Delincuentes reclutan a Marinos para robo de armas y municiones

Decenas de marinos en servicio activo y pasivo (que recibieron la baja) se convirtieron en eslabones de las bandas criminales, con roles clave en el robo, tráfico y venta de armas y municiones.

Algunos uniformados, incluso, serían colaboradores de la peligrosa banda de Los Chone Killers.

Informes de Inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas, a los que PRIMICIAS accedió, hablan de la participación criminal de, al menos, 43 marinos.

• 13 de ellos son investigados por su relación directa con el robo y venta de armas y municiones a organizaciones delictivas, como Los Chone Killers y Los Choneros.
• Nueve más están bajo una investigación de la Fiscalía, por el robo de 12 fusiles AK-47.

Las alertas del reclutamiento de uniformados han sido abordadas en reuniones del alto mando militar y del ministro de Defensa, Luis Lara.

Hay información de primera mano sobre esas actividades criminales en varias provincias de la Costa.

Actividades delictivas que han sido investigadas y corroboradas en coordinación con la Policía.

La situación incluso fue expuesta a la Asamblea Nacional, hace pocas semanas, en una reunión reservada.

El ministro Lara informó a PRIMICIAS que, desde 2022, se han identificado en la Armada 12 casos.

Por ello, 11 miembros de la institución han recibido la baja, así como un tripulante que el 17 de enero fue aprehendido con 170 gramos de marihuana y un arma de fuego en Guayaquil.

"La política de cero tolerancia a la corrupción anunciada desde mi cartera constituye una prioridad para el jefe del Comando Conjunto y los comandantes de las Fuerzas, que deben generar informes periódicos sobre del estado de cada uno de los casos de corrupción, tanto en el aspecto militar como en los procesos judiciales", explica Lara.

El robo de los fusiles

A inicios de 2022, en el feriado del Día de los Difuntos, el cantón de Durán se volvió un infierno.

Las bandas delictivas perpetraron atentados terroristas contra dependencias policiales, con explosivos y armas de fuego, asesinando a cinco uniformados.

En medio de las violentas arremetidas, los atacantes, que gritaban consignas identificándose como 'Los Chone Killers', difundieron videos disparando con fusiles AK-47.

Durante los días siguientes, la Policía capturó a varios de los delincuentes que participaron en los ataques.

Entre las armas incautadas había dos fusiles AK-47, con números de serie adulterados (limados), que según las investigaciones preliminares eran parte de un lote de 10.000 armas que fue donado por China al gobierno de Rafael Correa, en 2016.

Pese a que en 2021 se anunció que ese arsenal sería chatarrizado, por sus desperfectos, fue entregado a unidades militares, entre otras a la Base Naval San Eduardo en Guayaquil, para la dotación y entrenamiento del personal.

Dos semanas después, cuando ya se sabía que algunos de los fusiles estaban en manos de los delincuentes, personal de la Base constató que 12 fusiles AK-47 habían sido robados del Refugio Nr. 1.

En el mencionado polvorín existían 200 cajas más, cada una con diez 10 fusiles.

Solo había un juego de llaves de los dos candados de las puertas de acero del ingreso al Refugio, que estaban bajo custodia del pañolero de guardia, un sargento. Sin embargo, a las llaves también tenían acceso todos los que conformaban ese grupo de trabajo.

Las seguridades y candados nunca fueron violentados ni rotos o cambiados. La edificación tampoco tenía orificios ni perforaciones prefabricados de ingreso o salida.

Por disposición del Ministerio de Defensa, según confirmó Lara, el comandante de la Fuerza Naval, John Merlo, denunció el robo a la Fiscalía.

Al mismo tiempo, se abrió un proceso interno de la inspectoría de la Armada para investigar y establecer responsabilidades del personal militar en el robo.

Por este caso actualmente son investigados nueve militares, entre oficiales y tripulantes.

PRIMICIAS accedió a los nombres del personal investigado, tres de ellos tienen procesos judiciales, dos por hurto e intimidación.

Miembros de los Chone Killers

Además, han sido identificados ocho marinos más con antecedentes penales, que están involucrados en el robo de municiones y armamento de varias unidades navales, según reportes de Inteligencia.

Todos serían parte de la banda de Los Chone Killers, que protagonizó los ataques en Durán, tras conocer que su cabecilla, Antonio Benjamín Camacho alias 'Ben 10', iba a ser trasladado de la Penitenciaría del Litoral a la cárcel de alta seguridad de La Roca.

Entre los lugartenientes de 'Ben 10' estaban los marinos en servicio pasivo, conocidos como Orejas, Tomasito y Pedriño.

Pedriño sería el sicario más experimentado de la banda: recibió la baja en mayo de 2022, por el delito de tentativa de asesinato contra un funcionario del Municipio de Durán, según consta en el proceso Nro. 9287-2022-00704.

Sin embargo, Pedriño fue reincorporado a la Marina el 18 de noviembre de 2022.

En la tercera línea aparecen un sargento y un cabo de Infantería de Marina. También el sargento (SP) Mario L., el sargento Carlos F. (SP), e Infante L. (SP). Ellos fueron asesinados en 2022. En la base del grupo criminal además están mapeados cinco infantes de Marina, entre cabos y sargentos.

Un infante, asignado al control del filtro externo de la Penitenciaría del Litoral, en diciembre pasado, habría facilitado el ingreso de armamento, municiones y explosivos.

