Vecinos de la cárcel de Turi piden traslado de los cabecillas de bandas

En julio de 2011, unos 60 habitantes de Turi se plantaron frente a las retroexcavadoras y a un piquete de 400 policías. Su objetivo era impedir la construcción de la nueva cárcel en esa parroquia, ubicada en el sureste de Cuenca.

La fuerza pública ganó el pulso y entre el apoyo de unos y el rechazo de otros, la madrugada del 18 de noviembre del 2014 llegaron los primeros 679 habitantes de lo que se empezó a llamar CRS-Turi, hoy una prisión de alta peligrosidad.

Los primeros en llegar a esta cárcel -que costó USD 39 millones y tiene una capacidad para albergar a 2.740 presos en un terreno de 13,5 hectáreas- fueron los presos de las antiguas cárceles de varones y mujeres de Cuenca, ubicadas entonces en pleno centro de Cuenca.

El entonces ministro del Interior, José Serrano, lideró el operativo de traslado y ofreció a los familiares de los internos que sus condiciones mejorarían y que tendrían un “verdadero proceso de rehabilitación”.

El nuevo centro fue dividido en pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad. Tenía canchas deportivas, patios, una zona agrícola, espacios para talleres y una comunidad terapéutica, para tratar adicciones. En papeles, todo parecía enfocado a esa rehabilitación.

Pero esa aspiración nunca se logró concretar y la prisión enseguida destacó como conflictiva. Al punto que el 23 de febrero de 2021 fue protagonista en la mayor masacre carcelaria que haya ocurrido en Ecuador.

En Turi fueron violentamente asesinados 34 de los 79 presos que murieron ese día en una serie de motines coordinados en las principales cárceles del país.

A Natividad Lojano no le sorprendieron las sirenas de aquel día. Su casa está en Playas de la Paz, una de las comunidades que rodean el complejo carcelario, y por eso, está acostumbrada a ver a los reclusos caminar por los techos, a sus gritos y a los policías y ambulancias que suelen llegar cuando hay problemas.

Problemas que cada vez son más habituales. El 20 de febrero del 2020, seis presos fueron asesinados a golpes y luego colgados en sus celdas. Ocho días después, en pleno Carnaval, los internos convirtieron una cancha deportiva en una gran piscina.

Los vecinos del CRS Turi se acostumbraron en siete años a que los pabellones creados para dar “máxima seguridad” se convirtieran en una carnicería.

Turi, una de las cárceles más violentas

El Centro de Rehabilitación social de Turi fue presentado a los cuencanos como un centro regional, es decir para los detenidos de Azuay, Cañar y Morona Santiago, recuerda Froilán Salinas, director del Consejo de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuenca.

“Pero en realidad el centro empezó a recibir internos de todo el país y empezamos a tener inconvenientes porque la práctica criminal migró acá; pues la población carcelaria se mueve con su organización y su núcleo de actuación”, explica el funcionario.

Así fue como a Turi llegaron cabecillas de bandas criminales que hoy operan abiertamente en las prisiones ecuatorianas, como Los Choneros, Latin Kings, Los Lagartos o Los Cubanos.

Las investigaciones de Inteligencia Penitenciaria apuntan a que las disputas de poder y venganzas entre estas bandas son el principal detonante de la violencia en las cárceles.

Pero esa no es la única causa que debe ser tomada en cuenta, sostiene Mayra Flores, miembro del Centro Interdisciplinario Kaleidos. Ella coordina una investigación al sistema penitenciario que inició cuando ocurrieron las masacres, parte de este proyecto es un diagnóstico de la cárcel de Turi.

El de Cuenca y el de Latacunga fueron los primeros centros de máxima seguridad que el gobierno de Rafael Correa construyó con el objetivo de implementar un nuevo modelo de rehabilitación social.

“Hay una distancia muy grande entre lo que el sistema de rehabilitación dice que es con lo que el sistema de rehabilitación realmente es”

Mayra Flores, investigadora

Ella se refiere a varios aspectos: la falta de presupuesto, el hacinamiento que parecía resuelto, el aislamiento de los presos, incluso la infraestructura. En su diagnóstico explica que las megacárceles “destruyeron el tejido social” de los internos.

“La evidencia demuestra que crear pabellones de castigo genera más violencia”. También recuerda que entre el 2020 y el 2021 se suspendieron las visitas por 11 meses y la población quedó aislada en sus celdas. Eso también incide en el comportamiento.

Una de las particularidades de Turi son los traslados frecuentes de presos. “Estos también generan episodios de violencia”, indica la investigadora.

Por si fuera poco, en esta cárcel también hay un caso simbólico de vulneración de derechos humanos a los presos. Existe un proceso contra 42 policías acusados de torturar a los internos en el pabellón de máxima seguridad el 31 de mayo del 2016.

La convivencia con la cárcel

La cárcel está paradójicamente ubicada en una de las parroquias que más ha explotado su potencial turístico. Los caminos que llevan del centro parroquial de Turi al centro penitenciario están llenos de casas arrendadas por policías y guías que llegan de otras provincias.

Hay minimercados, barberías y peluquerías, tiendas bien surtidas, incluso una lavandería. “La cárcel ha dinamizado la economía de la parroquia”, explica Paúl Pañi, presidente de la Junta Parroquial.

Por esa razón, aunque hay quienes siempre han estado opuestos a la cárcel allí, hay una postura generalizada: “Que sea un centro regional, como era el proyecto inicial, que trasladen a los presos que no son de la zona y son más peligrosos”, dice Pañi.

La cárcel ha incidido en la percepción de seguridad que tienen los cuencanos, explica el director del Consejo de Seguridad Ciudadana. Aunque los datos de delitos y denuncias no muestren un incremento preocupante.

Igual, las autoridades locales insisten en el traslado de los presos como una medida para garantizar seguridad. En medio de ese pedido, el domingo 19 de septiembre, 34 presos de Imbabura fueron llevados a Turi.

De ellos, 15 ya estuvieron en Cuenca y ahora regresan por disposición de los jueces de Garantías Penitenciarias, explicó el gobernador del Azuay, Matías Abad. “Hay rumores de nombres, de peligrosidad, pero son imprecisiones. La información de eso, por estrategia, es confidencial”, añadió.

El gobernador aseguró que en la cárcel de Turi hay espacio suficiente y las medidas de seguridad necesarias: “Estamos con doble cerco de refuerzo. Está la Policía y, periódicamente, las Fuerzas Armadas, custodiando que no existan incidentes externos”.

Todos los policías designados al control de la cárcel vienen de fuera de Cuenca, informa Freddy Goyes, comandante de Policía del Azuay. Los cambian cada seis meses y mantienen en reserva el número de personal.

A siete meses de la masacre en las cárceles de Ecuador, en los alrededores de la cárcel de Turi, donde viven unas 1.500 familias, se percibe tranquilidad. En el acceso principal hay un contingente de policías que hace guardia las 24 horas y al otro lado, un grupo de agentes que permanecen en el día.

A solo dos kilómetros de ahí, en el centro de Turi, la violencia en la cárcel no es tema de conversación. Hubo el temor entre los comerciantes de que eso ahuyente a los turistas, pero no llegó a ocurrir. Eso sí, desde ese día un sentido de alerta se quedó grabado entre sus vecinos, dice el presidente de la Junta Parroquial, Paúl Pañi.