Contratos petroleros: pago de favores siguió a negociación con Schlumberger

El 6 de octubre del 2011, el Directorio de Petroecuador dio un giro inesperado. Cambió la conformación de los cuatro equipos gubernamentales que, desde mayo de ese año, trabajaban en el proyecto de Prestación de Servicios Integrados con Financiamiento para la producción de crudo en cuatro campos maduros de Petroecuador, con las compañías privadas Schlumberger, Halliburton, Sertetpec y Baker Huges.

Ese día, los grupos técnicos fueron disueltos por el directorio de Petroecuador, encabezado por Wilson Pastor, entonces ministro de Recursos Naturales no Renovables, y Jorge Glas, ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, delegado del presidente Rafael Correa.

Esos equipos multidisciplinarios estaban compuestos por ingenieros, economistas y abogados de varias instituciones, incluidas el Ministerio de Recursos Naturales y Petroecuador.

Contaban además con la asesoría externa de técnicos de empresas de alto prestigio de Noruega, Francia y Estados Unidos, que fueron contratadas para este propósito en una licitación.

Sorpresivamente, esos equipos fueron separados de las negociaciones que lideraban. Los remplazaron dos comisiones, la de tarifas y la legal, que en adelante dirigieron el proceso hasta la firma de los contratos, en enero de 2012.

¿Cuál fue la razón de fondo para esa decisión? Al parecer, la respuesta está en los detallados informes que las primeras cuatro comisiones entregaron al Directorio de Petroecuador, entre mayo y octubre de 2011, a los que accedió PRIMICIAS.

En especial, el oficio 1399-SH, remitido el 26 de mayo de 2001, por la Secretaría de Hidrocarburos, a Carlos Pareja Yannuzzelli, coordinador del Proyecto de los Campos Maduros.

El documento establece los pronósticos de producción (Curva Base de declinación de la producción de crudo) de los campos Shushufindi-Aguarico, Auca-Auca Sur, Cuyabeno Sansahuari y Libertador.

Ese reporte fija las curvas de declinación de la producción en un período de 20 años, que es el período de vigencia de los contratos, que luego se firmaron con las petroleras. A partir de este y otros parámetros se establecieron las tarifas que el gobierno paga a las empresas, por cada barril producido de petróleo.

Cuando el gobierno de la época firmó los contratos, el 31 de enero de 2012, la curva establecida estuvo muy por debajo de la que elaboraron las primeras comisiones, lo cual también influyó en la tarifa, que pasó de un costo estimado de producción de entre 10 y 13 dólares por barril -que invertía Petroecuador hasta 2011- a USD 30,6, que se fijó para pagar a Schlumberger.

"De un momento a otro, el gobierno de Correa inclinó la balanza en favor de los intereses de las empresas privadas, especialmente de Schlumberger, que recibieron la coadministración de las joyas de la corona del sector petrolero, en condiciones perjudiciales para el Estado ecuatoriano", según el legislador Fernando Villavicencio, quien investiga esa contratación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

El martes pasado, el Ministerio de Energía también pidió que la Contraloría realice un examen especial de los 22 contratos firmados bajo el mecanismo de servicios específicos con financiamiento. La decisión se tomó luego de que PRIMICIAS difundiera dos videos que revelan que altas autoridades del correísmo se pusieron de acuerdo para eliminar observaciones de una auditoría que realizó la Agencia de Regulación y Control (ARCH), en 2014.

Esa investigación de la ARCH, inicialmente, estableció perjuicios económicos en el convenio suscrito con el Consorcio liderado por la francesa Schlumberger. Eso evidencian los videos donde aparecen Rafael Poveda, Pedro Merizalde, quien era ministro de Recursos no Renovables, y José Luis Cortázar, titular de la ARCH, quien grabó con una cámara oculta la reunión celebrada el 15 de julio de 2014. Desde 2013, Poveda había tomado la posta a Glas en los sectores estratégicos.

En la cita, Poveda presionó a Cortázar para que eliminara las observaciones sobre la falta de sustentos técnicos para elaborar la curva de producción del campo Shushufindi y la tarifa pagada a Schlumberger.

Desde febrero de 2014, Cortázar pedía a todas las autoridades que justificaran cómo elaboraron la curva de producción y la tarifa, pues esa información no estaba incluida en el contrato. Ningún funcionario respondió.

"Todos los documentos que elaboraron las comisiones disueltas por orden de Glas desaparecieron de Petroecuador. Ahí se advierte que para los contratos se definieron curvas falsas, que tergiversaron los datos de producción real de los campos, para beneficiar a las compañías, que hoy siguen usufructuando de ese modelo", dijo Villavicencio.

En 20 años, es decir, hasta el 2032, según los estudios de las comisiones que fueron disueltas, la producción estimada del campo Shushufindi será de 291 millones de barriles de crudo. El precio promedio de cada barril se calculó en USD 80. Para este mismo período la empresa previó invertir USD 2.000 millones.

