Crímenes en Manabí se cometen con armas de uso militar

El 90% de las 194 muertes violentas registradas en lo que va de 2022 en Manabí está relacionado con la guerra entre organizaciones delictivas por las rutas marítimas del narcotráfico.

También el 90% de estos crímenes son perpetrados con armas de fuego, ya sean largas o cortas, entre ellas fusiles de uso militar.

Reportes de Inteligencia militar indican que las armas de uso militar ingresan al país desde Colombia, Perú, México y por couriers.

Los carteles mexicanos, por ejemplo, traen el armamento en narcoavionetas que aterrizan en las 28 pistas clandestinas localizadas en Manabí, cargadas con dinero para llevarse los narcóticos.

Se trata de ametralladoras M-60, rifles Barrett calibre 50, R-15, M-16, Galil y M-4, así como subfusiles FN P90. El rifle Barrett puede llegar a costar hasta USD 50.000.

Además ingresan pistolas nueve milímetros, Glock y Five Seven, que pueden costar entre USD 1.300 y USD 4.500.

Según la Policía, en esta provincia hay dos bandas plenamente identificadas que se disputan el territorio: Los Choneros y el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Para Rafael Pérez, comandante de la Policía en la zona 4, muchas de estas organizaciones que operan en la provincia, son dirigidas por delincuentes desde cárceles como El Rodeo, Bahía de Caráquez o Jipijapa.

No descarta que también reciban órdenes desde otras cárceles del país.

De enero a junio de 2022, se han registrado 194 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo de 2021 hubo 106.

Al comandante Pérez le preocupa que estas cifras de los primeros meses de 2022 están por superar a las registradas en todo 2021, que fueron 195.

La violencia criminal se concentra en cinco cantones: Manta, Portoviejo, Chone, El Carmen y Pedernales. Este último es uno de los territorios más conflictivos, por ser una de las rutas para sacar la cocaína por vía marítima hacia Estados Unidos.

En Manabí, al igual que en Guayas y Esmeraldas, rige un estado de excepción, desde el 30 de abril pasado, que finaliza este 30 de junio.

La medida del Ejecutivo pretende reducir los altos índices de delincuencia y criminalidad en Ecuador.

Según Pérez, en Pedernales sí ha funcionado la concentración de las fuerzas militar y policial, que han logrado reducir los delitos en más del 60%.

Sin embargo, en los demás cantones de la provincia existe un incremento de muertes violentas del 82%, en comparación con el año pasado.

Casos resueltos

De los 194 crímenes registrados en 2022, dice el jefe policial, 23 han sido resueltos. Las motivaciones de estos asesinatos responden, en su mayoría, a la disputa de territorio por microtráfico.

Según registros policiales, de los 193 eventos, más del 95% de las víctimas pertenecía a organizaciones delictivas. Y cerca del 30% de estos hechos ya tendría una línea de investigación clara.

Uno de los últimos se produjo el 27 de junio de 2022, en un local de mantenimiento de bicicletas, donde una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas.

La Policía informó que detuvieron a seis hombres y a una mujer, que serían parte de una organización delictiva.

Sicarios usan motos robadas

La Policía tiene información de que las organizaciones usan motocicletas robadas para cometer sicariatos en la provincia.

En este 2022 se han desarticulado 68 bandas, en su mayoría dedicadas al sicariato, tráfico de armas y de drogas.

Manta es uno de los cantones con mayor número de asesinatos en Manabí con 43, mientras que en 2021 hubo 24.

Patricio Almendáriz, jefe de la policía del distrito Manta, dijo que esto se debe a la "presencia de grupos de delincuencia organizada que estarían enfrentándose por territorio".

En este cantón, la policía y sus unidades especiales tienen identificadas a cuatro "zonas calientes", que no pueden revelar por seguridad.

Inconvenientes para resolver los casos

El comandante Rafael Pérez reconoce que existe un déficit de personal y de equipos para resolver las muertes violentas.

Sin embargo, asegura que realizan capacitaciones constantes y que han mejorado sus equipos tecnológicos.

Los inconvenientes o demoras en las investigaciones ocurren cuando la Policía debe hacer un peritaje y se ve obligada a utilizar equipos de Quito o Guayaquil.

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