La Roca será el destino de quienes inicien motines, dice Carrillo
El gobierno opta por una política de cero tolerancia frente a los violentos desmanes en las cárceles del país y amenaza a los cabecillas con mandarlos a La Roca.
Cinco cabecillas de bandas delincuenciales fueron trasladados de Turi a La Roca. Guayaquil, 4 de abril de 2022.
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La prisión de máxima seguridad conocida como La Roca ha vuelto a funcionar. La noche del 4 de abril de 2022, cinco detenidos de alta peligrosidad fueron trasladados allá desde la cárcel de Turi (en Cuenca), tras un sangriento motín.
El nuevo ministro del Interior, Patricio Carrillo, advirtió a los internos del país que "el mensaje es claro, si vuelven a realizar amotinamientos que deriven en masacres como las que hemos vivido, serán trasladados a La Roca".
La Roca estaba prácticamente abandonada. A mediados de febrero, los miembros de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, ingresaron a esta cárcel en Guayaquil y observaron que no tenía condiciones para albergar detenidos.
En la mitad del patio interno había mallas de un muro de seguridad esparcidas y cemento picado, mientras que las celdas electrónicas no habían sido instaladas.
En resumen, la comisión encontró una cárcel abandonada, aunque desde 2020, las autoridades ya hablaban de la existencia de un proyecto para reabrirla, que no se concretó.
Los nuevos habitantes de La Roca son cuatro miembros del grupo criminal Los Lobos, Marvin Cortez, Alexander Quezada, Juan Mejía y Eduardo Moreira.
Y de Marcelo Anchundia, uno de los cabecillas de la banda R7, que, según las autoridades, iniciaron el último motín en la cárcel de Turi, la madrugada del 3 de abril, que dejó 20 personas muertas y por lo menos 10 heridos.
Los cinco cabecillas trasladados a La Roca cumplen condenas por asesinato o por narcotráfico. La cárcel tiene capacidad para albergar a 180 privados de la libertad.
Una prisión dura
Según fuentes oficiales, se realizaron remodelaciones en La Roca y costaron USD 1 millón, pero no detallaron qué tipo de adecuaciones son.
Este centro penitenciario, considerado de máxima seguridad, funciona con exclusas electrónicas, por lo que requiere de tecnología de punta.
Dentro de La Roca cada interno debe permanecer 23 horas dentro de su celda y solo puede pasar una hora al día en un pequeño patio.
"Es un sistema inhumano”, dice Alfredo Narváez, de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación.
"Una prisión así puede desequilibrar a una persona, psicológica y espiritualmente", opina Narváez, aunque coincide con las autoridades en que la situación carcelaria de Ecuador requiere de la aplicación de "mano dura".
"No cabe un pacto. No se puede pactar con la ilegalidad, no se puede pactar con la violencia".
Alfredo Narváez, miembro Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación.
La Roca y el hermetismo alrededor de esta cárcel tienen leyenda. Por algo la conocen como el 'cementerio de hombres vivos', pues durante sus tres años de funcionamiento, entre 2008 y 2013, fueron denunciados torturas y asesinatos como el del narcotraficante Óscar Caranqui.
"El Estado ya no quiere estar sometido"
"No puede ser que nosotros estemos sometidos a ellos, en vez de que el Estado los someta", dijo Patricio Carrillo, ministro del Interior, cuando anunció el traslado de los cinco presos desde Turi.
La decisión supone una acción contundente contra las bandas, pero Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar, no cree que sea acertada.
"Los líderes de las bandas odian que los lleven a La Roca. Esto puede causar nuevos amotinamientos", opina Pazmiño.
Pasado el mediodía del 5 de abril, los privados de libertad de la cárcel de Machala intentaron hacer un motín, tras colocar cilindros de gas en la puerta de ingreso a la prisión.
También hubo otros intentos de revuelta en las cárceles de Cotopaxi, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
"Recomendamos que (el traslado) se haga con prudencia, porque si el mensaje se envía mal o no se toman las medidas para que no se activen otros hechos de violencia, el resultado puede ser catastrófico", sostiene Narváez, que mantiene diálogos permanentes con los internos.
USD 1.200 millones más para seguridad
El reinaugurado Ministerio del Interior tendrá USD 1.200 millones por los próximos tres años, ofrecidos por el Presidente de la República, para la política de seguridad ciudadana y carcelaria, asegura el flamante ministro Patricio Carrillo.
"El talento humano existe, la capacidad, la voluntad, inclusive la cooperación internacional. Lo que no ha existido es inversión", dice el ministro. Pero tampoco hay un plan sobre política pública en seguridad.
"Hay uno que ya estaba elaborándose y consensuándose con el resto de actores que tienen que ver con la seguridad", explica Carrillo, cuya prioridad es consolidar el Ministerio del Interior.
Según Carrillo, la nueva política ya no deberá manejarse solo bajo el concepto triangular: defensa, seguridad interna y gestión de riesgos.
Hay que "incorporar a la administración de justicia, al sistema de rehabilitación y deben participar los municipios y los consejos provinciales, el sistema educativo, el financiero, las cámaras de la producción, los medios de comunicación y la sociedad", concluye Carrillo.
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