De Estados Unidos y Perú llegan las armas de las narcobandas

Detrás de los barrotes de la Penitenciaría del Litoral, a los cientos de policías y militares les esperaban dos sorpresas: la virulencia con que los presos los recibieron y la sofisticación de las armas que utilizaban para impedir su ingreso.

Era el 2 de noviembre de 2022, la víspera del Día de los Difuntos.

Desde sitios estratégicos del presidio, los delincuentes abrieron fuego con fusiles de largo alcance, pistolas y revólveres.

En los ataques murieron, dos presos, mientras que nueve policías y tres militares resultaron heridos. Dos de ellos de gravedad.

Al tomar el control de la Penitenciaría, después de varias horas de fuego cruzado, los uniformados se encontraron con una segunda sorpresa.

En los sombríos pabellones 3 y 4 hallaron un poderoso arsenal compuesto por rifles, escopetas, pistolas semiautomáticas, espadas artesanales y miles de municiones de diferente calibre.

Les llamó la atención el hallazgo de dos armas muy sofisticadas: un rifle de largo alcance, de 7.62 mm, marca DB Diamond Back, y un subfusil de la firma Anderson Manufacturing, calibre 5.56 mm, con su respectiva munición.

Ambas armas son producidas en fábricas de Estados Unidos, donde su venta es libre, incluso en grandes cantidades, según pudo corroborar PRIMICIAS. El costo de esos equipos bélicos oscila entre los USD 500 y USD 1.000.

Es parte de un patrón. En los últimos años, Estados Unidos se convirtió en el principal país de origen donde se fabrican las armas que ingresan ilegalmente al Ecuador, por diferentes rutas, especialmente desde la frontera con Perú, según lo confirma el comandante de Policía, Fausto Salinas.

Para establecer cómo opera esta cadena, que empieza en fábricas y almacenes de armas de Estados Unidos, la Policía adelanta una investigación con agencias especializadas de ese país.

Si bien hay un control rígido de los vendedores y compradores estadounidenses, hasta el momento no se conoce cómo las organizaciones criminales desvían las armas al mercado negro, para transportarlas luego hacia México, el cordón centroamericano y trasladarlas a otros países de Latinoamérica.

"La investigación conjunta con Estados Unidos es reservada", reconoce el general Salinas, quien explica que este es un problema que involucra redes mundiales de tráfico de armas industriales, que aprovechan todos los resquicios de la legalidad para sus fines delictivos.

Hasta octubre de 2022, la Policía y las Fuerzas Armadas capturaron 7.711 armas, incluidas 2.936 de fabricación industrial, es decir, provenientes de las plantas de empresas legales, en su mayoría estadounidenses.

Los indicadores siempre van en aumento. En 2021, se incautaron 7.661 armas de todo tipo, entre artesanales, de fuego y fogueo.

Al analizar las capturas por año se confirma la tendencia del origen del armamento.

Miles de armas en Ecuador

Entre 2016 y 2022, la fuerza pública incautó 37.441 armas de fuego ilegales, de ellas 3.509 salieron de fábricas en Estados Unidos.

La mayoría de las armas de fabricación estadounidense incautadas eran fusiles, subametralladoras y pistolas.

Según Hugo Espín, abogado experto en seguridad, la Policía y Fuerzas Armadas capturan hasta el 30% de las armas que ingresan ilícitamente al país. Es decir, que estarían circulando unas 125.000 armas en realidad.

"Eso nos permite entender el poder armado que han cobrado en los últimos años las bandas criminales que actúan como brazos de los carteles del narcotráfico", señala Espín.

A esto hay que agregar decenas de miles de municiones, así como explosivos como dinamita, granadas de mano e incluso minas antipersonales en poder de esas organizaciones.

Compran estos arsenales con los millonarios ingresos ilegales que obtienen de actividades como narcotráfico, microtráfico, extorsión, minería ilegal, sicariato y tráfico de personas.

Solo en las cárceles de Ecuador, las megabandas obtienen ingresos cercanos a los USD 100 millones anuales, según reportes de Inteligencia.

Bandas como Los Lobos, Choneros, Tiguerones y Chone Killers, tienen armas de largo alcance, equiparables a las que usan las fuerzas armadas.

"Por eso sus miles de integrantes no temen enfrentarse a la Policía que, en general, cuenta con armas pequeñas, sin capacidad real de respuesta", explica Espín.

La mayoría de policías de servicio urbano tiene pistolas Glock o cortas de 9 mm. Muchos ni siquiera tienen armas, recalca Espín.

Solo las unidades élite como el GIR, el GOE o el GEMA tienen fusiles de asalto y armas largas.

Tasa de homicidios se triplicó

Con el crecimiento de los arsenales de las bandas también aumentaron las muertes violentas y se triplicó de la tasa de homicidios, en cinco años.

En lo que va de 2022, ya se reportan 21 muertes por cada 100.000 habitantes. En 2017, la tasa bordeaba los 7 puntos.

Este año se han reportado ya 3.747 muertes violentas, 2.003 más que en 2021. El 81% de los asesinatos fue causado por actos criminales.

El 43% de los fallecidos era joven: tenía entre 18 y 30 años. A esto se suman las muertes de policías.

A inicios de noviembre murieron cinco uniformados en la provincia de Guayas, con lo cual suman 63 los policías asesinados por las organizaciones delictivas.

Según investigaciones de la Policía, uno de los grupos criminales que ha ganado más protagonismo son Los Tiguerones, que usan armas de fabricación estadounidense, marca Anderson.

