Testigo ratifica las denuncias de diezmos en el Ministerio del Interior

La investigación por el supuesto cobro de diezmos en el Ministerio del Interior, entre 2011 y 2016, dio un giro inesperado en abril de 2023.

Una exfuncionaria que ocupó un importante cargo en ese ministerio, en Guayaquil, rindió su versión ante la Fiscalía, luego de varios años de silencio por miedo.

Eufemia M. confirmó ante la Fiscalía, en Quito, la denuncia que presentó en 2019 Oswaldo Rivadeneira, el exasesor jurídico del entonces ministro José Serrano.

El denunciante acusó al exministro de ser la cabeza de una red que exigía pagos del 10% de los salarios a los 500 empleados que entonces trabajaban en ese ministerio.

Según Rivadeneira, Serrano habría ordenado el cobro de contribuciones a sus subalternos, so pena de sufrir represalias, como despidos o amonestaciones.

La encargada de hacer cumplir la supuesta disposición y de recaudar los supuestos pagos habría sido María Fernanda Iglesias Morales, jefa del despacho del entonces ministro, a partir de 2014, según la denuncia.

En entrevista con PRIMICIAS, Eufemia M. dijo que Iglesias llegó al cargo con la consigna de pedir contribuciones económicas a los empleados. Los aportes eran depositados en la cuenta de ahorros de Iglesias: 12052054077, del Produbanco.

"Casi todos los meses, hasta 2017, yo entregaba USD 300 a Joel Villavicencio, chofer y hombre de extrema confianza de Serrano e Iglesias".

Eufemia M.

Eufemia M. testificó que ella y el resto de sus colaboradores también fueron obligados a hacer otras contribuciones para marchas, contramarchas y mítines del movimiento político Alianza PAIS.

También hubo contribuciones, según la testigo, para pagos de traslado de policías, cumpleaños o despedidas de algunos jefes.

"Hubo meses en que no podía pagar y me acosaban con amenazas de destituirme o sancionarme. En una ocasión, Iglesias nos pidió a cada uno dar cuotas de USD 70 para comprarle una chaqueta de regalo de cumpleaños a Serrano".

Serrano niega diezmos

Al ser consultado por PRIMICIAS, el exministro José Serrano respondió que todo esto se trata de una "nueva cortina de humo", con la que intentarán distraer al país en tiempo de elecciones.

"El proceso está en indagación previa, la Justicia y, en ella, la Fiscalía tienen toda la potestad para investigar lo que consideren pertinente. La denuncia fue presentada en 2018 (hace cinco años), como parte del tinglado para demonizar mi imagen y la del gobierno con el que servimos a nuestro país", argumenta Serrano, quien actualmente vive en Estados Unidos.

PRIMICIAS buscó la versión de Iglesias, pero no pudimos ubicar su paradero.

En los registros públicos, Iglesias consta como funcionaria del Estado desde 2011 hasta 2016, en ese lapso fue asistente administrativa en la Asamblea Nacional, estuvo en el Ministerio de Turismo y en el de Justicia, para luego pasar al Ministerio del Interior. Siempre fue cercana a Revolución Ciudadana.

El testigo

Por su parte, Oswaldo Rivadeneira estimó que, mientras estuvo en el Ministerio del Interior, entre 2013 y 2015, entregó más de USD 2.000 bajo el mecanismo de extorsión conocido como diezmos. Hizo los pagos en cuotas de entre USD 200 y USD 300.

Rivadeneira dejó el Gobierno en 2016. "Vi que empezaban a hacer operaciones de falsos positivos, que buscaban inculpar a inocentes, forjando y sembrando evidencias contra opositores o funcionarios incómodos", dijo.

Según Rivadeneira, a él también quisieron involucrarlo en delitos, especialmente, después de que dejó el ministerio.

"Decidí distanciarme y me volví un problema. Luego me persiguieron y presentaron denuncias para que no pudiera conseguir trabajo; me amenazaban, las universidades donde daba clases me cerraron las puertas. Cuando llegué al Gobierno, en 2013, yo creía en un proyecto político".

Años más tarde, Rivadeneira corroboró las denuncias del exoficial del Ejército, Diego Vallejo, hoy asilado en Estados Unidos.

Papeletas y chats

Cuando formalizó su denuncia en Fiscalía, en 2019, Rivadeneira adjuntó varias papeletas de los depósitos realizados a la misma cuenta de Iglesias, así como chats.

Además, entregó la nómina de los funcionarios del Ministerio del Interior, para que las autoridades los llamaran de declarar y corroboraran sus denuncias y rindió su versión. Pasaron tres años sin que hubiera mayores avances en la investigación.

