Cálculos oficiales de reclusos y reportes de víctimas generan dudas
Cada siete días, el SNAI publica un reporte de la población en las cárceles del país. En las fechas de las cuatro masacres, los informes no coinciden con el número de víctimas.
Pablo Ramírez (centro), director del SNAI, recorre las instalaciones del CPL Manabí #4, el 11 de diciembre de 2021.
@SNAI_Ec
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El manejo estadístico del sistema carcelario es precario y es otra de las razones por lo que la crisis se sigue agravando. Por ello, una de las prioridades del Ejecutivo es realizar un censo penitenciario.
Las vulnerabilidades al registro de detenidos se evidencian en las propias estadísticas del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
En el sitio oficial de la entidad se publica, cada siete días, el reporte de población penitenciaria. Los datos varían y los números no coinciden, por ejemplo, con los informes de víctimas de las denominadas masacres carcelarias.
El SNAI ha informado de 286 víctimas en las cuatro matanzas en cuatro prisiones del país. Pero la reducción de la población penitenciaria en esas cárceles, debido a los asesinatos, no se refleja en los cálculos oficiales.
Faltan presos en las cuentas del SNAI
Por ejemplo, según el reporte estadístico del SNAI, el 17 de febrero, seis días antes de la primera masacre, en el CPL Azuay #1 (Turi) se contaron 2.466 detenidos y el 24 de febrero, un día después del motín, se reportaron 2.385.
Es decir, hubo una diferencia de 81 personas. Pero solo se reportaron 34 víctimas del motín. ¿Dónde están los otros 47 presos de diferencia?
Lo mismo ocurrió en otros cinco casos. El de mayor diferencia se evidenció en el motín del 21 de julio en el CRS Cotopaxi. El mismo día de los incidentes, horas antes, se habían contado 5.406 detenidos. Y siete días después se reportaron solo 5.166.
El reporte de víctimas fue de 13 presos muertos, pero, según el conteo faltaban 227. En parte eso puede explicarse en que más de 100 detenidos se fugaron durante ese motín y fueron recapturados progresivamente en los siguientes días.
Cómo se cuentan los detenidos
A través de correo electrónico, PRIMICIAS consultó al SNAI cómo obtiene los datos de los censos que se realizan cada siete días, teniendo en cuenta que hay pabellones que no son controlados por las autoridades. También se consulto por qué hay un desfase con el reporte de víctimas.
Hasta el cierre de este reportaje, la entidad no respondió las preguntas.
Pero PRIMICIAS dialogó con un exagente de seguridad penitenciaria, quien trabajó tres años en la Cárcel Guayas #1, conocida como Penitenciaría del Litoral en Guayaquil.
El exfuncionario, quien prefiere guardar su identidad, explica que los cálculos del Gobierno, antes con el Ministerio de Justicia y ahora con el SNAI, son únicamente procesos administrativos.
Es decir, se toman los datos de nuevos ingresos, excarcelaciones, muertes, prelibertades y se hace un cálculo. Hacerlo en cada cárcel es imposible por dos razones, explica el exguía.
Primero, hay muy pocos agentes en relación con el número de detenidos y, realizar un conteo cada semana sería imposible. Y, en segundo lugar, hay pabellones donde los guías no pueden ingresar libremente, ya que están bajo el control de las bandas criminales.
Censo oficial con retrasos
Para solucionar estos problemas estadísticos, el Gobierno ha planteado un nuevo censo penitenciario. Esta tarea está a cargo de tres entidades.
- SNAI
- Secretaría de Derechos Humanos
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
El cronograma y los lineamientos para esta actividad se aprobaron el 10 de noviembre de 2021. Y el programa piloto del censo debió realizarse el 15 de diciembre, pero se postergó.
La nueva fecha prevista era el lunes 20 de diciembre de este año, y podría cambiar porque todavía no se ha aprobado el protocolo de seguridad para que los técnicos del INEC puedan ingresar a las cárceles.
El INEC dijo a PRIMICIAS que "el SNAI se encuentra afinando un protocolo de seguridad y estableciendo las fechas en las que el personal pueda ingresar a los centros de rehabilitación social para la ejecución del operativo piloto".
El costo del censo está estimado entre USD 155.000 y USD 200.000, y se financiará con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se estima que el proceso se complete en enero de 2022, aunque con los recientes diferimientos podría prolongarse.
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