Alerta de atentado contra el radar de Montecristi fue ignorada

Se trata de la crónica de un ataque anunciado. El atentado contra el radar de Montecristi del 7 de noviembre de 2021 fue avisado y pudo prevenirse.

Diez días antes de la explosión que destruyó el recién instalado radar, el 28 de octubre de 2021, la Policía Judicial de Montecristi envió un informe a la Fuerza Aérea, entonces comandada por el brigadier Geovanny Espinel, alertando sobre indicios de que se estaba preparando un atentado.

Ese informe llegó a manos de la Comisión Especial que el Ministerio de Defensa integró para investigar la explosión que destruyó el radar, que había sido instalado para detectar avionetas que operan para el narcotráfico.

La Comisión Especial estableció que hubo una serie de irregularidades, de violaciones legales y de negligencias que implicaban presuntas faltas graves en el proceso de desplazamiento y montaje del radar, ordenados en primera instancia por el mismo Espinel.

Espinel fue relevado del mando, el jueves 5 de mayo, por el presidente Guillermo Lasso, quien cambió la cúpula de Fuerzas Armadas, a excepción del comandante de la Marina, Brumél Vázquez.

Fuentes de Presidencia dijeron a PRIMICIAS que una de las principales causas de la remoción del mando militar fue el mal manejo de estas operaciones, que causaron un grave daño al sistema de defensa aéreo del país.

Durante el proceso disciplinario que abrió la FAE, gracias a presiones y pedidos constantes de la Comisión Especial del Ministerio de Defensa, fueron establecidas sanciones para 25 oficiales y aerotécnicos de la FAE, por errores de seguridad para proteger el radar.

Los 25 uniformados sancionados impugnaron las penas, asegurando que seguían órdenes de dos altos oficiales, delegados por Espinel, para el operativo de traslado, instalación y puesta en marcha del radar.

Pese a lo anterior, estos dos oficiales no fueron incluidos en las acciones disciplinarias, según fuentes del Ministerio de Defensa.

Una de las principales razones de la remoción del mando militar fue el mal manejo de la instalación y protección del radar de Montecristi.

Entre las negligencias que salieron a la luz destaca el papel que jugó el entonces jefe del Comando Conjunto (Comaco), general Fabián Fuel, quien en lugar de abrir una investigación independiente del mando de la FAE, delegó esa responsabilidad a los comandantes del Ejército y de la Marina.

Con base en su informe, que no identificó ninguna falta, Fuel informó al entonces ministro de Defensa, Luis Hernández, que todo lo actuado por Espinel y sus subalternos estaba bien.

Antes de que se concretara la salida de Fuel, PRIMICIAS intentó contactarlo para conocer su versión de los hechos, pero el Comaco respondió que cualquier información al respecto debía solicitarse al Ministerio de Defensa.

PRIMICIAS intentó además recoger la versión de Espinel, que tampoco se pronunció sobre el asunto.

Oídos sordos en la FAE

La Comisión de Defensa, integrada por once oficiales, técnicos y abogados, estableció que la FAE no hizo análisis de riesgo alguno para desplegar un dispositivo eficiente de seguridad, pese a que existió una alerta de la Policía.

La FAE tampoco desplegó en Montecristi un número suficiente de uniformados para impedir un ataque contra el radar.

Hubo improvisación y ausencia de medidas elementales de seguridad física, como la colocación de barreras, de concertinas o de cámaras de videovigilancia.

Ni siquiera había una bitácora para registrar las novedades en el perímetro del cerro de Montecristi, donde el radar había sido instalado.

La guardia del radar se mantuvo con ocho infantes aéreos, divididos en dos grupos de cuatro, personal insuficiente frente a los riesgos de ataque contra el radar antinarcos.

El peligro se evidenció semanas antes, cuando grupos de personas realizaron protestas en las zonas aledañas. Estas protestas pusieron al descubierto dónde iba a ser instalado el estratégico radar.

La Comisión Especial observó que, ante estas manifestaciones, el alto mando de la FAE debió replantear su estrategia para postergar el emplazamiento e instalar el radar en otro sitio, menos obvio.

Las medidas de seguridad y el reforzamiento de personal y de armamento recién se concretaron después del atentado.

