Sefiem participaba en un proceso de contratación pública con la Prefectura de Santa Elena. El contrato para la seguridad y vigilancia de las "dependencias y bienes" de ese Gobierno Autónomo Descentralizado se firmó el 27 de enero de 2021.

El monto del contrato es de USD 499.999 y tiene un plazo de ejecución de 365 días, que corren en la actualidad.

Este es el único contrato con el Estado que, de momento, la empresa de Vanegas tiene en ejecución.

Sus socios de AESM, en cambio, tienen más contratos en ejecución.

El más reciente corresponde al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Se firmó en junio de 2021 por USD 1,3 millones, por el servicio de monitoreo de cámaras de seguridad para cuarteles, compañías y dependencias de esa institución. El plazo de ejecución es de 745 días, es decir, dos años y dos semanas.

AESM tiene otro contrato con el mismo Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, firmado en noviembre de 2020 para el servicio de seguridad y vigilancia de las dependencias de esta institución pública. El monto es de USD 787.440, por un plazo de 730 días (dos años).

Además, la empresa tiene otro contrato con el Banco Central del Ecuador, para la seguridad y vigilancia de los bienes inmuebles de esta institución, firmado el 29 de diciembre de 2020. El valor de este contrato asciende a USD 1,37 millones, por un plazo de un año.

Contrato con el Municipio de Guayaquil, con denuncias

AESM también fue adjudicado recientemente con un contrato en un proceso de licitación iniciado por el Municipio de Guayaquil, para el servicio de "seguridad y guardianía en la zona 2 (sur) Metrovía".

La adjudicación se firmó el 17 de junio del 2021; el monto es de USD 5 millones en un plazo de 750 días (dos años y 20 días).

Pero unos días después, el 22 de junio, otra de las empresas que concursó denunció ante el Servicio de Contratación Pública irregularidades en el proceso. Hutoda Seguridad Privada señaló que no hubo un trato justo en la calificación de los participantes en la licitación.

Según la denuncia presentada ante el Sercop, el Municipio permitió que AESM convalide errores que, según el pliego del proceso, no podían ser corregidos. A su criterio, la comisión técnica que revisó las ofertas debió descalificar a la empresa por "errores sustanciales".

En el portal de Compras Públicas no hay ningún documento después de la denuncia, ni se ha firmado aún el contrato.

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