Pero en 2023, Rivadeneira dice que empezó a "recibir notificaciones de algunas diligencias que comenzaron a realizarse". Una de las más importantes fue la versión de la exasesora Eufemia M.

Rivadeneira recibió una notificación, el 13 de junio de 2023, enviada por Jefferson Aquieta Tamayo, fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional 1.

En esa comunicación le pidieron que compareciera el jueves 15 de junio, a las 09:00, a la Fiscalía para que entregara "el o los dispositivos electrónicos de su propiedad, que contengan información referente a los hechos que se investigan".

Ese mismo día, Rivadeneira respondió por escrito al fiscal explicándole que, por el paso del tiempo (más de tres años), la información ya no estaba en su teléfono, sino archivada y protegida en su correo electrónico.

Y pidió que se explotara su correo para acceder a toda la información de respaldo y que la diligencia se realizara en Guayaquil, donde reside y ejerce como abogado.

El denunciante tiene previsto entregar chats y correos electrónicos que sostuvo con Iglesias mientras estaba en el Gobierno, que constituirían pruebas de un posible delito de concusión.

La evidencia deberá entrar luego en una cadena de custodia y ser sometida a un peritaje.

Como parte de la investigación, entre otras diligencias, la Fiscalía pidió los movimientos financieros de las cuentas de Rivadeneira, Eufemia M., Iglesias y Serrano.

Cuando se formalizó la denuncia, el exministro aseguró que en su cuenta de la Cooperativa de Ahorros de la Policía no aparecía ningún depósito ni pago de sus subalternos.

Y afirmó que no ha recibido un solo dólar de diezmos y que nunca se aprovechó de recursos o sueldos de sus excompañeros de trabajo.

En 2018, José Serrano fue destituido como presidente de la Asamblea, en un juicio político a raíz de una grabación en la que conversaba con el excontralor Carlos Pólit, con quien planeaba sacar al entonces fiscal, Calos Baca Mancheno, del cargo.

Denuncias contra Serrano

Al consultar a la Fiscalía sobre el tiempo que ha tomado la investigación y sus avances, la Dirección de Comunicación respondió que "ninguna indagación previa está detenida, tienen reserva de ley, que las diligencias no sean públicas y no se conozcan, no significa que no se realicen".

La Fiscalía puso como ejemplo el caso Sinohydro, que se conocía como INA Papers, que nace de una denuncia.

"La FGE hizo su trabajo bajo reserva, por todo el tiempo, no fueron USD 18 millones, sino ISD 76 millones; entonces no le tomó un año, porque además la información no estaba aquí, no es que estaba suspendida y se reactivó, sino que se hacían las diligencias y se formularon los cargos cuando se contaba con los elementos suficientes", añadió la entidad.

La Dirección de Comunicación de la Fiscalía, sin embargo, no proporcionó datos sobre las investigaciones sobre Serrano, ni su estado. Respondió que la información estaba en la Dirección de Estadísticas, a la cual PRIMICIAS envió el requerimiento por correo, pero no obtuvimos respuesta al cierre de esta edición.

El caso de la supuesta exigencia de diezmos, no es el único denunciado contra el exministro Serrano.

PRIMICIAS obtuvo los datos por fuentes directas, de algunos de los denunciantes que formalizaron sus casos en la Fiscalía o de denuncias que se hicieron públicas a través de la prensa.

El exministro José Serrano ha sido denunciado por:

• Adquisición de chalecos antibalas, caballos y vehículos KIA para la Policía sin concursos ni licitaciones.

• Por presuntamente forjar evidencias desde el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Transparencia para involucrar a Diego Vallejo en un supuesto porte ilegal de armas de fuego.

• Operaciones de expertos para crear falsos positivos en la Policía, denunciadas en 2021 por Diego Vallejo.

• Uso arbitrario e ilegal del helicóptero de la Policía para viajar junto a dos fiscales a la cárcel de Cotopaxi, en 2018.

• Denuncia del abogado Luigi García contra José Serrano, a quien acusó de haber tenido un plan debidamente estructurado para asesinarlo. El plan, según la denuncia, se desarrolló junto a Pablo Álava, alias Gerald, quien fue detenido en Colombia en 2017 y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 19 años de prisión.

• Por intimidación contra la fiscal Claudia Romero, durante una investigación que realizaba a María Paula Christiansen, excoordinadora financiera del Ministerio del Interior y actual pareja de Serrano.

• Supuesta intromisión en la justicia en el caso del exasambleísta Galo Lara.

• Caso 30-S, por supuestas presiones a jueces y fiscales.

• Por los viajes y contactos que Serrano realizó en Estados Unidos mientras fue asambleísta desde 2017, para entregar información a agencias de ese país sobre algunos ecuatorianos.