Asesor denunció atentado

Otro hecho que se ha mantenido en reserva y fue conocido y observado por la Comisión Especial del Ministerio de Defensa es la denuncia que puso ante la Fiscalía de Montecristi, el mismo día del atentado, ocurrido el 7 de noviembre, el asesor jurídico de la Base de Manta.

Lo hizo por disposición del comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa (COAD).

En la denuncia narra que "sujetos no identificados han procedido a detonar cargas explosivas en la infraestructura e instalaciones del radar militar instalado en dicha zona, y tenía el objetivo de detectar aeronaves ilícitas en la región Costa".

Además, señala que la explosión fue producto de un sabotaje terrorista con grandes afectaciones a la instalación.

Inicialmente, el mando y el entonces ministro de Defensa coincidieron con esa tesis, pero en los días posteriores sugirieron que pudo tratarse de un daño interno del propio sistema.

Esta última hipótesis fue descartada por un informe pormenorizado de la empresa fabricante del radar, la española Indra.

Indra entregó el informe el 16 de febrero, sus técnicos concluyen que era imposible que el estallido se hubiera debido a las fallas en el equipo.

¿Por qué la renuencia a reconocer que fue un atentado? La causa, según fuentes cercanas a la investigación, sería la cobertura del seguro del radar que está a cargo de la empresa Interoceánica.

Si se confirma que el radar fue averiado por un atentado, la aseguradora solo cubriría USD 5 millones y no USD 11 millones, que es el costo estimado del equipo. Pero esto se definiría una vez que la Fiscalía establezca las causas de la explosión del aparato.

Tras el atentado, la FAE integró una Junta de Accidentes que no analizó las fallas en los procedimientos, sino que solo tenía el objetivo de hacer recomendaciones para corregir los errores detectados.

La Comisión del Ministerio, presidida por contralmirante César Pérez, emitió su informe el 9 de diciembre de 2021, que Hernández envió, luego, al comandante de la FAE. La respuesta al informe llegó desde el comando de la FAE el 13 de enero de 2022, en dos páginas.

En lugar de concentrarse en responder las observaciones y los hallazgos, Espinel se limitó a cuestionar el informe, sin establecer ningún responsable.

Espinel también señaló que la Junta de Accidentes, presidida por el brigadier Mauricio Salazar, investigaba lo ocurrido desde el 9 de noviembre de 2021 y que se había integrado un equipo investigador, el 2 de noviembre.

Entonces, desde el Ministerio de Defensa fueron enviados varios pedidos escritos y verbales solicitando al comandante de la FAE que determinara el número y el estado de cada procedimiento administrativo y disciplinario de los responsables, pues no había evidencia de ninguna acción concreta.

El último oficio de reclamo fue enviado por Hernández el 21 de febrero de 2022, exigiendo que le remitieran el listado de uniformados sancionados por todas las fallas.

Sanciones sin razón clara

Espinel envió el listado de los 25 oficiales y aerotécnicos sancionados por faltas graves, no atentatorias.

El oficial más antiguo entre los señalados es el coronel Santiago Galarza Villegas, a quien le endilgan la responsabilidad de supervisar el desmontaje del radar en Lumbaqui, así como el traslado, instalación y puesta en funcionamiento del mismo en el cerro de Montecristi, sin especificar cuál fue su falta.

Con estos mismos señalamientos, generales y ambiguos, fueron sancionados:

• Un teniente coronel.
• Un teniente.
• Un capitán.
• Dos tenientes aerotécnicos.
• Dos subtenientes.
• Dos sargentos.
• Un cabo.

Todos bajo las mismas causales: desmontaje, traslado, instalación y funcionamiento del radar. Sin más detalles.

A un teniente coronel se lo sancionó por no hacer el acta de entrega-recepción del radar, mientras que otro oficial del mismo grado y un teniente aerotécnico fueron sancionados por ser los responsables de la seguridad física de las instalaciones.

Las faltas disciplinarias se emitieron el 25 de febrero por el brigadier Antonio Puga, comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa (COAD).

Hasta el cierre de este reportaje, el proceso se hallaba en manos del jefe del COAD, brigadier Wilfrido Moya y debía ser remitido al Jefe del Comando Conjunto, general Nelson Proaño, porque el excomandante de la FAE, Geovanny Espinel, sería uno de los responsables, según fuentes castrenses.

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