Ecuagran y Delcorp forjaban papeles para atraer a inversores

Nueve personas, exempleados y mandos medios de Delcorp y Ecuagran, fueron detenidos la madrugada del martes 31 de agosto, por 120 policías tras una denuncia de la Superintendencia de Compañías de que cometieron el delito de falsedad de información.

El operativo es un capítulo más de un escándalo que comenzó en 2018 tras conocerse que Ecuagran y Delcorp comenzaron a negociar sus facturas comerciales entre sí. En ese entonces, reguladores y autoridades hicieron poco.

En 2019 entró un nuevo actor: Fertisolubles, que también aceptaba las facturas de Delcorp, empresa que era su principal accionista.

En esos años, Rodolfo Kronfle era el presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, entidad donde se negociaban estos papeles.

Ahora, la Fiscalía y la Superintendencia de Compañías creen que los acusados eran encargados de falsear la información de las empresas, para hacer más atractivos sus papeles en el mercado de valores.

A mediados de junio de 2021, en una entrevista con PRIMICIAS, el presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil para el periodo 2020-2022, Ricardo Rivadeneira, reconoció que en el caso Delcorp y Ecuagran no hubo los controles suficientes, lo que fue aprovechado por los directivos de las empresas.

La Superintendencia de Compañías ha establecido que Delcorp acumula USD 26,5 millones en facturas comerciales vencidas.

Además de negociar facturas comerciales, Ecuagran y Delcorp también emitieron obligaciones de largo plazo.

Por ese tipo de títulos, Ecuagran tiene en el mercado USD 20,4 millones en circulación, mientras que Delcorp, USD 18,2 millones, según la Superintendencia de Compañías.

Entre los inversionistas de las dos empresas se encuentran el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y la Corporación Financiera Nacional. Además de inversionistas privados, como el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional.

Operativo con 120 policías

Fueron 120 policías los que se necesitaron para cumplir con una serie de allanamientos ordenados por la Fiscalía ante una denuncia de la Superintendencia de Compañías, que buscaba a mandos medios y exempleados de las empresas, ya que sus directivos se encuentran prófugos.

Es el caso del presidente ejecutivo de Ecuagran, Gad Iván Goldstein, quien salió del país el 5 de agosto de 2020 rumbo a Miami.

Eran nueve domicilios los que debían ser intervenidos por los uniformados, en Guayaquil y Samborondón. El objetivo era capturar a las personas y poner bajo custodia de peritos forenses computadoras, teléfonos celulares, memorias, pendrives y todo artículo que pueda tener información.

"En todo operativo se siente tensión, pero en estos como que la adrenalina baja, es gente que tiene otro proceder, otro nivel", señala un miembro de la Policía Nacional

Explica que en otro tipo de operativos son recibidos a piedras, palos e incluso bala por parte de familiares de las personas que buscan detener.

"Acá se trabaja en urbanizaciones cerradas, residencias grandes", detalló.

El objetivo de los operativos era detener a personas acusadas de falsedad de información, un delito recurrente desde que se destapó el caso Isspol, en el que las operaciones habrían causado un perjuicio cercano a los USD 900 millones.