Este caso es materia de una investigación con asistencia internacional, que busca identificar quienes son los operadores de esta red, para lo cual Ecuador ha pedido la colaboración del gobierno de Estados Unidos.

Los Tiguerones operan para el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, que controla las principales rutas de envío de cocaína hacia países europeos desde el puerto de Guayaquil.

Su armamento también llega en partes a bordo de avionetas desde México, que luego retornan cargadas de cocaína.

Una nueva demanda

En este contexto, el gobierno ecuatoriano sigue de cerca la demanda que México presentó recientemente contra once empresas de armas estadounidenses.

La primera querella fue presentada por la administración de Manuel López Obrador el 4 de agosto de 2021, ante un tribunal de Massachusetts y desestimada, pero el Gobierno mexicano ha vuelto a presentar un recurso.

México acusa a las once armerías de prácticas "negligentes" que facilitan el contrabando de armas hacia ese país, sumido desde hace 15 años en una ola de violencia desatada por el narcotráfico.

El costo de combatir la violencia en México ascendería a más del 1,5% de su PIB anual, según estimaciones oficiales, por lo que el Gobierno mexicano busca una compensación.

Cada año entran ilegalmente desde Estados Unidos más de medio millón de armas a México, un país que ha tenido 340.000 muertes violentas en las últimas dos décadas.

La ruta de Perú

La mayoría de armas, municiones y explosivos entra a Ecuador desde Perú, por la Panamericana y por 30 pasos clandestinos en las provincias de El Oro, Loja y Morona Santiago.

También ingresan por ese país precursores químicos para el procesamiento de cocaína, en Colombia.

El Ejército ecuatoriano realiza incautaciones en la frontera y reporta los hallazgos y los datos sobre las organizaciones involucradas a autoridades militares de Perú, buscando reforzar la interdicción en la frontera, pero la cooperación es escasa.

Antes de 2016, las armas y municiones iban hacia Colombia, para los grupos armados, disidentes de las FARC y carteles locales.

Pero con el aumento acelerado de la criminalidad en Ecuador, esa tendencia se revirtió. Hoy más del 90% del arsenal se queda en Ecuador y termina en manos de las organizaciones delictivas.

Aunque este fenómeno es recurrente, los organismos ecuatorianos de inteligencia no han elaborado una trazabilidad para identificar con exactitud la operación de las redes, dentro y fuera del país.

No hay un informe sistematizado ni apreciaciones que permitan conocer cómo se trafican armas y explosivos desde los países de origen, para así cortar las líneas de abastecimiento, subraya Espín.

¿De dónde salen?

Informes de Inteligencia militar a los que accedió PRIMICIAS también revelan que un porcentaje importante de las armas y el material explosivo usado en la minería ilegal son de fabricación peruana, en concreto de las Fuerzas Armadas de ese país.

Esto ha sido señalado por Inteligencia ecuatoriana del Comando Conjunto a sus pares de Perú, en reportes que se envían mensualmente, como parte de convenios de seguridad binacional.

Así, por ejemplo, se ha podido establecer que tres bandas controlan el tráfico de armas, balas y explosivos en la frontera sur:

• Los Lobos
• Los Choneros
• El Tropezón

Las tres cuentan con fusiles, sub ametralladoras y pistolas, así como vehículos para operaciones logísticas.

"Obtienen este tipo de material en Perú, pues en ese país existe la libre importación de armas, municiones y explosivos, que son adquiridos a un bajo costo en el mercado negro, para posteriormente trasladarlos por los pasos clandestinos de frontera hasta el cantón de Huaquillas".

En Huaquillas se almacenan y "posteriormente se comercializan a bandas delincuenciales en Ecuador y Armados en Colombia", según un informe de febrero último.

En la frontera operan bandas transanacionales integradas por colombianos, ecuatorianos, peruanos y venezolanos.

Utilizan vías de tercer orden que unen las poblaciones de Tumbes (Perú) y Huaquillas (Ecuador), y van a lo largo del Canal Internacional Zarumilla.

Allí contactan a los propietarios de fincas, con quienes tienen acuerdos económicos o bajo coerción, para conseguir apoyo en sus acciones criminales.

Las municiones y armas son trasladadas desde Tumbes hasta Zarumilla y Aguas Verdes, encaletadas en taxi-rutas y mototaxis, que ingresan a fincas fronterizas y luego se trasladan a varias ciudades de Ecuador, especialmente de la Costa.

También ingresan por la frontera, camufladas entre frutas, hortalizas y legumbres.

¿Cómo llegan a las cárceles?

Después, otras redes entran en escena. Trasladan los cargamentos de armas y municiones a las prisiones, especialmente de Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y Cotopaxi.

Los artefactos entran a las prisiones con la complicidad de militares, policías, guías y autoridades penitenciarias.

Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI), recalca que si no se rompen las redes de abastecimiento de armas a las bandas en las cárceles, hay un riesgo inminente de que existan nuevas masacres.

Para tratar de cortar ese suministro, ya está operando la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, que será parte de los subsistemas de Inteligencia que reportan al CIES.

"Hay que ir a las causas, cerrar todos los orificios que existen para el tráfico de armas, impedir que pasen la frontera, que lleguen a las ciudades y a las prisiones", dice Rodríguez.

El Estado también concretó la compra de escáneres, cámaras fijas de vigilancia y detectores de metales, que llegarán el 21 de diciembre.

Para identificar a los funcionarios que cooperan con las bandas habrá pruebas de confianza obligatoria, tanto para los guías como para los policías y militares que están en los filtros externos de las cárceles, anunció Rodríguez.