Yasunidos tuvo que esperar 10 años para celebrar su consulta popular

Tuvieron que pasar exactamente 10 años para que el objetivo que dio origen al grupo ambientalista Yasunidos se cumpla.

En 2013, el expresidente de la República, Rafael Correa, anunció su intención de explotar el bloque petrolero Yasuní ITT, (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) ante la urgencia económica que tenía el país y la falta de respaldo internacional a su iniciativa de mantener el crudo bajo tierra.

Esa fue la razón para que ese año un grupo de jóvenes ambientalistas se organice y funde el colectivo Yasunidos, con el fin de frenar las intenciones del expresidente.

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Yasunidos insistía en que la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní debía decidirse en una consulta popular en la que la ciudadanía elija si el crudo se mantenía bajo tierra o si el Estado debía aprovechar esos recursos.

Pero plantear la consulta fue casi imposible. En 2014 el Consejo Nacional Electoral (CNE), que era dominado por el correísmo, anuló más de 400.000 firmas, de las 750.000 que había presentado el colectivo, para convocar a una consulta popular.

Cinco años después ocurrió una historia similar, cuando el pleno el CNE negó nuevamente el pedido de consulta popular.

La razón, esa vez, fue que la consulta fue propuesta por Julio César Trujillo, quien actuaba como representante del colectivo, pero él falleció.

Finalmente, y tras 10 años de intentos, el 9 de mayo de 2023 la Corte Constitucional aprobó la consulta impulsada por Yasunidos con cinco votos a favor, tres en contra y una abstención.

En su dictamen, el máximo organismo de interpretación constitucional reprochó “el conjunto de acciones estatales que en su momento obstaculizaron el pleno ejercicio de los derechos de participación”.

Alejandra Santillán, vocera de Yasunidos, dijo que la victoria en la consulta popular es uno de los últimos pasos en una lucha que mantuvo el colectivo en las cortes y con los gobiernos de turno.

Lo que se viene en el Yasuní

El Sí en la consulta popular significa que toda actividad petrolera en el bloque ITT debe parar. Yasunidos y otros colectivos ambientalistas adelantan que se mantendrá vigilantes de que el Estado cumpla con la decisión de la ciudadanía.

Esperanza Martinez, representante de Acción Ecológica, adelantó que varias organizaciones sociales trabajan en la creación de una red de monitoreo para evitar que la salida de las petroleras provoque daños ambientales.

Además, dijo que el Estado debe crear una política de protección para el Yasuní y para las comunidades que lo habitan.

Tras conocer los resultados, el ministro de Energía, Fernando Santos, aseguró que el Gobierno acatará la decisión de la ciudadanía, aunque mostró su preocupación pues sostiene que es un grave golpe a la economía.

El funcionario calculó que diseñar el plan de retiro le tomará al Gobierno unos tres meses.

Con relación a los recursos que el Estado dejará de recibir, Santos recordó que e ITT le deja al país USD 1.200 millones anuales. Lo que está por verse, entonces, es la forma en la que los próximos gobiernos cubrirán ese faltante.