Los cinco intentos fallidos del Gobierno para pacificar las cárceles

Las masacres ocurridas en la Penitenciaría del Litoral el 12 y 13 de noviembre de 2021, que dejaron 68 muertos, movilizaron al Gobierno, que promovió una reunión en la Gobernación de Guayas denominada 'Acuerdo Nacional para afrontar la crisis carcelaria'.
Tras una reunión de cuatro horas, Lasso aseguró que todas las funciones “reconocen que Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico”, que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad.
Y propuso siete acciones inmediatas:

• Se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo, con apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales.


• El Ministerio de Gobierno y la Procuraduría elaborarán un proyecto de ley de Seguridad Ciudadana.


• El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones para el trámite de los beneficios penitenciarios solicitados por los privados de libertad.


• Se mantendrá la coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas para mantener el orden dentro y fuera de los centros penitenciarios de manera indefinida.


• El Consejo de Participación Ciudadana creará mesas de diálogo ciudadanas, para acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria.


• El Ejecutivo indultará a los presos con enfermedades catastróficas.


• La Fiscalía acelerará los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos.

El 16 de diciembre de 2021, con la agudización de la violencia en los centros carcelarios del país, Guillermo Lasso conformó la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, cuyo trabajo de pacificación duraría seis meses.
El grupo lo integraron nueve representantes de la sociedad civil, iglesia, academia, y expertos nacionales e internacionales en derechos humanos, cuya misión fue generar estrategias, planes y proyectos para fortalecer el sistema nacional de rehabilitación social.
La comisión la integraron:

• Claudia Garzón Padilla, de Colombia: Psicóloga, especialista en gerencia y administración penitenciaria y máster en Criminología y Victimología.


• El sacerdote Luis Barrios, experto en justicia criminal, procedente de los Estados Unidos.


• Ricardo Morales Vela, experto y delegado en Derechos Humanos.


• Miriam Delgado Chávez, socióloga, delegada de la academia.


• Mónica Ingarévalo Jaramillo, experta en temas académicos.


• Nelsa Curbelo, activista por la paz.


• El pastor Francisco Loor Mendoza, representante por la iglesia evangélica.


• Christian Nieto Salamea, delegado por la Defensoría del Pueblo.


• Jorge Narváez, representante la Iglesia Católica.

Una de las fórmulas que ensayó el Gobierno para intentar poner orden en las cárceles de Ecuador fue ubicar a los cabecillas de las bandas delictivas en el complejo carcelario de máxima seguridad, conocido como La Roca, en Guayaquil.
La cárcel fue habilitada el 9 de abril de 2022, luego de nueve años de permanecer cerrada.
El 9 de abril de 2022, cinco cabecillas de bandas narcodelictivas fueron trasladados a ese centro, tras ser señalados como los responsables de la masacre de 20 internos en la Cárcel de Turi, en Cuenca.
Un mes después, el 9 de mayo, otros seis líderes de estas agrupaciones fueron enviados a la misma prisión.
Ellos protagonizaron otra revuelta en la Cárcel de Santo Domingo que dejó 44 presos asesinados.
Pero el 14 de junio, José López, técnico de la Unidad de Infraestructura y Construcciones del SNAI, entregó un informe técnico con el diagnóstico de esa cárcel.
Ese documento aseguraba que La Roca “no tiene condiciones adecuadas de seguridad perimetral”.
Según los registros del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), hasta el 24 de junio de 2022, 12 personas estaban recluidas en La Roca.

El 25 de julio de 2023, luego de la última masacre en la Penitenciaría, el presidente Lasso firmó el tercer estado de excepción por grave conmoción interna para el sistema carcelario ecuatoriano en lo que va de su mandato.
El decreto ejecutivo 823 contempla disposiciones como:

• En caso de existir incidentes flagrantes, sus zonas perimetrales, vías y zonas de influencia, la Policía Nacional, de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, podrá actuar de modo urgente.


• La movilización y participación de las Fuerzas Armadas será en coordinación con las labores que lleve a cabo la Policía Nacional.


• La intervención de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y, de todos los servidores públicos encargados de la ejecución de este estado de excepción deberá obligatoriamente respetar los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.


• Se dispone requisiciones al interior y exterior de los centros de privación de libertad.


• El Ministerio de Economía y Finanzas asignará los recursos suficientes para atender la situación de excepción, pudiendo disponer de los fondos públicos necesarios para el efecto.

• Decreto 210 de 29 de septiembre de 2021.


• Decreto 276 de 28 de noviembre de 2021.

Tras la masacre del 22 y 23 de julio de 2023, que ha dejado 31 muertos, el Gobierno intervino los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y violenta de Ecuador.
En los operativos, las autoridades encontraron todo un arsenal escondido en las paredes, techos y pisos de ese centro carcelario.
De momento, el director del SNAI, Guillermo Rodríguez, aseguró que el Gobierno mantiene el “control de todos los pabellones de la Penitenciaría”, aunque no pudo garantizar que el resto de cárceles estén limpias de armas de fuego en poder de los reclusos.
Y por ello, reiteró que invertirán USD 18,7 millones para tratar de controlar el ingreso de las armas, a través de la compra de nuevos escáneres.
Sin embargo, el SNAI había intervenido 13 complejos penitenciarios desde el 5 de mayo de 2023, donde hallaron desde chanchos hasta armamento pesado.