Trabajo de seis meses al traste

El Directorio de Petroecuador decidió abrir las puertas al modelo de prestación de servicios con financiamiento en marzo de 2011.

Para arrancar, adoptó un esquema de contratación directa con:

• Schlumberger, en el campo Shushufindi
• Halliburton, en Cuyabeno-Sansahuari
• Sertetpec, en Libertador
• Baker Huges, en Auca-Auca Sur.

Para las negociaciones con las petroleras, que arrancaron el 11 de mayo de 2011, se designó a Carlos Pareja Yannuzzelli como coordinador general.

Él armó cuatro comisiones técnicas, que contaron con la asesoría técnica de las compañías consultoras internacionales IRIS, de Noruega; Franlab, de Francia, y Reservoir knowledge, de Estados Unidos.

Durante seis meses, esos equipos negociaron con las empresas el modelo económico y legal que se aplicaría en el contrato, que tuvo cinco borradores.

El informe con las conclusiones del proyecto, que incluía el modelo final de los contratos, fue entregado el 30 de septiembre al Directorio. Estaba firmado por ocho funcionarios encabezados por Pareja Yannuzzelli.

El reporte de 19 páginas detalla las inversiones y las estimaciones de producción, la negociación legal, el modelo económico con la sustentación de la curva y sugerencias sobre formas de pago, modelos y ajuste de tarifas, la remuneración y rentabilidad de la contratista, que debía estar entre el 10 y 15%.

"El proceso de negociación técnica y legal y la elaboración del modelo económico ha sido una tarea ardua, que demandó largo tiempo por la delicadeza de los temas tratados. Los funcionarios y profesionales que participaron han demostrado alta capacidad técnica. El apoyo de asesores externos ha sido sumamente positivo", concluye el informe, al establecer que solo resta para finalizar el proceso dar paso a la negociación económica y calcular la tarifa más conveniente a los intereses de Petroecuador.

Seis días después, el Directorio de Petroecuador cambió de rumbo. Indicó que el informe presentado por los equipos negociadores no era satisfactorio, por lo cual solicitó que hasta el día siguiente se entregue la información sobre la curva base, la curva base de la compañía, inversiones, costos y gastos de cada campo.

Además, decidió que el seguimiento directo de la negociación estaría a cargo del entonces ministro Wilson Pastor, modificando los cuatro grupos, que fueron reemplazados por dos comisiones, encabezadas por Patricio Machado y Andrés Donoso, funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables.

Luego de dejar el gobierno en 2014, Machado fue contratado por Schlumberger, donde trabaja hasta ahora en un cargo ejecutivo. Donoso luego negoció el contrato del campo Auca, a nombre de Schlumberger, a través del estudio Ferrere, donde también fue socio, según Villavicencio.

Hoy es parte del bufete Robalino Law en el área de Energía y Recursos Naturales. Ahí es asesor de Schlumberger.

El país no solo fue perjudicado en miles de millones de dólares por las descomunales tarifas -agrega el legislador-, sino porque los contratos también establecieron que todos los equipos y servicios debían ser proveídos a Petroecuador por Schlumberger.

"Les entregaron el monopolio de todos los servicios petroleros. Eso se reproduce en los 19 contratos que se firmaron con Petroecuador"

Fernando Villavicencio

El aumento de producción esperado

PRIMICIAS busco un pronunciamiento oficial de Schlumberger, pero no hubo una respuesta oficial.

Tras la decisión de reorientar las negociaciones, el 6 de octubre de 2011, el Directorio de Petroecuador decidió que los técnicos que discutieron en cada campo, la curva y las inversiones valoradas, se mantendrían vigentes para no desviarse de lo acordado con las empresas, así como los asesores externos.

Al no haberse suscrito un acuerdo con Petroecuador y la compañía sobre la curva total y curva base, este se haría inmediatamente para partir sobre una base sólida y luego con la curva de la Secretaría de Hidrocarburos fijar el rubro de las tarifas, según resolvió el Directorio.

Luego de que se concretó el contrato con esa compañía holandesa y las otras petroleras, la Contraloría auditó esos procesos y no estableció ninguna irregularidad en la tarifa ni en la curva base.

Las estimaciones de reservas del campo Shushufindi se hicieron con base en informes recabados por el gobierno de entonces, lo cual significó más ingresos para el Estado ecuatoriano -estimados en más de USD 13.000 millones- que para la compañía, según aseguraron en su momento las principales autoridades del correísmo.

A fines de 2012, el entonces ministro Pastor destacó que, con los incrementos de los campos Shushufindi y Libertador y Sacha (de Río Napo), aumentaría el promedio de producción a 525.000 barriles diarios.

Y anunció que, en 2013, se cumpliría un nuevo récord de producción al alcanzar los 538.000 barriles diarios, superando al registro de 2006, de 525.000 barriles.

Según Pastor, los contratos de los campos maduros significaron una mejora sustancial para la producción que redundaron en más recursos para el país.

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