Hasta la Cabalgata Montuvia Guayasense fue observada por Contraloría

Un informe de auditoría de la Contraloría encontró supuestas irregularidades en 25 contratos suscritos por la Prefectura del Guayas entre agosto de 2014 y diciembre de 2019, cuyo monto contratado asciende a USD 3.990.446.

Se trata de un examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de la adquisición de bienes y servicios mediante procesos de contratación por cotización que se realizó a tres administraciones: la de Jimmy Jairala (2009-2018), Mónica Becerra (2018-2019) y del fallecido Carlos Luis Morales (2019-2020).

La mayoría de contratos corresponden al periodo de Jairala, quien renunció a la Prefectura del Guayas en diciembre de 2018 para postularse a la Alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático, por lo que fue reemplazado por la viceprefecta Mónica Becerra, quien ejerció hasta 2019, cuando Morales ganó las elecciones.

El informe de auditoría se basó en la revisión de 3 contratos en 2014, por USD 290.560; 13 en 2015, por USD 2.121.270; 5 en 2016, por USD 508.269; 3 en 2018, por USD 730.846; y 1 en 2019, por USD 339.500.

Según las observaciones de la entidad de control, los contratos no cumplen con los requisitos previstos en la ley, como acreditar la experiencia de los proveedores, ausencia de los sustentos que justifiquen los desembolsos e incluso la participación de una sola funcionaria que consta como representante de tres empresas distintas que participan en los concursos.

Es el caso de la contratación realizada por la Prefectura en julio de 2014 para el proyecto "Servicio para la planificación, organización y ejecución de la Tercera Cabalgata de Integración Montuvia Guayasense" que contó con un presupuesto referencial de USD 70.000 más IVA.

En el proceso, la Prefectura recibió cotizaciones de las empresas Laicaporq Producciones, Rihanna y Kisserza, que tenían algo en común: al mismo representante legal. Finalmente, el contrato se adjudicó a Kisserza, sin que, dice el informe, se acreditara su experiencia como proveedor, ni presentaran los soportes de las gestiones realizadas por la contratista.

El proveedor tenía la responsabilidad de gestionar la participación de los GAD's cantonales y parroquiales de la provincia en la cabalgata, incorporando bandas de pueblo, carros alegóricos y grupos folclóricos.

Además, debía convocar e inscribir a 3.500 caballistas y entregarles tickets de comida y bebida. También disponer de una camioneta 4x4 con conductor, seis carros tipo chivas con sonido y capacidad para 20 personas cada uno, de lo cual no constan los respectivos respaldos.

Otro de los contratos que llamó la atención de la Contraloría es el suscrito con la compañía Zerasamiz en enero de 2015 para la evaluación médica básica con entrega de suplementos medicinales a los niños de las escuelas de fútbol de la Prefectura, con un presupuesto referencial de USD 115.999.

Esta empresa, sostiene el informe, tampoco acreditó experiencia técnica. Es más, uno de los supuestos coordinadores declaró que nunca trabajó con el contratista. Tampoco presentaron los soportes sobre la entrega de productos contratados.

En abril de 2015, aparece otra vez la empresa Kisserza con un contrato por USD 496.000 para llevar a cabo un programa de turismo educativo para personas de la tercera edad en el que se debían realizar 189 paseos fluviales para 18.900 personas.

Sin embargo, no existe constancia de estos paseos, solo un CD de dos minutos y fotos repetidas, dice la Contraloría.

Abogados de Jairala: "La Contraloría es un organismo chantajista"

Leonardo Toledo y Francisco Fierro, abogados de Jairala, sostienen que el informe de Contraloría es general y que el auditor "saca de contexto y no reproduce textualmente la contestación de este informe".

Según Fierro, en el caso de la Tercera Cabalgata hubo una contestación en la que se especifica el proceso que se siguió.

Agrega que presentaron los descargos, pero que los auditores "agarran estas tres partes, las fusionan y las ponen en una redacción distinta, lo que denota que el funcionario está admitiendo algún tipo de responsabilidad".

Por ello, dice Fierro, "es realmente malicioso el obrar del equipo de auditores de la Contraloría, porque sacar de contexto una contestación, que es el principal medio de defensa para llegar a una conclusión de naturaleza inculpatoria, es un acto de perversidad".

La defensa de Jairala indica que la Contraloría "era un ente serio" y que en la actualidad "se ha constituido en un organismo chantajista".

El informe, aprobado el 27 de agosto de 2021, no ha sido contestado por los abogados del exprefecto, ya que deben analizarlo, cuando los notifiquen legalmente.

"Tenemos 30 días para contestar, una vez que se me notifique con una predeterminación de algún tipo de responsabilidad, y luego la Contraloría tiene 60 días para emitir una resolución", indica Fierro.