Asambleísta Vanegas salpicado en la investigación del juicio político contra Celi

La investigación que la Comisión de Fiscalización llevó adelante en el proceso de juicio político contra el excontralor Pablo Celi es tan amplia que ahora topa a uno de los asambleístas. Las indagaciones alrededor de la corrupción en Contraloría y Petroecuador involucran el nombre del legislador Ricardo Vanegas, de Pachakutik.

La vinculación de Vanegas con esta supuesta red no es directa. El legislador es accionista de la empresa Seguridad Física y Empresarial Sefiem S.A. desde su creación, en 2002. Esta firma, a su vez, es parte del consorcio Oro Negro, que obtuvo en 2016 un contrato con Petroecuador por USD 38 millones.

El problema es que el contrato con Oro Negro ha sido señalado por sus irregularidades. La principal: terminó costando USD 72 millones gracias a tres contratos complementarios que Petroecuador tuvo que suscribir.

Este contrato es parte del caso Las Torres, que la Fiscalía sigue contra Celi y otros exfuncionarios. Y por ello, llegó también a la Comisión de Fiscalización.

Las alertas contra Vanegas

La voz de alarma sobre la participación del asambleísta Ricardo Vanegas en el Oro Negro la dio el legislador socialcristiano Luis Almeida. En una sesión del Pleno el pasado 22 de julio, llamó a Vanegas "oligarca dentro de Pachakutik" y dijo que no debió haber llegado a ser asambleísta.

En diálogo con PRIMICIAS, Almeida aseguró que la Justicia deberá mover la investigación del contrato. "La Fiscalía tiene todo; no sé por qué eso ha estado archivado todo este tiempo", aseguró.

De hecho, la misma fiscal general, Diana Salazar, confirmó que hay una investigación previa por el contrato de seguridad del Petroecuador. El proceso tiene ya 55 cuerpos.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, aseguró que el informe del juicio político (que se presentará la próxima semana) incluirá una recomendación a la Fiscalía para que haga una investigación sobre los contratos que usaron el mismo mecanismo que aquellos en donde se identificaron sobornos. Entre estos está el adjudicado a Oro Negro.

"Los sobornos no están solo para desvanecer glosas. Los sobornos están desde el proceso precontractual, contractual, pago de facturas..."

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización

Villavicencio señala que el informe del caso Celi no podrá hacer señalamientos específicos por fuera de ese tema. La Comisión sí prevé trabajar más a profundidad sobre el contrato de Oro Negro más adelante.

PRIMICIAS buscó la versión de Vanegas, pero su celular está apagado. Su asesora informó que está trabajando "en territorio" y no tiene señal.

Oro Negro y el caso Las Torres

Uno de los esquemas de sobornos que investiga la Fiscalía en el caso Las Torres está vinculado a los contratos de Petroecuador con la empresa NoLimit. Esta empresa es de José Luis de la Paz, sentenciado por lavado de activos en Estados Unidos y quien confesó haber pagado USD 8,25 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos para obtener y mantener contratos.

De la Paz hizo varias grabaciones de reuniones con Roberto Barrera y Raúl de la Torres, también procesados en Estados Unidos por lavado de activos. En una de esas conversaciones, De la Torre mencionó el contrato de Oro Negro y señaló que una exfuncionaria de Petroecuador "hace los cobros" a esta empresa.

En la grabación, De la Torre narra a De la Paz una conversación que habría mantenido con esta funcionaria, en la que ella supuestamente accedió a ayudar con unos pagos a NoLimit después de que él le hablara de Oro Negro.

Esta funcionaria es Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores. Ambos también están vinculados en el caso Las Torres.

Ante la Comisión de Fiscalización, Cárdenas negó que haya recibido ningún tipo de soborno y acusó a De la Torre de tomarse su nombre para exigir pagos a proveedores. De la Torre también trabajaba como asesor de Flores, según Cárdenas, por presiones desde la Presidencia.

El millonario contrato de Oro Negro

En marzo de 2016, el entonces gerente general de Petroecuador, Álex Bravo, adjudicó un contrato para la seguridad física de las instalaciones de Petroecuador en todo el país. El monto del contrato fue de USD 38,9 millones, por dos años, y fue entregado al consorcio Oro Negro.

Este consorcio está integrado por dos empresas: Sefiem S.A., de Vanegas, y A.E.S.M. Asesores Especialistas en Seguridad y Monitoreo Cía. Ltda.

El contrato se adjudicó a pesar de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) detectó varias falencias. Entre ellas, están la falta de publicación de estudios definitivos y actualizados que fundamenten el incremento de presupuesto referencial entre ese proceso de contratación y uno anterior, fallido.

Pero el principal problema del contrato es que Petroecuador terminó pagando a Oro Negro más de USD 72 millones. La razón es que el contrato original finalizó en marzo de 2018, pero el servicio se extendió hasta noviembre de 2019 a través de tres contratos complementarios:

• Primer contrato, de fecha 20 de febrero de 2018, por USD 5,07 millones.
• Segundo contrato, firmado el 21 de mayo de 2018, por USD 5,61 millones.
• Tercer contrato, firmado el 31 de agosto del 2018, por USD 2,52 millones. Este se firmó ya durante la administración de Pablo Flores como gerente.

A esto se le suman millonarios convenios de pago, que siguieron inflando el monto del contrato hasta los USD 72 millones, según Fiscalización.

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