La crisis carcelaria reduce el número de policías en las calles del país

El 29 de noviembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 276, en el que extiende 30 días más el estado de excepción en las cárceles del país, una medida en vigencia desde el 29 de septiembre.

El punto central de la medida es movilizar policías y militares, hacia los centros carcelarios, para colaborar con el control de la seguridad. Esto, debido a la escasa capacidad del Cuerpo de Agentes Penitenciarios.

Actualmente, en Ecuador hay 1.646 agentes carcelarios y 37.201 presos, lo que significa que cada agente está a cargo de 23 detenidos, en promedio. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) establece un estándar de un guía por cada nueve presos.

Es decir, hay un déficit de unos 2.500 agentes penitenciarios para que exista un control adecuado de los centros penitenciarios.

Ante la emergencia de inseguridad, que ya ha dejado más de 300 presos asesinados en 2021, el Gobierno ha decidido incrementar el control en las prisiones con agentes de la Policía Nacional. Aunque, según las últimas cifras también es insuficiente.

1,34 policías por cada preso

A noviembre de 2021, Ecuador tiene 51.631 policías en servicio activo. Los mismos están distribuidos en distintas localidades, servicios y unidades en todo el país.

Comparando esta cifra con el número de presos, en el país hay 1,34 policías por cada recluso.

Pero es imposible ponerlos a todos, o a la mayoría de ellos, a cuidar las cárceles para evitar nuevas masacres, pues la Policía tiene a su cargo la seguridad interna del país.

Además de que no todos los uniformados están operativos todos los días. Siempre hay agentes con días libres, con permiso, vacaciones, baja médica, u otras razones que les impiden estar a todos en las calles.

Por estas razones, destinar más efectivos a las prisiones supone también reducir el contingente policial en las calles y desproteger a la ciudadanía de la delincuencia.

Este fenómeno se empieza a notar en las tres provincias con las cárceles más grandes del país: Guayas, Cotopaxi y Azuay.

Esto es más notorio en Guayas, donde está la Penitenciaría del Litoral, que es la prisión más violenta del país.

En esta provincia hay 14.586 presos, que representan el 39% de toda la población carcelaria del país y están asignados 10.534 policías.

Pero el 10% de los servidores policiales hace uso de sus vacaciones anuales, cada mes y el 25% de los efectivos utiliza su descanso operacional cada nueve días. Es decir, hay momentos en los que están activos unos 7.000 policías en esta provincia.

En medio del estado de excepción carcelario, para controlar el Complejo Penitenciario de Guayas, que tiene 12 pabellones con unos 800 presos en cada uno, se requieren 500 policías por turno para controlar estas prisiones.

Al día hay tres turnos. Por lo que, 1.500 policías se están dedicando diariamente a las cárceles en esta provincia y quedan solamente 5.500 uniformados para cuidar las calles, investigar crímenes y otras actividades policiales.

Esto pese a que Guayas es también la provincia más peligrosa fuera de las cárceles. Hasta inicios de noviembre, hubo 593 muertes violentas, una cifra que duplicó los niveles de 2019 (antes de la pandemia).

Algo similar ocurre con los contingentes policiales desplegados en las provincias del Cotopaxi y Azuay, donde se ubican los Centros de Rehabilitación Social Cotopaxi y Turi, respectivamente.

El Ejecutivo insiste en los militares

"El número de agentes de seguridad penitenciaria y policías resultaría insuficiente para controlar la situación presente en los centros de privación de libertad sin dejar al resto de la población desprovista de vigilancia policial".

Ese es uno de los argumentos que constan en el decreto ejecutivo que Lasso firmó para alargar el estado de excepción en las cárceles.

Al igual que en el decreto con el que se empezó esta medida, en septiembre, el Mandatario ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas a las cárceles, incluyendo el interior de las mismas.

Sin embargo, la Corte Constitucional (CC), en su control de constitucionalidad, dictaminó que la movilización y participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para controlar la crisis carcelaria es constitucional, siempre y cuando, los militares actúen hasta el perímetro exterior, incluido el primer filtro de ingreso a las cárceles.

Esta nueva insistencia del Gobierno en autorizar el ingreso de militares a las prisiones, tendrá que ser nuevamente evaluada por la CC, aunque esta vez hay un antecedente más: tras la última masacre en la Penitenciaría del Litoral, Lasso y la Corte intercambiaron mensajes polémicos en Twitter.

Haciendo referencia a la limitación del control militar hasta el primer filtro de las cárceles, Lasso dijo que la matanza de los 68 presos fue “un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional”, ya que el Gobierno necesita herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población.

A través de un comunicado oficial, la CC respondió que Lasso pretende “evadir sus propias responsabilidades”. Finalmente, el Presidente bajó el tono y dijo que siempre acatará las resoluciones de la Corte, aunque no comparte sus posiciones.

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