Venta a domicilio

Informes de inteligencia corroboran que marinos, policías y guías penitenciarios, son parte de las redes criminales que venden municiones y armamento en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil).

Seis integrantes de la Armada hasta estarían dedicados a vender material bélico a los presos.

En julio de 2022, se supo que los 'Marinos' iban a ingresar munición y un fusil al Pabellón de Máxima Seguridad, del Centro de Privación de Libertad Regional Guayas.

Además, que un cargamento de munición y un fusil se comercializó con bandas criminales en Guayaquil.

La munición era para un grupo que controla el sector de La Trinitaria. Mientras negociaban la venta indicaron que el material saldría de una base militar.

Esa célula identificada como personal de la Marina, dedicada a proveer de armamento a los grupos criminales, operaría en Guayaquil. Y estaría integrada por:

• Un sargento de la Primera Zona Naval.
• Otro sargento que fue dado de baja en junio de 2020, tras haber sido llamado a juicio por delincuencia organizada, según registros del sistema judicial.
• Un militar que fue separado en 2019, pues tiene juicios por narcotráfico y delincuencia organizada desde 2018 al 2022.
• Dos cabos de Infantería de Marina, uno de los cuales es sospechoso de homicidio.

Fraternidad con UNES

Los marinos que trabajan con las organizaciones criminales también tienen nexos con actores políticos.

La conexión salió a la luz el 15 de diciembre de 2022, cuando la Policía detuvo a 37 personas, entre ellos el marino en servicio activo Jorge Enrique León Quiñónez, además de un miembro del Ejército.

Ambos eran parte del grupo custodio de Junior Roldán, cabecilla de Las Águilas, una disidencia de Los Choneros.

Roldán había recuperado su libertad ese 15 de diciembre.

El marino detenido es muy cercano al asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), Rony Aleaga.

Es más, el cabo primero León Quiñónez fue condecorado por la Asamblea Nacional con la máxima distinción Vicente Rocafuerte.

La condecoración fue gestionada por Aleaga, quien llegó al correísmo hace más de una década, cuando era líder de los Latin Kings, pandilla convertida en grupo criminal.

En este caso además es investigado el marino Fabrizzio Cordero, también condecorado en la Asamblea por pedido de Aleaga.

Cordero era parte del equipo de seguridad del vicepresidente Alfredo Borrero, según lo denunció el asambleísta Fernando Villavicencio.

Empleado y seguidor de Aleaga, Cordero pertenecía a la compañía de seguridad Grupo de Protección VIP Halcones. Esta empresa ha brindado servicios a políticos y candidatos del movimiento UNES.

Las balas perdidas

Una balacera estremeció a los habitantes de la Cooperativa 28 de Agosto, en Durán, Guayas, El 3 de octubre de 2022.

Cerca de la medianoche de ese día, varios criminales llegaron en dos vehículos a las afueras de la vivienda de un guía penitenciario de Guayaquil.

Dispararon con fusiles contra la puerta de la vivienda y luego huyeron. El ataque ocurrió pocos minutos después de que el guía había llegado a su hogar, en donde vive con sus hijos y su esposa. Todos salieron ilesos del atentado.

Horas después, en la escena del crimen, la Policía hizo el levantamiento de 20 vainas percutidas calibre 9 milímetros, siete vainas percutidas de 5.56 y tres balas deformadas, que fueron llevadas al laboratorio de Criminalista para pericias.

Personal técnico analizó la trazabilidad de las balas y determinó que los casquillos correspondían a munición entregada a la lancha Guardacostas PINTA, de la Armada.

Indiferencia y lentitud

Un alto oficial de la Marina, que ha denunciado ante sus superiores la participación de marinos en hechos delictivos, dice que la contaminación criminal es creciente, en medio de la indiferencia y la lentitud del mando a la hora de responder con acciones.

"No les interesa intervenir, hay una actitud contemplativa frente a la corrupción, no solo por la participación de uniformados con bandas, sino en otros delitos que ocurren a diario", dice el oficial, que pidió el anonimato.

“Es un problema de impunidad sistémica”.

PRIMICIAS pidió una entrevista y la versión del comandante de la Armada, John Merlo, pero no obtuvimos respuesta.

Desde 2022, tras los escándalos por la captación ilegal de dinero por parte del asesinado Don Naza, el atentado contra el radar de Montecristi, y la participación de uniformados con bandas delictivas, en Fuerzas Armadas se anunció la creación de unidades de Asuntos Internos.

En la Marina también se inició un proceso, pero hasta el momento no hay nada concreto.

"Desde hace años pedimos que se cree Asuntos Internos, pero no lo hacen porque muchos intereses pueden ser afectados", agregó el marino.

El oficial recalca que por eso no es extraño que oficiales de mediano o alto rango nunca sean involucrados ni investigados cuando hay delitos de por medio.

El ministro Lara explica que cada una de las Fuerzas dentro de su estructura organizacional tiene inspectorías, que son organismos competentes para el seguimiento y la evaluación de aspectos de gestión administrativa.

"En el cumplimiento de las operaciones, en el escenario de lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, el personal militar puede ser seducido para incurrir en actividades ilícitas", reconoce Lara.

Y añade que "es por esta razón que las inspectorías de las fuerzas están siendo fortalecidas con un departamento denominado Asuntos Internos".

El objetivo de esos departamentos es el seguimiento de aspectos administrativos del personal militar; en el caso de que se encuadren en presuntos delitos, deben ponerlos en conocimiento de la Fiscalía.